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viernes, 23 de marzo de 2012

Ministro Beyer: “Nos gustaría que Eugenio Díaz renunciara”


EDUCACIÓN INTERVIENE EN CRISIS DE LA CNA PROVOCADA POR CONTRATO ENTRE CONSEJERO Y U. DEL MAR:






En 2011 Eugenio Díaz, consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), firmó un contrato de asesoría con la U del Mar para que esta pudiera acreditarse ante la misma CNA. Cobraba $60 millones por el trabajo. CIPER denunció el hecho en enero y actualmente es investigado por Contraloría y por la Fiscalía. Hoy a la salida de una reunión con la CNA el ministro de Educación intervino por primera vez en un tema que afecta la credibilidad de un organismo clave en la educación superior. Afirmó que Díaz no debe estar en la CNA y que las universidades que lo eligieron deberían defenestrarlo.
“La opinión oficial del ministerio es que nos gustaría que Eugenio Díaz renunciara a la CNA”. Así de claro fue el ministro de Educación Harald Beyer hoy viernes a la salida del encuentro que sostuvo con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
El ministro respondió así a las consultas de CIPER sobre el contrato que Eugenio Díaz firmó (a través de una empresa de su propiedad) con la Universidad del Mar para acreditarla. CIPER dio a conocer esta denuncia en dos reportajes publicados en enero pasado (“Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha” Parte I y Parte II) que en esencia mostraban que Díaz, siendo presidente de la CNA, participó en la acreditación de la Universidad del Mar y, semanas después, firmó un contrato con esa institución en el que ofrecía sus servicios para lograr que esa universidad volviera a acreditarse.
Según el contrato, si esa meta se conseguía Díaz recibiría $ 60 millones. Una particularidad del acuerdo -que ha escandalizado a muchas fuentes consultadas por CIPER- es la existencia de una bonificación por cada año de acreditación que Díaz lograra conseguir. Si la Universidad del Mar resultaba acreditada por dos años, él recibiría $15 millones extra; si lograba tres años, le pagarían $25 millones; si lograba cuatro años, $45 millones. El documento especifica que el pago solo se efectuará “luego de que la resolución que concede la acreditación institucional a la universidad haya quedado firme o ejecutoriada, sin que pueda ser alterada”. (Ver contrato).
Actualmente el documento es analizado por la Contraloría en una investigación que busca determinar si se está en presencia de una compra y venta de acreditaciones. Ciper confirmó que a comienzos de marzo la Contraloría puso en conocimiento de la Fiscalía Oriente los antecedentes conocidos, de lo que se deduce que habría encontrado situaciones que pueden ser constitutivas de delito. El ministro Beyer afirmó que su cartera se sumó a la investigación que se está realizando. Agregó que tocó el caso de Díaz en la reunión sostenida este viernes 23 con la CNA:
-Una de las cosas que planteé aquí es que la CNA debe tener un código de ética que resuelva este tipo de problemas. En la CNA hay una discusión de si el contrato es legal o no, pero lo que se ha denunciado trasciende el comportamiento que se espera de una institución como ésta. No se debe permitir este tipo de cosas.
Agregó: “Estamos preparando un proyecto de ley para corregir las deficiencias que hay en el sistema de aseguramiento de la calidad y esperamos que, una vez que se apruebe el proyecto de ley, estas cosas no vuelvan a ocurrir”.
H. Beyer: “Una de las cosas que planteé aquí es que la CNA debe tener un código de ética que resuelva este tipo de problemas… No se deben permitir este tipo de cosas”.
-¿El ministerio no puede hacer nada para evitar que Díaz siga participando en la acreditación de otras universidades, como hace actualmente? 
No tenemos ninguna posibilidad de pedirle la renuncia. No están los instrumentos. Esta persona fue nombrada por un conjunto de instituciones y se hubiera esperado que este conjunto de instituciones le hubieran pedido la renuncia y hubieran nombrado un reemplazante.
-¿Qué le parece que siga asistiendo a las reuniones de la CNA? 
Mal nos parece. Nos hemos pronunciado sobre esto y nos hemos sumado a la investigación que se está realizando.
Eugenio Díaz fue nombrado consejero en 2007 por las universidades privadas. Luego consiguió ser reelegido a fines de 2010 en una campaña que, según fuentes consultadas por CIPER, lideró la Universidad Gabriela Mistral. CIPER llamó a la rectora de esa institución, Alicia Romo, para confirmar el respaldo de esa universidad a Díaz pero no obtuvimos respuesta.

