viernes 28 de octubre de 2011
Así lo revela un artículo publicado en La Tercera el pasado domingo. En el escrito, el diario del Grupo Copesa hizo referencia a las nuevas técnicas que Carabineros está utilizando para identificar y capturar a encapuchados involucrados en desórdenes.
Desglosando el perfil de una “nueva generación de encapuchados”, el medio parafraseó a José Luis Ortega, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, quien afirmó que “los encapuchados han perfeccionado su modo de operar (…) adquiriendo indumentaria para combatir a Carabineros”.
Ortega es creador del recientemente anunciado grupo de “Cazadores”, cuyo objetivo será detener e identificar a los encapuchados con el apoyo de efectivos de inteligencia infiltrados en las marchas. Según informó Cooperativa, el grupo “está compuesto por efectivos de Fuerzas Especiales, agentes del OS-9, de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) y peritos del Labocar”.
En el análisis realizado por el diario La Tercera, a partir de la información proporcionada por Carabineros sobre los encapuchados, se señala una serie de características y comportamientos que servirían para identificar a estas minorías violentistas. Una de las prácticas mencionadas es la de registrar el accionar de Carabineros, por parte de los manifestantes, para luego “estudiar” el material.
“Carabineros también ha detectado que los grupos de encapuchados realizan constantes chequeos del actuar policial durante las manifestaciones. Algunos de los activistas graban el despliegue de los efectivos para luego estudiarlo. También antes de las manifestaciones estudian las vías de escape y dónde pueden protegerse ante la acción policial”, reporta La Tercera.
¿Son todos los reporteros gráficos eventuales cómplices de prácticas de “contrainteligencia” realizadas por encapuchados? Es probablemente esta observación la que ha llevado a la persecución de periodistas y fotógrafos independientes. Cualquiera que haya asistido a las marchas estudiantiles a lo largo del tiempo, podrá constatar un aumento en las intimidaciones policiales hacia quienes registran las protestas. Preguntas cómo “¿tienes credencial de periodista?”, “¿para qué canal es esto?”, “¿tienes permiso para andar grabando?”, se han hecho recurrentes.
Según el artículo, son también sospechosos de actos violentistas quienes “se acercan” a Carabineros en medio de una manifestación. “Están también los que se acercan a los grupos de Carabineros con la finalidad de escuchar las transmisiones radiales y conocer los puntos donde se están haciendo controles de identidad o revisiones de manifestantes”, señala.
Estas observaciones de inteligencia nos remiten a campañas anti-terroristas similares, emprendidas en los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security, DHS). Con estos programas de acondicionamiento, salidos directamente de la novela “1984” de George Orwell, el gobierno estadounidense ha asociado diversos comportamientos con el actuar de “grupos terroristas domésticos”.
Un video de Homeland Security (ver aquí: http://youtu.be/K7q3bWEvl7o ), parte del programa “If You See Something, Say Something” (Si ves algo, dilo), enumera un conjunto de actos sospechosos. “En el transcurso del clip de 10 minutos, una serie de conductas son caracterizadas como terrorismo, incluyendo el oponerse a la vigilancia, usar una cámara de video, hablar con oficiales de policía” y “usar chaquetas con capucha”, reporta Infowars.
Es muy probable que la dirección que el gobierno chileno está dando a Carabineros se deba a la instalación de William J. Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y Los Angeles, como asesor personal en seguridad. Bratton, un preocupante alarmista en la guerra contra el terrorismo y partidario acérrimo de la restricción de libertades civiles, fue escogido por el Ministerio del Interior para encabezar, tal y como informó El Mercurio el 2 de octubre, una “revolución” en Carabineros de Chile.
La web oficial de la Policía de Los Angeles (LAPD) recuerda a Bratton diciendo, “Bratton entiende la amenaza mayor y sabe que la policía local puede ser aprovechada en la Guerra contra el Terror para proteger a la nación. Los policías son los ojos y oídos de la comunidad, los primeros preventores en crear un entorno hostil para terroristas”.
En el pasado, el ex jefe de policía afirmó que Al Qaeda estaba dispuesta a interrumpir la elección de Obama con ataques múltiples al país. Similares fueron sus advertencias, en mayo de 2010, cuando se frustró la detonación de un presunto artefacto explosivo en Times Square, sólo once días antes de que Rodrigo Hinzpeter aplicara la Ley Antiterrorista a Saif Khan, acusándolo de pertenecer a una célula islámica que planeaba ejecutar ataques en “una instalación extranjera” al sur de Chile.
La guerra contra el terrorismo se ha transformado en la excusa perfecta para acelerar la implementación de políticas represivas y coartar la libertad de los ciudadanos.
La infame ley anti tomas, redactada descaradamente por la Cámara Nacional de Comercio y presentada un mes antes de su anuncio al gobierno, es un escalón más hacia la total destrucción de nuestras libertades ciudadanas.
Cooperativa informó que el proyecto de ley no sólo se refiere a la toma de espacios públicos, sino que también incorpora una nueva letra, la f), al artículo 83 del Código Procesal Penal, orientada netamente a coartar la labor periodística de quienes asisten a las marchas. La nueva ley de Hinzpeter “incorpora una nueva facultad para que las Fuerzas de Orden y Seguridad puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones, u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal”.
Reporteros Sin Fronteras, ONG que defiende el derecho a la libertad de información, respondió tajantemente al anuncio: “un periodista no es un auxiliar ni un confidente de la policía, y esta disposición constituye un incentivo a la delación”.
