En cuanto a cifras, si el proyecto Antitomas ingresa a la sala de sesiones no contaría con la mayoría de diputados para ser aprobada, mismo escenario correría en el Senado, donde legisladores como el independiente Carlos Bianchi y la misma Lily Pérez, de RN, no entregarían su voto.
El proyecto de ley que busca sancionar las tomas de colegios y saqueos, más conocida como la "Ley Antitomas" o "Ley Labbé", dado que surgió después de la iniciativa del alcalde de Providencia, Cristián Labbé (UDI), quien cerró los colegios que estaban en toma en esta comuna, vive una profunda fase de críticas de parte de expertos jurídicos y parlamentarios de oposición y liberales de derecha.
Por ejemplo, el juez de garantía y director de la Asociación Nacional de Magistrados, Patricio Souza, señaló que la legislación redactada por el gobierno de Piñera "tal como se despachó, generará muchas dudas en los jueces por problemas interpretativos importantes; definir qué se considerará violencia o desorden público".
"Los delitos de desorden siempre han tenido problemas, porque la descripción que hace el legislador nunca es demasiado precisa como para contener todas las circunstancias", agregó.
Además, el jurista asegura ante la iniciativa que se encuentra en trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Cámara de Diputados, que "ante el endurecimiento de las penas puede ser que la respuesta de los elementos más violentos se exacerbe. Eso puede suceder. Veo difícil que pueda inhibir. El problema es más social que punitivo".
Por su parte, Miguel Soto Piñeiro, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, "una ley antitoma no debería ser nunca necesaria. Las conductas con verdadero contenido de ilícito que contiene el proyecto de ley que se envió estaban perfectamente abarcadas por la legislación común. Esta ley especial no tiene otra finalidad última más que reprimir determinadas manifestaciones de opinión".
Para el académico, un saqueo es un robo con fuerza y para castigar la incitación a la violencia está la Ley de Seguridad del Estado, por lo que no se entiende una nueva legislación.
Complementando lo anterior, la abogada del centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, Alejandra Mera, afirmó que las penas solicitadas exceden los delitos cometidos.
"De partida, esta ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Parlamento. La penalidad que establece es completamente desproporcionada con las acciones. Concuerdo con el hecho de que es una expresión y que jamás en nuestra legislación ha sido sancionada de esta manera", declaró.
Tenso momento político
En defensa de la polémica legislación, el senador RN Alberto Espina calificó el texto "muy bueno", dado que a su juicio mejorará el trabajo del Poder Judicial.
"La actual legislación no describe bien las conductas que significan la distinción entre participar en una manifestación pública en forma pacífica, lo que está protegido por nuestra Constitución y estas manifestaciones públicas que se realizan con actos de violencia, donde se producen desmanes, saqueos, tomas y destrucción de propiedad pública y privada", expresó.
"Esta norma es muy buena porque moderniza la legislación chilena. Tiene sanciones bastante inferiores a las que tienen la mayoría de los países democráticos y le permitirá al juez tener mayor claridad cuando una conducta es sancionada cuando se trate de una manifestación violenta", añadió.
A pesar de las halagüeñas palabras de Espina, luego de la toma del ex Congreso Nacional por parte de dirigentes estudiantiles y ecologistas, que contó con el apoyo del presidente del Senado, Guido Girardi, que se negó al desalojo del establecimiento e impidió el ingreso de la policía de Carabineros, es un hecho que el proyecto del Ejecutivo no tendrá un fácil recorrido en el Parlamento. Esto porque desde la Alianza y La Moneda exigen la censura y la destitución del legislador de la mesa de la Corporación.
El mismo Girardi, en la previa de la manifestación, había declarado que "nunca antes en democracia habíamos vivido una represión como la que se está viviendo ahora, donde la autoridad carece de todo criterio político. Está por la vía de volver a las prácticas más dictatoriales del pinochetismo".
"El gobierno actúa así porque lo único que le importa es defender los intereses económicos, los intereses de los sectores más privilegiados del país y las utilidades de las empresas", espetó.
En cuanto a cifras, si el proyecto Antitomas ingresa a la sala de sesiones no contaría con la mayoría de diputados para ser aprobada, mismo escenario correría en el Senado, donde legisladores como el independiente Carlos Bianchi y la misma Lily Pérez, de RN, no entregarían su voto.
Con el objetivo de controlar mejor y de manera más eficiente los disturbios que se producen en medio de las manifestaciones sociales, junto con detener a sus responsables, Carabineros creó un equipo especial llamado "Cazadores".
e planteado criticas fundada al Presupuesto 2012 en el sentido que no hay aportes basales, se privilegia la educación privada y perjudica la educación pública y estatal, especialmente a la Universidad de Chile, que tiene una obligación moral con la calidad y la equidad", señaló a El Diario de Cooperativa.