Calificando de poco sensato y poco prudente hacer tales anuncios mediante la prensa, el rector de esa casa de estudios, -con el Presidente de la República y el ministro Joaquín Lavín en el auditorio-, defendió arduamente el papel del Estado en la educación, y sostuvo de manera tajante que no aceptarán reformas sin consulta. “Los tiempos autoritarios ya terminaron”, expresó.
La falta de sensibilidad política de Juan José Ugarte, Jefe de la División de Educación Superior, DIVESUP, al no prever el impacto de sus declaraciones en un ámbito corporativo tan complejo como el de las universidades del Consejo de Rectores, obligó al propio Presidente Sebastián Piñera a responder, mientras hacia uso de la palabra para agradecer su designación como Patrono de la Universidad de Chile.
Falta el tino político para avanzar en una agenda que es nacional, y en la cual, dado el carácter y la sensibilidad imperantes, se requiere también mucha voluntad de diálogo para construir las confianzas indispensables.
Más allá de las repercusiones políticas del tema, es necesario señalar que desde hace ya mucho tiempo se debate en sectores universitarios un conjunto de ideas, incluso mucho más amplio que lo planteado por Juan José Ugarte, que permitirían un salto de calidad en materia de educación superior.
Este habló de una nueva institucionalidad que agrupe a las universidades tradicionales y privadas, un aumento de la modalidad de fondos concursables para el financiamiento de ellas, un sistema único de créditos y becas y la modificación de Becas Chile. Todos ellos están contenidos en diversos documentos, entre ellos el Informe Revisión de Políticas Nacionales de Educación, año 2009 de la OECD, seguimiento y profundización del mismo informe del año 2004, que se puede leer en la página WEB de la DIVESUP.
En ese sentido, parece razonable la crítica acerca de las formas hecha por el rector Pérez. La agenda de recomendaciones del estudio citado, entre opiniones de crítica y apoyo de los rectores, permitiría construir un proceso de reforma mucho más amplio que lo planteado por el Ministerio. Las condiciones son políticas.
Es unánime la opinión sobre la necesidad de una reforma que consolide de manera sana e institucionalmente regulada la existencia tanto de la educación pública como de la privada. Que en lo esencial transparente y defina el concepto de lo público, las condiciones del lucro en el sector y los mecanismos de financiamiento para una y otra.
También la regulación y funcionamiento de sus gobiernos corporativos, las reglas del manejo patrimonial, incluida la transparencia inmobiliaria de las universidades privadas, la acreditación como regla de calidad y la certificación profesional de aquellas carreras incidentes socialmente, por ejemplo en la educación y la salud.
La tendencia universal en materia de financiamiento es a una diversificación fuerte de los ingresos. Prácticamente hoy no existen en el mundo universidades que dependan exclusivamente del financiamiento del Estado. El cambio más radical para las universidades estatales en últimos 30 años ha sido pasar de un financiamiento público a la competencia por recursos.
Ello ha cambiado las modalidades y los instrumentos empleados por los gobiernos para financiar a las universidades estatales, vinculándolo a fórmulas ligadas a resultados, contratos de desempeño, licitaciones, subsidios a la demanda y fondos concursables. El arancel en ninguna parte es la base del financiamiento ni tiene un peso determinante en este.
Lo anterior arrastra el cambio de la administración, sobre todo en sus principales unidades académicas, que deben profesionalizarse intensamente para responder a la rapidez del mundo moderno, captar recursos y mantenerse en los niveles de excelencia requeridos.
Todo ello lleva a la reformulación del gobierno corporativo de la universidad, con reglas de competencia y conformación diferentes a las actuales. También cambian el principio de existencia académica de las universidades el que depende ahora de la acreditación de instituciones y programas, y de normas de certificación de las profesiones impartidas.
En todos estos aspectos, y otros, como el vínculo a la economía productiva, la cadena de internacionalización o los programas de innovación y desarrollo científico y tecnológico, la educación superior chilena presenta serias fallas.
Chile se encuentra entre los países que menos subsidian con fondos públicos la educación, mientras que los retornos económicos de la educación universitaria completa se encuentran entre los más altos de América Latina y el mundo. Ha tenido, además, una expansión notable en materia de cobertura.
Pero su calidad es muy baja en relación a sus costos, tanto para el Estado como para los privados. Y se concentra en áreas que inciden de manera secundaria en el desarrollo nacional. Cerca de un 45% de la matrícula se da en las áreas de administración, escuelas de economía y negocios, y de tecnologías de soporte, en este caso en niveles básicamente operativos. Su enorme diversidad institucional si bien no es un obstáculo per se, está totalmente fragmentado y sin encadenamientos de complementariedad.
En tales circunstancias, es razonable que cualquier gobierno que desee hacer una revisión seria del tema, deba plantearse los problemas de la gestión y el financiamiento, aspirando al acceso más universal de los fondos públicos, con un rígido control de cuentas sobre su uso y la mayor universalidad y transparencia en los subsidios a los estudiantes, relacionados de manera más estrecha con la equidad y los resultados y no con el carácter público de las instituciones.
Como se señaló, sobre muchos de estos temas hay consensos técnicos. Pero falta el tino político para avanzar en una agenda que es nacional, y en la cual, dado el carácter y la sensibilidad imperantes, se requiere también mucha voluntad de diálogo para construir las confianzas indispensables.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/07/02/la-necesaria-reforma-de-la-educacion-superior/
