¿De qué hablamos cuando debatimos sobre el lucro?

La lucha política es en primer lugar un debate en torno a la existencia de un problema para luego discutir cuál es su definición. Sólo entonces se abren los caminos de la solución. Durante décadas el sistema político consideró que la educación no era un problema. Se reconocía, naturalmente, que existían deficiencias pero se sostenía que el país estaba en camino de superarlas con medidas como el copago, la extensión de la jornada escolar, y el desarrollo de un sistema de becas y préstamos basados en la intermediación financiera.
Testimonio elocuente de esta situación fue sin duda que el programa de gobierno de la luego Presidenta de la República Michelle Bachelet se restringía a proponer una iniciativa para la educación preescolar y que en el discurso del 21 de mayo del 2006, la educación no fue un tema central de su discurso. La rebelión pingüina iniciada poco después cambió radicalmente esta situación. El “no problema” fue empujado a la arena política y se colocó en el centro de la agenda pública y gubernamental. Finalmente, la demanda estudiantil fue “reelaborada” por el sistema político y se perdió en las negociaciones políticas. Fue necesaria una nueva movilización estudiantil para reponerla en la Agenda Nacional.
¿Pero cuál es el problema educacional que enfrentamos?
En el discurso el gobierno sostiene que el problema de fondo es la calidad. No obstante sus proposiciones de política hacen caso omiso de este diagnóstico. Su atención se centra en la defensa del “emprendimiento”, en la libertad de elección que supuestamente el actual sistema garantizaría y en la reducción de la carga financiera que fue sin duda el detonante de la movilización estudiantil y que puede según el Gobierno puede escapar de todo control.
A un año y medio de gobierno, ha ido quedando claro que el Gobierno tiene como objetivo central abrir negocios para el empresariado, principal “constituency” del actual gobierno. Esta política ha quedado en evidencia en salud, al priorizar la compra de servicios caros al sector privado en detrimento de una política agresiva de inversión en instalaciones y en recursos humanos del sector público. Pero es en educación donde el gobierno ha concentrado la defensa del “emprendimiento”. En el Senado el ministro Bulnes señaló: “Creemos en un sociedad docente, donde participe tanto el Estado como los particulares. Respecto a los particulares, es fundamental que intervengan en el ámbito de la educación no sólo inspirados en motivos religiosos y filantropía, sino que también con un ánimo de emprendimiento”
El ministro no se hace cargo de la educación basura que ha producido ese sistema; tampoco de que los efectos benéficos de la prestación privada de servicios de educación no operan pues las familias no pueden evaluar la calidad de la enseñanza y en consecuencia colapsa el mecanismo competitivo en que se fundan esos efectos benéficos. En este contexto, el lucro no genera calidad sino segmentación. Tampoco se hace cargo el ministro del hecho de que entre las 100 mejores universidades del mundo no hay universidades con fines de lucro. Nada dice de la importancia que la escuela pública en los países europeos que dice admirar, para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades.
Más recientemente y como efecto de una contraofensiva de los sectores más retrógrados de la UDI se ha relevado la libertad de opción que el fin del lucro negaría a las familias. Quienes han tenido la experiencia de buscar colegios para sus hijos saben que ni siquiera aquellos pertenecientes al 7% que acceden a los colegios pagados tienen posibilidades de elegir colegio y están obligados a “elegir” el colegio en que se educaron ellos (los padres); de lo contrario se corre el riesgo de que sus hijos queden excluidos de los colegios de su preferencia. Para el resto, la elección se reduce a elegir entre un colegio municipal malo y un colegio subvencionado igual de malo que sólo se diferencia del primero en que implica costos adicionales para la familia. En efecto, los datos demuestran que la principal variable explicativa de los resultados de distintos tipos de colegios es el origen socioeconómico.
Lo indefendible de estas posiciones lleva al Gobierno a decir que el fin del lucro es sinónimo de estatización de la educación y que comprometería 4500 colegios particulares subvencionados. Nadie pretende terminar con las universidades y colegios privados sin fines de lucro. Más aún, preocupación central de los estudiantes, de los personeros de la oposición y de senadores de la coalición de gobierno como son la senadora Lily Pérez y Carlos Cantero ha sido elaborar fórmulas para que en un período razonable los colegios con fines de lucro se transformen en corporaciones sin fines de lucro para así impulsar su proyecto educativo.
¿Cuál es por el contrario la visión de los estudiantes del problema educacional?
