Los estudiantes afirman que la manera cómo se está llevando la educación hoy, es insostenible. Por ello, se han realizado varias movilizaciones que han aglutinado a millares de manifestantes, quienes exigen que de una buena vez por todas se les de solución a los temas que están pendientes desde hace décadas.
Camila Vallejo, presidenta de la FECH, señala que las manifestaciones estudiantiles que se están viviendo "son las más importantes de la última década". Agrega que no están solos, que cuentan con el "apoyo de importantes actores sociales, como el Colegio de Profesores, federaciones estudiantiles de universidades privadas, estudiantes secundarios, rectores de universidades, comunidades académicas, funcionarios de universidades, trabajadores agrupados en la CUT y la ANEF, funcionarios de la Junaeb, del ministerio de Educación y de la ciudadanía en general".
La dirigente universitaria explica que dentro de las denuncias hechas está la crisis de la educación superior, que tiene dentro de sus principales problemas "una pésima calidad en muchas entidades, poco acceso al sistema de los sectores más vulnerables, el excesivo endeudamiento de las familias, el debilitamiento del rol del Estado y sus instituciones, la generación de lucro -fuera de la ley- por parte de muchas universidades privadas y la prohibición explícita de la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de las instituciones".
Vallejo revela que en el centro de las denuncias se ha puesto especial énfasis en dos elementos que están presentes en el sistema educacional, lo que les ha permitido la amplia convergencia social. Estas son: "el abandono del Estado chileno con un derecho humano básico como lo es la educación" y "el rol preponderante, casi hegemónico, que ha asumido el empresariado al interior del mundo educacional, quienes han lucrado y se han enriquecido, por más de 30 años, con los sueños de miles de jóvenes y familias chilenas".
Asegura que las responsabilidades políticas de la actual crisis que vive la educación tienen su origen en la dictadura militar, ya que fue ahí donde se desarmó el sistema educativo y se abrió a los intereses empresariales bajo racionalidades mercantiles. A su vez, dicha responsabilidad también alcanza a los gobiernos venideros, que administraron este sistema e, incluso, lo profundizaron.
"Los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno de Sebastián Piñera, han sido cómplices y perpetuadores del modelo y lo que reclaman los estudiantes de Chile es un cambio estructural al sistema educativo", señala Vallejo.
Las primeras demandas
En 2006, miles de escolares con los zapatos bien lustrados y con el corbatín bien puesto generaron la "Revolución de los Pingüinos". Estas movilizaciones de carácter secundario tuvieron aspectos similares a los que se presentan hoy. Por ejemplo, hubo diversos actores sociales involucrados, como profesores y universitarios.
Dentro de las demandas, una de las que más resonó fue la derogación de la LOCE. La Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza fue la última ley promulgada en la dictadura, el día 7 de marzo de 1990.
Sin embargo su historia se empieza a fraguar una década antes (1981) con la Ley de Subvenciones, que significó la municipalización de la educación, transformándose posteriormente en la LOCE, lo que finalmente consagró la dinámica del libre mercado en la educación de nuestro país.
La LOCE fue reemplazada por la Ley General de Educación (LGE) en 2009. Si bien fue un avance, no dejó a todos conformes, hubo muchos puntos que se quedaron en el tintero, entre ellos, el lucro.
Las universidades privadas
Es justamente en los ‘80 cuando comienzan a proliferar las universidades privadas. Maria Olivia Mönckeberg, periodista y académica, en su libro "La privatización de la educación" muestra cómo la educación superior privada en Chile ha estado, desde sus orígenes, estrechamente vinculada al lucro y a personajes cercanos al régimen militar.
En su investigación señala que los actores de ayer siguen en la actualidad vinculados al mundo de las universidades privadas, donde mantienen focos de poder, situación que, según Mönckeberg, se traduce en "un mercado poco transparente de la educación".
Para hacerse una idea, de un universo de 36 entidades privadas que existen actualmente, 15 de ellas enviaron sus estatutos fundacionales entre octubre de 1988 y noviembre de 1989, es decir, entre el periodo que va desde el triunfo del No en el plebiscito y la elección presidencial que dio por ganador a Patricio Aylwin.