LA CREDIBILIDAD DE LA CNA

La importancia del caso “Díaz-U. del Mar” no radica en los montos involucrados, sino en la fe pública que está en juego. La CNA -y la red de instituciones fiscalizadoras que dependen de ella- son la única garantía con que cuentan los 20 mil alumnos de la Universidad del Mar de que los dueños de esa casa de estudios provean educación de un estándar mínimo. Ese estándar está simbolizado en la palabra “acreditada” que lucen hoy en sus propagandas muchas universidades.
Eugenio Díaz tenía muy clara la fe pública en juego. En una entrevista dada al sitio Universia.cl, expresó que aunque los jóvenes no sabían concretamente qué es la acreditación, “intuyen que es algo bueno y lo piden y lo demandan”.
Pero no radica ahí toda la importancia de la CNA. Alcanzar la condición de “acreditada” permitió a los alumnos de la U. del Mar pedir el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con la palabra “acreditada”, el horizonte de potenciales clientes de la universidad se amplió. Con el CAE los jóvenes pobres o de clases medias bajas que no tienen recursos y a los cuales los bancos no les van a prestar dinero, ahora sí cuentan con recursos. Esos jóvenes recibirán dinero del fisco, como préstamo, para pagar su educación. Es por el fuerte vínculo que hay entre la acreditación y los recursos públicos que se entregan a través del CAE que el trabajo de la CNA no es solo de fiscalización, sino que implica garantizar el buen uso de los dineros del Estado.
Evidentemente, esta enorme cantidad de dinero en juego hace que la presión de las universidades sobre la CNA para conseguir la acreditación sea también enorme.
Tras la publicación de estos antecedentes, entre los estudiantes y académicos de la U. del Mar ha crecido la preocupación de que la acreditación se revierta.
Juan José Ugarte, consejero de la CNA y jefe de la División de Educación Superior (Divesup) no descarta esa posibilidad:
-Esperaremos a tener a la vista el dictamen de Contraloría, que está haciendo una investigación muy exhaustiva. Han entrevistado a todos los actores. Por lo tanto, va a colocar a la vista pública todos los antecedentes para emitir un juicio final. Con esos antecedentes vamos a poder hacer un pronunciamiento sobre lo que viene a continuación -dijo Ugarte a Ciper, a la salida de la reunión con Beyer.
Sobre el contrato, puntualizó: “es irregular que un miembro de la CNA tenga un contrato y que no esté en la declaración de intereses”.

