Carabineros declinó revelar quién fue la autoridad que dio la orden de reprimir, tanto las marchas estudiantiles como durante la noche, el pasado 4 de agosto. Sólo el jefe de Fuerzas Especiales, coronel Jorge Fernández, indicó que el encargado de emitir las “instrucciones” fue el jefe de la Zona Metropolitana, general José Ortega Hernández. “Y nunca he recibido instrucciones de esa naturaleza desde el Ministerio del Interior ni de la Intendencia ni de ninguna otra autoridad política”, salvando de esta manera a Rodrigo Hinzpeter y Cecilia Pérez.
Así consta en la carpeta de investigación de 167 páginas a la que tuvo acceso The Clinic Online. En el documento, la institución policial remitió al organismo perseguidor la nómina de todos los efectivos que participaron aquel día y que suman 554, entre oficiales y suboficiales que actuaron como fuerzas a pie, conductores y “filmadores”.
Es a raíz de la declaración de Fernández que hace unos días el fiscal Ernesto Vásquez declinó enjuiciar a Hinzpeter y aplicó la figura legal del “no perseverar”. Esta implica que el Ministerio Público no descartó la existencia de un delito, sino que no encontró antecedentes para acreditarlo, tal como informó este medio. Junto a lo anterior, Vásquez también se declaró incompetente y envió los antecedentes a la Justicia Militar.
La investigación es el resultado de una querella interpuesta por el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, en contra de Hinzpeter y Pérez y todos aquellos que resultaran responsables de la represión del día señalado.
La acción legal obligó a  la secretaría general de Carabineros envió una respuesta oficial. En el punto 3 del documento, requeridos por el fiscal para saber quién dio la orden, los pacos respondieron de manera general.
“En relación a este punto se puede precisar que cada uno de los procedimientos policiales adoptados por el personal de Carabineros, obedeció única y exclusivamente a la constatación por parte de éstos de la comisión flagrante de determinados ilícitos que afectaban el orden público establecido y que por imperativo legal estaban obligados a adoptar, sin que se requirieran instrucciones específicas sobre el particular”.
Toy que te creo
En la carpeta, Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden del fiscal, pidió interrogar a tres carabineros, pero sólo le enviaron dos, el teniente Héctor Bastías y el sargento primero Pedro Henríquez Huenul.
Bastías aseguró que estuvo trabajando aquel día desde las 06.00 hasta las 02.00 del día siguiente, además liberó de cualquier responsabilidad a sus subordinados en agresiones.
“A su pregunta, debo indicar que el personal que estuvo a mi cargo, nunca agredió a las personas que se manifestaban, sólo se intentó disuadir los desórdenes a fin de restablecer el orden público”, declaró el oficial.
En tanto, Henríquez hizo lo propio: “A su pregunta, debo indicar que el personal que estuvo a mi cargo, nunca agredió a las personas que se manifestaban, solamente se detuvo a las personas que efectuaban desórdenes públicos y cometían delitos flagrantes”.
Insólitamente, la 29º Comisaría de Fuerzas Especiales dio respuesta a los requerimientos hechos por la PDI de interrogar a otros cuatro efectivos, según da cuenta la orden de investigar de los detectives.
En ella, la conclusión de los ratis, es que no pudieron comprobar que Hinzpeter o la intendenta Cecilia Pérez hubieran participado en el delito que les imputó el abogado Román y el diputado DC Gabriel Silber, en sendas querellas.