Respecto de las críticas que he recibido en estos días por explicar algunas políticas educacionales de la Concertación, entre 2003 y 2005, creo útil ubicar el tema en su momento histórico, en las condiciones políticas y económicas que existían. Estos antecedentes pueden ayudar a implementar las propuestas del movimiento estudiantil, por el reforzamiento de la equidad, de la educación pública y del rol del Estado.
Asumí el Ministerio de Educación en la segunda mitad del gobierno del presidente Lagos. Enfrentamos el primer desafío de ampliar la cobertura en educación preescolar y escolar. Avanzamos en kínder y enviamos el proyecto que creó la Subvención Preferencial. En este se dotaba de subvención al pre kínder, que no tenía. Con esa ley pusimos entonces más recursos para las escuelas pobres, y como se sabe, ha sido una fórmula positiva para ayudar al mejoramiento de las escuelas públicas, y hoy se está incrementando. En 2003 enviamos y aprobamos una reforma constitucional que hizo gratuita y obligatoria la enseñanza media, que apenas superaba el 80%. Así alcanzaríamos gratuidad para 14 años de educación. Continuamos la Jornada Escolar Completa, con más horas de clases, nuevas escuelas y liceos (llegamos a entregar una al día), ampliamos banda ancha a los colegios que no tenían, alimentación a los niños más necesitados, incrementamos la cantidad de textos escolares gratuitos y bibliotecas en los establecimientos. Luego enviamos y aprobamos, de acuerdo con el Colegio de Profesores (aprobado en plebiscito por los maestros,) la evaluación docente y una primera ley para la concursabilidad de los directores. Lanzamos un programa especial de inglés y reforzamos el entrenamiento de profesores de matemáticas, entre otros. Y luego, para referirme al tema universitario, avanzamos en educación superior.
¿Cuál era la situación entonces?: expansión universitaria descontrolada, sin regulación. Enviamos y aprobamos, a pesar de la oposición cerrada de la derecha, una ley de Acreditación de las Universidades y obligatoria para carreras de Pedagogía y Medicina. Y abordamos luego la mayor expansión del financiamiento estudiantil realizada hasta hoy. El Crédito Solidario, que se entrega a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores, se expandió para abarcar con más becas y créditos a todos los estudiantes pertenecientes al 60 % de las familias más modestas. Fue un importante esfuerzo, que fructificó en un acuerdo entre el MINEDUC y los alumnos, intermediando paralelamente con el Ministerio de Hacienda para conseguir más financiamiento. Nuestra meta era permitir el ingreso a la educación superior de los jóvenes capaces de familias modestas y ayudar a las familias que no podían pagar. Hubo permanentes conversaciones, yo mismo estuve en varias, se dieron y escucharon argumentos, fue abierto, y se convino una solución. Los acuerdos fueron firmados por los dirigentes estudiantiles de la CONFECH en el Ministerio, con el ministro y la directora de Educación Superior.
Estoy orgulloso de lo hecho en esos tres años, en medio de las restricciones políticas y económicas que vivimos. No nos falta la autocrítica, pero es necesario conocer lo que se hizo para hacer algo mucho mejor, gracias al tremendo empuje del movimiento estudiantil.
Los jóvenes que postulaban a universidades privadas, no representados en la CONFECH, no contaban con ningún financiamiento, tampoco los IP y CFT. No podían pagar sus estudios y quedaban fuera de la educación superior, especialmente aquellos provenientes de las familias de los dos primeros quintiles, con menores recursos y puntajes. Algunos padres recurrían a bancos, que no les prestaban. Y cuando lo hacían, cobraban como si fuera un crédito de consumo, con intereses disparatados, y sólo a las familias de mayores ingresos. El dilema entonces fue buscar más crédito o dejarlos fuera de la educación superior. Buscamos el máximo de recursos disponibles. El Fisco no tenía todos los recursos para dar el salto que queríamos, que ningún joven con mérito quedara excluido por falta de dinero de los padres. Se acordó, en esas circunstancias, respaldar a las familias y superar ese bloqueo a través de un aval que otorgaría el mismo Estado. La ley se aprobó por unanimidad en el Congreso. En 2006 partió con 20 mil estudiantes y en 2011 alcanzó a cerca de 300 mil.
Se puso otra condición para garantizar la calidad: los recursos estarían disponibles sólo para universidades acreditadas. Los CFT e IP también han de cumplir requisitos de calidad. Dos tercios fueron a carreras técnicas, antes restringidas, y la deserción de los que han obtenido este crédito es la más baja del sistema. También se extendieron las becas de mantención que pasaron de 60 mil a 340 mil entre 2006 y 20010. La expansión de la matricula está a la vista: más de un millón de estudiantes en educación superior actualmente. Alrededor del 45% de los jóvenes entre 18 y 25 años.
Ahora es el momento de dar un nuevo paso y cambiar ese sistema, con más recursos para acrecentar becas y subsidiar créditos. Además, se puede hacer converger ambos sistemas y, a futuro, crear una corporación pública que asuma el otorgamiento y gestión de todos ellos. Debemos además hacer una nueva reforma tributaria y avanzar a una gratuidad progresiva. Y es muy importante instalar un aporte basal a las Universidades del Estado, tema pendiente hoy.
Además de lo expuesto, se impulsaron otras iniciativas en ese periodo, cuya responsabilidad asumo, con sus éxitos y debilidades. Se avanzó en MECESUP para financiar la expansión de la infraestructura de las universidades tradicionales. Se creó un fondo para financiar proyectos de investigación, gracias al nuevo royalty al cobre, enviado por el Presidente Lagos y aprobado contra la opinión de la derecha. Y se envió y aprobó el proyecto de ley preparado por la U. de Chile para cambiar sus estatutos.
Estoy orgulloso de lo hecho en esos tres años, en medio de las restricciones políticas y económicas que vivimos. No nos falta la autocrítica, pero es necesario conocer lo que se hizo para hacer algo mucho mejor, gracias al tremendo empuje del movimiento estudiantil.
Vivimos un momento histórico que recién comienza. La educación pública debe reforzarse más, y cambiar el papel del Estado subsidiario por uno conductor y garante de una provisión de educación de calidad, reformar el sistema para reducir la segmentación y la desigualdad, erradicar el lucro como impulsor del sistema educativo. Lo cual, hecho con inteligencia y en forma gradual, no debe acarrear una dislocación de un grupo de establecimientos escolares que acoge a más de un millón de estudiantes. Urge reorganizar la educación pública, con más recursos y prioridad del Estado.
Los estudiantes han abierto un nuevo horizonte. Para materializar muchos de esos cambios hay que juntar fuerzas El camino no es fácil. El poder que está enfrente es grande. Hay que sumar y no dividir.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/29/concertacion-y-educacion/
El fiscal Jorge Martínez informó que ordenó la detención del ex uniformado, quien arriesga hasta 20 años de prisión si es formalizado por homicidio.
