Mucha evidencia se ha acumulado para demostrar que este pseudo mercado no funciona. Las investigaciones muestran que la probabilidad de elegir por mejor desempeño depende del sexo del hijo, la distancia, la cantidad de escuelas alrededor y el nivel socioeconómico de las familias, entre otros factores. La conclusión-propuesta suele ser que hay que entregar mejor información a los padres. Sin embargo, los semáforos SIMCE evidenciaron que no hay consenso sobre qué significa “mejor información para elegir”.
En nuestro modelo, la posibilidad de elegir escuela es pieza clave. En el contexto de las movilizaciones, vale la pena repensar el trasfondo de esto. Como reflexiona el historiador Iván Núñez, la municipalización se pensó como una transición para la privatización del sistema educativo. El motor de este sistema sería la posibilidad de elección de las familias.
El supuesto: los padres escogerán los establecimientos de mejor calidad y así, sólo persistirán los de mejor desempeño y los malos cerrarán, tal como ocurre con las empresas.
Mucha evidencia se ha acumulado para demostrar que este pseudo mercado no funciona. Las investigaciones muestran que la probabilidad de elegir por mejor desempeño depende del sexo del hijo, la distancia, la cantidad de escuelas alrededor y el nivel socioeconómico de las familias, entre otros factores. La conclusión-propuesta suele ser que hay que entregar mejor información a los padres. Sin embargo, los semáforos SIMCE evidenciaron que no hay consenso sobre qué significa “mejor información para elegir”.
A nuestro juicio, el mercado se ha entrometido en un campo donde no debe existir.
Valentín Letelier en el año 1890 declaraba: “la educación no es un bien de consumo, ni los profesores son productores de una industria, ni los estudiantes son consumidores”. Ante las ideas (aún vigentes) de que esta industria puede ser tan libre, que cualquiera pueda establecer una escuela y que además, es posible suponer que las familias tienen competencias para distinguir la calidad educativa de los establecimientos, Letelier señala que “el que no tiene instrucción alguna, carece de capacidad para distinguir entre enseñanza y enseñanza… una industria se establece además cuando la reclama el consumo y el consumo la reclama en función de necesidades. Lo contrario ocurre con la enseñanza, cuanto mayor es la ignorancia tanto más se necesita la instrucción y tanto menos se siente su necesidad…Según la ley de oferta y demanda, cuando el Estado no interviene, la iniciativa particular mejora la enseñanza y funda escuelas donde quiera se las necesita. Pero en el hecho ocurre una cosa diferente: las escuelas se abren en las más grandes poblaciones donde es mayor la cultura y menor la necesidad y no en las poblaciones más atrasadas donde es mayor la necesidad por ser menor la cultura. No son entonces éstas empresas industriales sujetas a la ley de la oferta y el pedido, sino empresas morales sujetas a las necesidades de la cultura”1.
El problema es el mercado. En corto: los padres no eligen por calidad; no todos tienen las mismas oportunidades para elegir; existe información asimétrica; la calidad no refiere solo a logros académicos; hay aristas relevantes del proceso educativo que no son mensurables; la demanda es inelástica, es decir, los padres no buscan pagar menos, sino que hacen lo imposible por pagar lo que puedan en la educación de sus hijos por la falsa idea, al igual que con los bienes de consumo, de que mientras más caro es de mejor calidad. Esto último, sumado al copago y la inequidad territorial, son la base de la exorbitante segregación de nuestro sistema escolar.
Y ahora ¿qué hace el Estado? Hay dos miradas posibles, que en el fondo son irreconciliables.
Una es pensar que el problema son las fallas de mercado y que el Estado debe corregirlas, tal como el gobierno propone. En este caso, el debate es sobre qué cosas y hasta qué punto el Estado debe entrometerse. Ejemplos de estas políticas son que el Estado propenda calidad ya que el mercado no lo hace; reducir asimetrías de información entre instituciones y familias; crear acreditación o indicadores pero sin consecuencias plausibles en caso de incumplimiento. Si se avanza en este razonamiento, también se concluye que se requiere una Educación Pública. Las razones para esto: mejorar la competencia, asegurar el acceso a quienes no cumplen los criterios de selección de los privados y fortalecer la libertad de enseñanza, pues debe existir una oferta pública dentro del abanico de posibilidades elegibles. Es decir, bajo este esquema, la Educación Pública cumple un rol subsidiario y de reemplazo en aquellos espacios donde el privado no se hace cargo. Por tanto, no preocupa que la matrícula municipal caiga bajo un 40%.
Cabe preguntarse por la posibilidad de lograr calidad en un sistema segregado. La política estadounidense de “separados pero iguales”, fue desechada hace 60 años. Pero esto es una tercera derivada de reflexión a la que muchos de los que apoyan esta vía, no están dispuestos a llegar.
En esta lógica, Patricio Meller menciona que “cuando los dirigentes estudiantiles emplazan al gobierno pidiéndole una visión y estrategia respecto de le educación superior, es decir, ¿cuál es el proyecto educativo chileno?, ¿para qué se quiere la educación superior?,… ni siquiera entienden las preguntas. No hay política de Estado respecto de la Educación y ¡creen que no la necesitan!”
La otra mirada, es asumir que la educación no puede pensarse como un bien de consumo provisto por un mercado. Esto significa que el Estado toma las riendas para garantizar calidad, fija los precios, que a nivel escolar deben ser cero, e interviene directamente reservándose un sitial privilegiado para entregar Educación Pública, porque entiende que existen valores irrenunciables de democracia, integración, igualdad y justicia que no es posible defender vía el mercado. Como dice Fernando Atria, la provisión en el mercado es contingente al acuerdo que exista entre el oferente y el demandante, pero la educación es un derecho y debe estar siempre disponible y sin condición alguna para quien la demande. Esta es una condición inexigible al sector privado. En segundo lugar, porque debe existir un proyecto educativo de interés común e integrador, así como un proyecto de escuela pública que transmita los valores que conjuntamente como sociedad hemos decidido impulsar. Esto tampoco es exigible al sector privado. Bajo este esquema, que la matrícula del sector público caiga, resulta alarmante y una gran pérdida para el país.
Vemos con tristeza el deterioro de la Educación Pública y con esperanza el que este tema adquiera relevancia en el debate público. Esperamos que el movimiento estudiantil genere una convicción profunda sobre su valor en la ciudadanía y en particular, en los elegidos para legislar sobre ella. Se necesita cabeza y corazón sobre la mesa para defenderla.
. http://www.eldinamo.cl/blog/el-problema-es-el-mercado-entrometido-en-la-educacion-%C2%BFy-que/