RENUNCIAS

Tras la publicación del artículo de CIPER, Díaz renunció a otra asesoría que le efectuaba a la Universidad Bernardo O’Higgins, a pesar de ser consejero de la CNA. El rector de esta universidad, Claudio Ruff Escobar, señaló a CIPER que “Eugenio Díaz estaba trabajando con nosotros en el proyecto de vinculación con el medio… yo estaba de vacaciones y me llamó en la primera semana de febrero después de la aparición de este artículo y me dijo que ponía su cargo a disposición. Acepté su situación porque él me dijo que necesitaba concentrarse en demostrar su inocencia. Nosotros leímos el artículo de CIPER y es una situación delicada. Él tiene que concentrarse en defenderse ante quien corresponda y nos dejó con libertad de acción. Nosotros tomamos esa libertad de acción y le acepté la renuncia”.
H. Beyer: “No tenemos ninguna posibilidad de pedirle la renuncia (a Díaz). Esta persona fue nombrada por un conjunto de instituciones y se hubiera esperado que ellas le hubieran pedido la renuncia”.
Díaz también presentó su renuncia a comienzos de marzo, “por motivos personales”, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, del que también era consejero. Para ese puesto había sido elegido como representante de los decanos de las escuelas de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores de la Universidades de Chile (CRUCH) y también de las universidades autónomas. Los motivos de fondo de la renuncia no están claros, pues era inamovible hasta 2016. Pero diversas fuentes señalaron que, tras la publicación de los artículos de CIPER, hubo presiones de varios decanos para que Díaz dejara ese cargo.
La molestia también llegó al mismo CRUCH, cuya directiva analizó los reportajes citados. Una fuente de ese consejo señaló a CIPER que “existe un grupo importante de rectores, principalmente de universidades del Estado, preocupados por los alcances que tiene para el sistema de aseguramiento de calidad las denuncias de CIPER “. Agregó que “la asesoría de Díaz Corvalán a la Universidad del Mar le quita toda la credibilidad al sistema, pues ya no sólo se trataría de mano blanda para evaluar, sino que las implicancias podrían ser de otro tipo al haber dinero comprometido”.
Según la fuente, estos rectores esperan que la CNA saque un pronunciamiento y que exista algún mecanismo de auto-regulación, de forma que Díaz se abstenga de participar en la evaluación de instituciones mientras no se aclare su situación por parte de la Contraloría.
Pese a este ambiente y las presiones que ha recibido, Díaz ha seguido asistiendo a las sesiones de la CNA y votando por la acreditación o el rechazo de las instituciones que se someten a su juicio.
La CNA misma no ha emitido una opinión sobre el tema y hoy nadie sabe si el organismo, que preside Iñigo Díaz y cuyo secretario ejecutivo es Patricio Basso, avala la firma de contratos como el denunciado o condena el hecho.
Según la ley, ante una situación que toca las incompatibilidades o inhabilidades de los consejeros, el secretario ejecutivo de la institución debe informar a la CNA. El caso debe ser analizado en una sesión del consejo y quedar registrado en acta. Tal situación debió ocurrir en las sesiones del 4 y del 11 de enero de este año. Sin embargo, en la página web de la CNA figuran las sesiones anteriores y las posteriores a esas fechas. Las que debían abordar este tema son las únicas que faltan.
El hermetismo de la institución sobre el caso Díaz es total.
CIPER abordó a Iñigo Díaz a la salida del encuentro de Beyer con la CNA.
“La asesoría de Díaz a la U. del Mar le quita toda la credibilidad al sistema, pues ya no sólo se trataría de mano blanda para evaluar, sino que las implicancias podrían ser de otro tipo al haber dinero comprometido”, dijo a CIPER una fuente del CRUCH.
-El ministro Beyer estima que Eugenio Díaz debe renunciar a su cargo. ¿Qué opina usted al respecto? 
-No puedo decir nada sobre este asunto hasta que termine la investigación de Contraloría.
-Beyer dice que no hay instrumentos para removerlo del cargo
-Efectivamente, no tenemos mecanismos para remover a un consejero de su cargo.
CIPER intentó hablar con Eugenio Díaz a la salida de la misma reunión, pero el consejero se negó. Hasta el momento las únicas declaraciones que ha emitido sobre su situación fueron las que dio a CIPER, publicadas en el reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”.
Gonzalo Zapata, ex secretario ejecutivo de la CNA.
“Es incompatible vender servicios de capacitación y simultáneamente supervisar la calidad de las mismas instituciones”.
Por J.A.G.
Académico de la Universidad Católica, fue el primer secretario ejecutivo que tuvo la CNA entre 2007 y 2008. Piensa que de confirmarse el contrato entre Eugenio Díaz y la U. del Mar estaríamos ante una situación gravísima.
-¿Qué le parece que Eugenio Díaz, consejero de la CNA, haya firmado un contrato con la Universidad del Mar para ayudar a acreditarla en la misma CNA? 
Me he enterado de esta situación por CIPER. Me parece una acusación sobre una cuestión gravísima y que sería impresentable, si es que efectivamente se comprobara cierta. Parte importante de la credibilidad de los sistemas de aseguramiento de la calidad se juega en su legitimidad e idoneidad. La independencia en las decisiones de acreditación es clave. La Ley 20.129, que rige el comportamiento de la CNA y de los consejeros, fija varias normas sobre incompatibilidades e inhabilidades y pese a que son algo confusas y flojas, establecen la necesidad de garantizar independencia en las decisiones sobre acreditación.
-¿Cuando usted fue secretario ejecutivo de la CNA, entre 2007 y 2008, se discutió sobre qué relaciones podía y no podía tener un comisionado con una universidad? 
Varias veces y quedó constancia de eso en las actas de los primeros años de la CNA (N de R. en la web de la Comisión solo están disponibles las actas a contar de 2011, pues las de 2007 a 2010 aún no están digitalizadas, según informan en la misma CNA). La comisión fue creada a principios del 2007 e integrada por una mayoría de académicos de larga trayectoria y prestigio, que tenían preocupación por asegurar la transparencia en los procesos y la independencia de sus decisiones. En varias ocasiones se discutió sobre los alcances de la ley…