El lucro aquí no es nuevo. Según la periodista, en ese entonces, cuando empezaron a aparecer las universidades privadas, se sabía que existía una gran mentira social al decir que estas casas de estudios no tenían como fin obtener beneficios económicos, como efectivamente sucede, y hasta hoy.
Construyendo universidades
Otra investigación hecha por Mönckeberg -"El negocio de las universidades en Chile"- señala los vínculos que existen entre el mercado inmobiliario y el negocio de las universidades privadas.
Las infraestructuras de las universidades o centros de estudios privados en sus inicios fueron conforme a sus posibilidades, es decir, partieron con una casa, un galpón, etc. Sin embargo, mientras percibían mayor cantidad de alumnos, más dinero ingresaba a las arcas de la universidad y esto les permitió hacer crecer la infraestructura.
"Con los años sus ganancias se multiplicaron. Para sacarlas crearon inmobiliarias, sociedades educacionales y diversos tipos de resquicios diseñados para evadir el mandato de no lucrar establecido por la ley", explica en su libro.
Además, estas entidades pudieron acogerse a los privilegios tributarios que pueden acceder las universidades, como la exención del impuesto a los bienes raíces para los inmuebles declarados con objeto educacional, el no pago de IVA por los servicios educacionales o las franquicias otorgadas a las donaciones.
Sobre la base de lo informado por las propias universidades privadas, en 2006 éstas disponían de más de un millón de metros cuadrados repartidos en casi 500 inmuebles en todo el país.
No obstante, al verificar sobre los verdaderos dueños de esas construcciones -indica Mönckeberg - se descubre que sólo algunas pertenecen a las universidades. Al consultar al Conservador de Raíces o los certificados de avalúos del Servicio de Impuestos Internos, la mayoría está a nombre de las inmobiliarias. Muchas construcciones de gran tamaño están en manos de bancos y compañías de seguros que les arriendan las propiedades bajo la fórmula de leasing con pactos de retrocompra.
Modus operandi
La universidad o la inmobiliaria, constituida por sus propietarios, compra y luego vende la propiedad a la entidad financiera, con la que suscribe un contrato de arriendo; le paga una suma por ese concepto y tiene la opción de volverlo a comprar al cabo de unos años, a un precio preestablecido. Entre esas transacciones sus dueños aprovechan también de extraer las utilidades para la inmobiliaria o la sociedad, que finalmente hace el negocio y así las ganancias llegan hasta ellos.
Una expresión que se usa mucho en este ambiente es el leaseback, consiste en permitir al cliente - en este caso los dueños de las universidades - obtener liquidez al transformar su activo fijo en dinero, el que puede traducirse en capital de trabajo o, simplemente, en ganancias.
El modus operandi se repite, con algunas variaciones, en buena parte de estas entidades. Hasta ahora nadie ha podido fiscalizarlas, ya que el ministerio de Educación no ha tenido las facultades para hacerlo, ni menos en el Consejo Superior de Educación (CNE), que sólo tutela a las universidades en el periodo previo a la autonomía y no regula lo relacionado con propiedad y utilidades. Como las inmobiliarias son, por lo general, sociedades anónimas cerradas o de responsabilidad limitada, tampoco alcanza hasta ellas la mirada de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni la de Bancos. En su análisis, Mönckeberg sostiene que el campo ha estado libre para lucrar.
Reconozcan el lucro
El presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, sostiene que se debe aclarar la situación de las universidades privadas, si ha existido lucro ilegal en los últimos 22 años, debido a que estas entidades, por ley, están definidas como "sin fines de lucro".
"Se deberían publicar los estados auditados de todas las universidades, si son agentes que de alguna manera hayan recibidos recursos del Estado, incluyendo transacciones relacionadas con empresas de sus dueños, pues es la única manera de dilucidar si se ha cumplido con la ley de aquí para atrás", comenta el dirigente.
También ha emplazado al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a que responda por esta situación: "Yo lo llamo a que responda por esto, pongamos orden a qué pasó en los últimos 22 años, si hubo lucro ilegal o no, porque la sociedad está esperando una respuesta".