Denuncian la desigualdad en los mecanismos de acceso a la educación superior, que segrega a la población estudiantil en instituciones de diversa índole discriminándola por nivel socioeconómico y no por las capacidades ni habilidades de los estudiantes. Consideran que existen instituciones educativas que “utilizan los sueños de miles de familias chilenas” como medio para obtener un fin de lucro. Tras esta situación constatan una concepción de la educación vista como bien de consumo. La CONFECH denuncia además el uso por parte de estas entidades de publicidad engañosa, a vista y paciencia de las autoridades para generar falsas expectativas en los estudiantes, frustrando así la posibilidad única de desarrollar plenamente sus capacidades. El sistema educacional debilita además las posibilidades de solventar las instituciones de educación pública, impidiendo que cumplan con su misión respecto del desarrollo local y nacional y las hace competir de manera injusta con las instituciones privadas. Los bajos salarios, los altos aranceles  dificultan el acceso a la educación obligando a un endeudamiento con la banca privada que hipoteca su futuro.
Las demandas estudiantiles se enmarcan en el sistema educacional. No obstante, su dirección implica un cuestionamiento global del modelo económico social en que se inserta. En efecto, la propuesta implica conceptualizar a la educación como un derecho básico garantizado por el ordenamiento constitucional. De esta manera, se obliga al Estado servir de garante de una educación de calidad. Sobre esta base se estructuran el resto de las demandas. El Estado debe en primer lugar, garantizar un financiamiento a las universidades que permita el cumplimiento de la obligación constitucional.
Al constituirse la educación en un derecho, ello obliga a que sea el Estado el que financie la educación de manera de asegurar que los chilenos acceden y reciben una educación igualitaria y de calidad. El carácter de derecho de la educación, obliga a sacarla del mercado y en consecuencia hace necesario eliminar el lucro. Al eliminar el lucro, entendido como remuneración del capital, se excluye de la prestación de este servicio a quienes buscan ganancia en esta actividad. Esto no implica que el sector privado se abstiene de participar; por el contrario, se hace posible que entidades privadas sin fines de lucro puedan operar en el sistema e incluso obtener financiamiento público en la medida que cumplan con los requisitos señalados por la ley. Esta concepción genera dos consecuencias importantes: elimina a los bancos como operadores en el sistema y obliga a expandir sustantivamente la recaudación tributaria, por las mayores exigencias de financiamiento que genera el nuevo sistema.
Es recién sobre esta base, que aparece el tema de la calidad. No es la calidad el centro del problema. Por el contrario, el abordaje efectivo de la calidad de la educación se hace posible al redefinir la educación desde su conceptualización como bien de consumo hacia su concepción como derecho, desde un sistema estructurado en torno a un rol creciente de la educación privada con fines de lucro a un sistema público (no solo estatal) y desde una institucionalidad basada en el la municipalidad y el prestador privado, que por tanto refleja las diferencias sociales a una sistema nacional que garantiza la igualdad sobre esa base la calidad de la educación.
Para los estudiantes es claro que se trata de un cambio mayor. Esto implica resolver que sucede con la población estudiantil que está adscrita a entidades con fines de lucro, que como se sabe concentran una parte sustancial de los sectores más pobres. Respecto a eso, a través de diferentes medios, los estudiantes han propuesto ofrecer a los propietarios de los establecimientos la posibilidad de constituirse en entidades sin fines de lucro y sobre esa base iniciar el proceso de transformación. No obstante su apuesta fundamental es a favor de la expansión sustancial del sistema público tanto a nivel universitario como técnico y escolar.
Estas son las dos visiones que se encontrarán el día sábado en la reunión entre el Presidente y los estudiantes. ¿Será capaz el Primer Mandatario de llegar a un acuerdo con los estudiantes y pasar así a la historia como artífice del sistema educacional del futuro?


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El Autor:


Es Doctor en Ciencias Económicas y Sociales y Director Área de Regulación de la Fundación Chile 21. Sus áreas de especialización son reforma del Estado, políticas públicas, regulación de infraestructura y competencia. Ha sido, presidente de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios, Jefe de Regulación del Ministerio de Economía y consultor de CEPAL, BID, BANCO MUNDIAL y del PNUD. Se desempeñó como profesor titular del CIDE México. Ha publicado varios libros y artículos en revistas especializadas.