“Mientras todos los informes plantean los problemas en nuestra educación superior, un número nunca antes visto de instituciones fue acreditada como de calidad (por la CNA). Es evidente la necesidad de revisar los criterios de evaluación y promover procesos más rigurosos”.
-¿No es clara la ley? 
A mi juicio, las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades quedaron fijadas de un modo flojo. Este es un asunto muy serio para cualquier agencia de aseguramiento de la calidad. En el mundo, las agencias destinan serios esfuerzos para mantener y promover su independencia, respecto de diversas posibles presiones (del gobierno y las propias instituciones, entre otras). Ciertamente, los conflictos de interés son intolerables y hay larga experiencia en el medio especializado sobre normativas, códigos de ética y buenas prácticas para enfrentar este punto en particular.
-Actualmente hay una investigación en la Contraloría y otra en la fiscalía a partir del citado contrato. Díaz, sin embargo, sigue asistiendo a las sesiones de la CNA y opinando sobre temas de acreditación ¿Qué le parece esa situación? 
Compleja. Espero que este asunto se clarifique pronto y que estas instancias determinen si es que se ha vulnerado o no la ley, y que se tomen las medidas que correspondan. El sistema de aseguramiento de la calidad opera, en gran medida, sobre la base de la confianza pública. Esto necesita aclararse por la imagen de las personas comprometidas, el bien del sistema y su relación con las instituciones de educación superior.
-Entiendo que en 2008, incluso, se discutió si los consejeros podían o no aceptar las invitaciones que les hacían las universidades que se estaban acreditando y se tomó el acuerdo de no aceptar ni siquiera las invitaciones a almorzar. 
Sí. Se discutió varias veces el asunto de la relación entre los miembros de la Comisión y las instituciones, planteándose algunos criterios y protocolos al respecto.
-¿Cómo un almuerzo puede influir en la decisión de un consejero? 
Las agencias deben mantener máxima independencia respecto de las universidades bajo su evaluación. Se trata que el juicio que hacen se base, en lo fundamental, en la opinión de los pares evaluadores y de especialistas que han recogido y analizado los antecedentes con un protocolo conocido. Trata de evitar que influyan los prejuicios y las apreciaciones personales sobre las instituciones.
-Si esos prejuicios se pueden formar con un almuerzo, con un contrato ni hablar…
Es sumamente delicado el asunto de estar en una agencia de acreditación y realizar asesorías simultáneamente. Hay en el mundo agencias que orientan y colaboran con el desarrollo de procesos, ciertamente. Sin embargo, se trata de relaciones institucionalizadas, cuyo costo está incluido en los servicios de evaluación y es realizado habitualmente por especialistas distintos a los que luego hacen la evaluación propiamente tal.
“Es sumamente delicado el estar en una agencia de acreditación y realizar asesorías simultáneamente.”
Cuando la agencia nacional define que las agencias privadas que supervisa no pueden desarrollar simultáneamente servicios de apoyo junto con las funciones de acreditación, me parece que el mensaje es claro. Es incompatible vender servicios de capacitación y apoyo, por una parte, y simultáneamente participar de los juicios de acreditación que se supone que están para supervisar la calidad de las mismas instituciones. Es ciertamente legítimo hacer independientemente o lo uno o lo otro, pero las dos cosas simultáneamente configuran un evidente conflicto de interés.
-Usted dice que el consejero debe evaluar imparcialmente a las instituciones. ¿Cómo puede hacerlo un hombre que fue elegido para ese cargo en representación de las universidades privadas, como es el caso de Eugenio Díaz? 
Los consejeros son designados, pero no son representantes de nadie. La ley es muy clara en que no pueden actuar en representación de las instituciones que concurrieron a su designación. Este criterio que quedó en la ley chilena es una práctica habitual en la experiencia internacional comparada.
-Sin embargo, Díaz acaba de ser reelegido por las mismas universidades. Necesariamente les debe haber gustado el trabajo que realizó o no lo habrían reelegido. Ocurrió lo mismo con el otro representante de las privadas, Adolfo Arata. 
Qué le puedo decir… La ley considera la posibilidad de reelección y la reglamentación en cuanto a la alternancia. Por una parte, es razonable asegurar la continuidad de miembros que hacen aportes importantes. Pero es delicado someter a elección a miembros en ejercicio. Y sería impresentable, creo yo, que ocurriera que algún miembro de la comisión estuviera haciéndose campaña para ser reelecto, al mismo tiempo que participando activamente de las decisiones de acreditación de las instituciones a cuyos rectores les está pidiendo su voto. En el campo de la política, a esto se le denominaría clientelismo.
-En 2010, cuando Eugenio Díaz era su presidente, la CNA acreditó a todas las instituciones que se presentaron ante ella para ser evaluadas. ¿Qué le parece eso? 
Sorprendente. Creo que este fue un hecho que llamó la atención pública. No había pasado nunca antes que prácticamente todas las instituciones que se presentaran a la acreditación, la obtuvieran. Todas, salvo un instituto profesional, hasta donde tengo entendido. Los sistemas de aseguramiento de la calidad requieren fijar con relativa claridad cuál es el umbral entre lo aceptable y lo inaceptable en cuanto a la calidad. Desconozco los casos puntuales, pero mientras todos los informes plantean los serios problemas en nuestra educación superior, un número nunca antes visto de instituciones es acreditada como de calidad. Es evidente la necesidad de revisar los criterios de evaluación y promover procesos más rigurosos. Esto último ha sido planteado reiteradamente por las autoridades y por la propia Comisión. Ojalá podamos conocer muy pronto avances en esta materia.



http://ciperchile.cl/2012/03/23/ministro-beyer-%E2%80%9Cnos-gustaria-que-eugenio-diaz-renunciara%E2%80%9D/



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