Sí se puede dejar el lucro
Mariana Aylwin, ex ministra de Educación, sostiene que " lo que tiene que hacerse es terminar con el lucro definitivamente; que las universidades privadas no sean el refugio del dinero. Es inadmisible que estén haciendo esto".
Agrega que "si bien no avalo que la educación sea con fines de lucro, existe un método que ellos mismos buscaron (los privados) para que de igual forma pudieran hacerlo". La ex autoridad insiste en que "debe hacerse una transparencia de todas maneras, que sea fidedigna porque sin esto se producen muchas arbitrariedades y desconfianza que no llevan a nada".
Martín Zilic, quien sufrió las consecuencias del pingüinazo de 2006, asegura que "Chile es el país más privatizado del planeta, no sólo en educación superior, también la básica y media. El país donde más plata ponen los padres para educar a sus hijos es Chile. El país donde más porcentaje de todo el gasto en educación superior ponen los padres, 84%, es Chile".
Señala que "cuando Lavín nos dice que el Aporte Fiscal Indirecto va a ser un cambio, eso no tiene ningún impacto y en regiones menos, porque prácticamente el 80% del Aporte Fiscal Indirecto se va a las universidades Católica y de Chile, o sea, se va a Santiago".
"Fue un error aceptar el Crédito con Aval del Estado; significó evidentemente que más jóvenes ingresaran a la universidad, eso es cierto, pero, también, tener un ejército de deudores", recalca Zilic.
Otra ex ministra de Educación, Yasna Provoste, sostiene que "es gratificante ver tanta energía de parte de los jóvenes, de querer terminar con el lucro. Junto con la ex Presidenta Bachelet presentamos en 2007 una iniciativa que buscaba aquello, pero no pudimos seguir en el Parlamento y al final la Ley General de Educación (LGE) no terminó como debió haber sido".
"Se puede terminar con lucro en la educación; sólo depende del compromiso del gobierno y la transparencia, y garantizar la educación pública aunque a muchos les duela el bolsillo", enfatiza Provoste.
Quién es quién
Las universidades se han convertido en una buena inversión y son prácticamente un campo sin regulación. Se distinguen tres tipos de universidades: las públicas, que son las tradicionales del Estado, como la de Chile y la de Santiago, entre otras. Las particulares son aquellas que son de corporaciones privadas que existían antes de 1973, entre ellas están la de Concepción, la Austral y las pertenecientes a la Iglesia Católica. Tanto tradicionales como particulares reciben Aporte Fiscal Directo del Estado, y sus alumnos pueden tener crédito solidario. Por último, están las privadas, las que nacen después de1981.
Son estas últimas las que han sido cuestionadas en la actualidad por el tema del lucro. Algunos actores que han incursionado en el negocio de la educación son los siguientes:
Universidad del Desarrollo: La Fundación Universidad del Desarrollo fue formada por Joaquín Lavín Infante (UDI) -actual ministro de Educación; Cristian Larroulet Vignau (UDI) - actual ministro secretario general de la Presidencia-; Federico Valdés Lafontaine (independiente pro UDI)- actual presidente del club de fútbol Universidad de Chile-; Ernesto Silva Bafalluy (UDI), Carlos Alberto Délano Abott (UDI), presidente de la Teletón; Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro (independiente pro UDI) y Hernán Büchi Buc (UDI), ex ministro de Hacienda de Pinochet y ex candidato presidencial de la derecha en 1989.
Universidad Finis Terrae: En 1981, Julio Phillipi Izquierdo, Eugenio Valenzuela Somarriva, Fernando Léniz Cerda, Patricio Guzmán Mira y Juan Carlos Dörr Zegers constituyeron la Fundación Universidad Finis Terrae. Antes de que empezara a funcionar, se integraron como consejeros los ex ministros de Pinochet, Pablo Barahona, Sergio de Castro, Jorge Cauas y otros ex ejecutivos como el fallecido Álvaro Bardón, Adelio Pippino y Bruno Phillipi. En 1999, la Fundación se asoció con la organización católica Legionarios de Cristo. El grupo de fundadores la dejó en 2007 y la congregación fundada por Marcial Maciel desde entonces se hizo cargo de la casa de estudio.
