“Quizás los libros que entregamos tienen el papel de un gramaje un poquito más bajo que el que las editoriales entregan en las librerías, pero no es más que eso”.
(Loreto Fontaine) *
Que en Chile existe una educación para ricos y otra para pobres es un hecho de la causa que ya no se discute, lo que indigna la conciencia democrática de cualquier ciudadano es que esta disparidad se dé al amparo y protección del propio Estado, como quedó demostrado a raíz de una denuncia de privados ante la Fiscalía Nacional Económica, por una posible colusión entre las editoriales que venden los textos escolares a la mayoría de la población.
No es solamente un problema de impresión
La denuncia en cuestión, efectuada por apoderados de colegios particulares, se refiere al alto costo de los textos escolares de la editorial Santillana y SM, los de mayor circulación y los más demandados en las listas escolares. Según los demandantes, los textos que se comercializan entre 18 y 25 mil pesos tendrían diferencias en librerías inferiores a 200 pesos, situación a todas luces irrisoria. Pero, a su vez, la denuncia destapó otro escándalo, resulta que las editoriales mencionadas son a su vez las proveedoras de los libros que compra el Estado para su distribución gratuita en los centros financiados por éste, que representa el 93% del alumnado nacional. Ahora bien, si los textos que entrega el MINEDUC tienen un valor unitario de alrededor de 1500 pesos, la pregunta era, porqué libros fabricados por las mismas editoriales, para los mismos cursos tienen diferencias de hasta 16 veces su valor. Será acaso, se preguntará alguien ingenuo, que los libros que entrega el Estado son de menor calidad que aquellos que se venden a los sectores más acomodados. Las reacciones para negar el hecho vinieron rápidas, tal vez demasiado rápidas, el Pte. del Panel de Expertos para una Educación de Calidad (1), Harald Beyer señaló a La Segunda, “el libro que venden las editoriales es básicamente el mismo en términos de contenidos que el del MINEDUC, aunque de menor calidad en fotografía e impresión” (2). Lo cierto que las diferencias son un poco más acentuadas que la calidad del papel o la impresión como plantea el también asesor del Mins. de Defensa, los libros para pobres tienen menos ejercicios, menos referencias a sitios web, contenidos menos profundos, en definitiva, tienen en promedio menos de 100 páginas en relación con sus pares, los libros para ricos.
Haber, si hay colusión de precios, será un tema que lo dilucidará la autoridad competente, lo que sí es evidente, es que el Estado está entregando material de mala calidad al 93% de la población estudiantil, y eso lo saben los profesores, jefes técnicos, en definitiva todos aquellos que se dedican al ejercicio de la educación. Sería injusto imputarle a este gobierno todo el problema, esto lo cimentó la Concertación, pero llama la atención la pronta respuesta que entregaron las autoridades del MINEDUC, para defender el negocio de las editoriales. El gobierno debe y tiene la obligación de cautelar, no sólo el correcto uso de los dineros públicos, sino además debe posibilitar que los textos que entrega a jóvenes de menores recursos sean similares en contenidos, referencia y tablas de ejercicios que los que compran los sectores más acomodados del país. Sería importante una reacción colegiada de los rectores de universidades, federaciones y agrupaciones de estudiantes y, se echa de menos, la opinión del Colegio de Profesores.
* Loreto Fontaine, Jefa Unidad de Curriculum, MINEDUC. La Segunda 15 de marzo 2011.
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