"De a poco, instalamos el tema de la protesta social como un derecho humano fundamental", explica el abogado.
"Asumimos ser los defensores de lo que nosotros definimos como luchadores sociales: A todos quienes legítimamente desean ejercer el derecho a disentir, a través de la protesta social". Esta es la filosofía detrás de la ONG Defensoría Popular, según uno de sus rostros más emblemáticos, el abogado egresado de la Arcis Rodrigo Román (40 años).
Se trata ni más ni menos que de la agrupación que se ha centrado en la representación de okupas -como los imputados del caso Bombas-, Andha Chile y varios de los llamados encapuchados.
La creó un grupo de abogados ligados a la defensa de los derechos humanos -el mismo Román procuró causas de abogados como Hugo Gutiérrez, Fabiola Letelier y Julia Urquieta- a partir de la revolución pringüina.
Hoy, con las revueltas educacionales iniciadas en mayo, suman "100 juicios, casi 40 recursos de protección tramitándose a propósito de sanciones y expulsiones de colegios y algunas causas en la justicia militar por violencia innecesaria".
Y quieren crecer geográficamente: En la VIII Región ya apareció una defensoría local y está por instalarse otra en Antofagasta.
"A estas alturas, como alguien nos calificó, somos el Codepu 2.0", dice con claro orgullo: "De a poco, instalamos el tema de la protesta social como un derecho humano fundamental. De hecho, ya el Ministerio Público no pasa a la gente a control de detención por desorden público... Protestar no es un delito (...) y así lo han entendido los tribunales y todas las instituciones".
"Con la criminalización de la protesta, el Gobierno equivoca su camino"
-¿Usted representa a encapuchados?
-Representamos actualmente a algunas personas privadas de libertad imputadas por maltrato de obra a Carabineros y, por la tenencia de bombas molotov, por ley de control de armas. Ambos delitos tienen idéntica pena: 3 años y 1 día a 10 años. Cualquier persona, común y silvestre, imputada por un delito con esa pena no cumple prisión preventiva, sobre todo si tiene irreprochable conducta anterior. Pero como hay una presión política y mediática importante, quedan presos. Eso se sale del marco legal.
-Pero a estas personas se las sindica como encapuchados...
-Sí, pero eso es pura pirotecnia: Estar encapuchados no es delito hoy en Chile. Podrán imputarle que aquella conducta es ilícita, cuando se la tipifique. Mientras tanto no lo es, por más que quieran satanizarla.
-Y cuando sea delito, ¿va a representar a un encapuchado?
-Eventualmente sí, si somos requeridos... A priori, creo que una persona en esas circunstancias es sujeto de nuestra atención.
-¿Es legítimo protestar usando la violencia, con daños a la propiedad pública y privada, enfrascándose en batallas campales con carabineros?
-Es legítimo protestar. Ahora, si durante la protesta se desarrollan conductas constitutivas de delito lo deben determinar los tribunales. Pero ese no es un tema que a priori deban determinar desde el poder político o los medios de comunicación: Sería prejuzgar.
A mí no me corresponde calificar ese tema. Por mi especialidad, lo que me corresponde es ver si respecto a una persona determinada hay alguna imputación determinada. Mi tarea es velar que si se va a determinar una responsabilidad penal se haga con estricto apego a la ley.
En todo caso, Román no cree que el establecimiento de nuevos delitos resuelva el problema de fondo: "La gente que reclama de Arica a Magallanes lo hace porque siente la indignación de vivir en un sistema basado en la injusticia. Con la criminalización de la protesta, el Gobierno equivoca su camino".
-¿Siente diferencias en los criterios de los jueces?
-En las cortes hay un alma más punitiva que en los juzgados de garantía. Probablemente un resabio del viejo derecho procesal penal. La reforma aún no llega a los tribunales superiores, sobre todo en materia de privación de libertad de las personas a quienes la ley presume inocentes. No puede ser que las cortes revoquen en forma permanente todo lo que resuelven los tribunales de garantía.
Gestionan financiamiento europeo
¿Y cómo se financian?, preguntamos. Román afirma que los mismos abogados lo hacen "tramitando divorcios o demandas de alimentos" que se suman a aportes esporádicos de algunos representados. Ahora se preparan a gestionar fondos extranjeros y, para ello, preparan la postulación a fondos de la Comunidad Europea: "En marzo de 2012 deberíamos tener algún tipo de financiamiento que nos permita dedicarnos exclusivamente a esto".
Fue expulsado de la Jota hace 20 años y hoy se apronta a legalizar un nuevo partido
Desde hace 20 años que Rodrigo Román no se corta la barba que lo caracteriza junto a su larga cabellera que amarra en una cola.
Militó en el PC hasta 1992, año en que tras un proceso "nada democrático", según recuerda, lo expulsaron de la Jota: "No tengo un pelo de anticomunista, pero tengo diferencias abismantes con ellos" dice, pues nunca aceptó los pactos electorales del PC con la Concertación.
Ahora acaba de adscribirse a Igualdad, "un partido emergente, de distintos activistas sociales, que preside Lautaro Guanca, concejal de Peñalolén, que recién se está legalizando".
Nacido y criado en Renca, una de sus mayores batallas personales la tiene con Camilo, su hijo mayor de 18 años, que tras terminar la Enseñanza Media, no quiso seguir estudiando: "El último trabajo que hizo fue como obrero de la construcción. Pensé que se moría, pero no se murió y estuvo dos semanas. Creo que está en un proceso y pronto va a despertar y estudiar. Yo lo molesto todo el día, pero lo respeto e imagino que no será tan hue... y llegar a los 50 años así, teniendo la posibilidad de estudiar".
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/10/691062/defensoria-popular-la-ong-que-representa-a-los-encapuchados-protestar-no-es-un-delito
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