Universidad Mayor: Fue creada en 1988 por el ex director de educación superior del Ministerio de Educación Rubén Covarrubias, el ex asesor del Mineduc Eric Villaseñor y Francisco Enrique Beltrán Herrera.
Universidad Andrés Bello: Fue fundada por el empresario Víctor Sahlé y Francisco Luna. Luego ingresó a esa sociedad Copra S.A. Después se integran otras tres sociedades ligadas a Álvaro Saieh, Jorge Selume, el ex ministro de Vivienda Miguel Ángel Poduje, el ex ministro de Educación Juan Antonio Guzmán y el empresario Andrés Navarro Haeussler.
En 2003 se divide en dos sociedades anónimas cerradas: Instituto Andrés Bello S.A. e Instituto Preuniversitario Andrés Bello S.A. Tras ellas estaban Inversiones La Calera S.A., representada por Juan Antonio Guzmán Molinari; Inversiones Yuste, por Andrés Navarro Haeussler; Inversiones Huepil S.A, por Miguel Ángel Poduje Sapiaín, y Copra S.A., por Marcelo Ruiz Pérez e Ignacio Fernández Doren. En 2004 tras la negociación con Sylvan, que incluyó la "venta de cartera de alumnos", ingresó la sociedad Desarrollo y Educación Superior (Desup), que después tuvo una transformación.
En 2007 el fondo de capital privado canadiense Kolberg Kravis Roberts (KKR) adquirió Laurete, incluyendo la Universidad de Las Américas y su participación mayoritaria en la Andrés Bello. El grupo Laurete compró, además, el Instituto Profesional AIEP.
Universidad de Las Américas: En 2003 adquirió la corporación el grupo Sylvan International Universities (Sylvan Learning Systems Inc.), que después pasó a ser Laureate Education Inc. El mismo consorcio compró "la cartera de los alumnos" de la Universidad Nacional Andrés Bello. En 2007 el fondo de capital privado canadiense Kolberg Kravis Roberts (KKR) junto a otros inversionistas adquirió la compañía Laureate.
Universidad San Sebastián: Fue fundada por Raúl Poblete Almendra y Javier Pivcevic Bayer. Desde 1997, el principal socio fue el empresario José Luis Zabala Ponce, quien falleció en 2006. En 2007 ingresaron a la corporación Alejandro Pérez Rodríguez, ex gerente general de Celco, y Luis Ernesto Videla, ex gerente general de LAN Chile, también fallecido.
Compra y venta
El lucro es el tema en el que se tienen puestos los ojos. La educación puede dejar sabrosas utilidades, sobre todo la universitaria. En el último tiempo, el monto de las transacciones de centros educacionales privados ha impactado al mercado por las utilidades que pueden dejar. Por ejemplo, en 2009 Juan Hurtado y Linzor Capital pagaron 70 millones de dólares por el 60 por ciento de la Universidad Santo Tomás. El grupo estadounidense Apollo invirtió 40 millones de dólares por la Uniacc (2008), y los estadounidenses de Laureate entregaron cerca de 250 millones de dólares en la compra de las universidades Andrés Bello (2003) y Las Américas (2006). Esto, por nombrar algunas transacciones.
Académicos y educación pública
Frente al debate nacional sobre una reforma a la Educación Superior, 1006 académicos de la Universidad de Chile manifestaron públicamente su compromiso con la defensa de la educación y la misión de las universidades estatales.
Destacaron que las universidades chilenas, comparado con otras naciones, reciben el aporte más bajo por parte del Estado, llevando a la privatización de sus funciones y generando dificultades para cumplir su misión. Además, recalcaron el exagerado aporte familiar al financiamiento a la educación superior (73% del total) si se compara con la media de la OCDE (16%), lo cual se traduce en hipotecar el futuro de una generación joven al someterla a un fuerte endeudamiento. Los docentes consideran que para en una educación seria sobre reformas a la educación, se debe considerar un aumento significativo del aporte del Estado.
No es ningún pecado
Al ser consultado en un programa de televisión, el ministro Lavín aseguró haber recuperado la inversión hecha en la Universidad del Desarrollo. Esto generó críticas hacia el ministro, cuestionando su legitimidad en el cargo. Rápidamente, Víctor Pérez, secretario general de la UDI, defendió la participación de Lavín en la UDD. "Este no es ningún pecado. Por el contrario, se trata de una institución que ha aportado al desarrollo del país", argumentó.
El senador UDI lamentó que se cuestionara a Lavín agregando que "en la izquierda hay varios dirigentes que tienen participación en universidades privadas, lo que demuestra que este no es el problema de fondo, si es que todos los actores somos consecuentes y coherentes".
Pérez aseguró que "acá el tema tiene que ver con la forma de financiamiento de la educación superior y la calidad que se entrega, y esto tenemos el deber de discutirlo. Para entrar en ese diálogo no son necesarias las marchas violentas, las tomas de colegio y de las universidades. Lo que se requiere es real voluntad para sentarse a la mesa y a debatir con propuestas serias y responsables".
Según plantea María Olivia Mönckeberg en "El negocio de las universidades en Chile", el 2 de agosto de 1991 se constituyó la Inmobiliaria Ainavillo, con un capital inicial de 30.500.000 pesos, formada por Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy y Cristián Larroulet.
En 1994 "Ainavillo fue modificada y cuatro sociedades de papel reemplazaron a las personas naturales en calidad de socias: Estudios Económicos Limitada, sociedad constituida por Joaquin Lavín, quedó con un 17,1 por ciento; Inversiones El Otoñal S.A. de Cristián Larroulet, aumentó al 20 por ciento; Inversiones Sydarta Limitada, de Ernesto Silva Bafalluy subió a 22,7 por ciento; Inversiones El Estribo, de Federico Valdés, quedó con 10,4, y Administraciones e Inversiones Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con 16,6 por ciento".
Desalojo y mano dura
Los estudiantes secundarios, también participan de las movilizaciones. Al igual que lo hicieron los pingüinos en 2006, no se han quedado atrás con las demandas y de forma enérgica se han plegado a las movilizaciones y tomas, exigiendo una mejora en la educación, el fin de la municipalización y el término del lucro.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se refirió a las tomas de los colegios, indicando que "un grupo minoritario tiene secuestrado al 90 % del alumnado que sí quiere estudiar, que es esa mayoría silenciosa que no se atreve a entrar a clases".
Agregó que "les estamos demostrando que estamos interesados, que no queremos la política del desalojo, pero si siguen en esta línea vamos a tener que ver otras medidas, que no tienen por qué ser el desalojo pero que obviamente van a tener un costo alto para la comunidad escolar", concluyó.
Por su parte el alcalde de Providencia, comuna que junto con la de Santiago Centro concentran la mayor cantidad de colegios emblemáticos, ha sido más severo, ya ha ordenado el desalojo de varios establecimientos, los cuales han vuelto ha ser tomados por los alumnos.
El militar en retiro dijo que "hay que ponerle orden al cuento. El ministro me demostró que existe voluntad de formar una mesa de diálogo, pero donde estén los alcaldes, porque somos nosotros los sostenedores".
Añadió que en las mesas de diálogo también debiesen estar "los padres y apoderados de estros niños, que no tienen edad para estar manejando el país, el orden y la educación".
Además, defendió el régimen educacional que existe en el país asegurando que "la municipalización debería seguir. Lo que hay que hacer es corregir algunas cosas".
Colegio alternativo
El Mineduc habilitó 20 establecimientos en la Región Metropolitana para que asistan a clases los alumnos que rechazan las movilizaciones de los estudiantes secundarios.
"Fundamentalmente son colegios en la zona céntrica de Santiago y estamos buscando ahora colegios en el resto de la región y también fuera de Santiago. Se trata de colegios particulares subvencionados y también colegios municipales", señaló el ministro Lavín.
"Sabemos que así como hay alumnos que presentaron recursos de protección porque quieren clases, hay otros que no están organizados, que no tienen voz, pero que nos han hecho llegar sus sentimiento de que no quieren perder clases y para ellos es este plan", dijo el secretario de Estado.
Los estudiantes secundarios continúan movilizados y convocaron a una marcha nacional para el jueves 23 de junio.
