09:32 | Un mes se cumplió de la toma que efectúan los alumnos de la Universidad de Tarapacá en la ciudad. El presidente del centro de alumnos, Felipe Higueras, dice que el lunes podría haber novedades.
Para el lunes esperan tener una respuesta concreta de parte del vicerrector de la Universidad de Tarapacá sede Iquique, Eduardo Gálvez Soto, los alumnos de esta entidad educacional, respecto de deponer la toma de las dependencias, que ya cumplió un mes.
Según indicó el presidente del centro de alumnos de esa casa universitaria, Felipe Higueras sostienen una serie de reuniones con el académico, por lo cual sólo entonces tendrán una posición oficial sobre el tema.
Cabe señalar, que las negociaciones locales se efectúan, en el marco de la resolución del Consejo Académico de la casa central en Arica, la cual determinó la vuelta a clases para el lunes, decisión que habría sido tomada sin la consideración de los alumnos.
Según indicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá en Arica, Paola Godinez esta decisión fue tomada por el Consejo Académico sin pedir la opinión de los estudiantes, ante lo cual estarían evaluando el tema, a través de asambleas, pero que “el desalojo es un hecho”.
El calendario de actividades de los alumnos, tanto de la Uta como Unap, apoyados por el Colegio de Profesores, considera para hoy una asamblea ciudadana, a partir de las 17 horas, en dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores, Cut.
Para mañana 4 de septiembre, los miembros del Movimiento Estudiantil, convocaron a la comunidad a una marcha familiar, la cual partirá desde Plaza 21 de mayo hasta los estacionamientos de la Universidad Arturo Prat.
Luego de esta marcha, se efectuará, a las 16 se efectuará un show familiar por la educación en el mismo sector de los estacionamientos.
http://www.soychile.cl/Iquique/Sociedad/2011/09/03/36253/La-Uta-mantiene-el-paro-de-actividades-en-Iquique.aspx

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sábado, 3 de septiembre de 2011
La Uta mantiene el paro de actividades en Iquique
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Propiedad y fin al lucro
- LUIS CORDERO VEGA
- Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Fue el coordinador de la reforma a la institucionalidad ambiental, que se tradujo en la dictación de la Ley Nº 20.417
En una entrevista en este medio Rodrigo Delaveau ha sostenido que la eventual eliminación del “lucro” en materia de educacional, implicaría una violación a la Constitución por constituir una medida expropiatoria. La tesis de Delaveau se construye sobre la base de que una decisión legislativa de ese tipo implicaría afectar las “inversiones” y “expectativas” de los dueños de establecimientos educacionales y, en consecuencia, violentando por esa vía “la libertad de enseñanza”.
En mi opinión Delaveau se equivoca, pues nada hay en la Constitución que restringa la posibilidad de que el Congreso decida cambiar las exigencias para quien desea desarrollar proyectos educacionales con fondos públicos.
En efecto, lo que se discute legislativamente hoy en el Congreso es si personas con fines de lucro que desarrollan proyectos educativos pueden o no recibir aportes estatales. La respuesta que pretenden dar los partidarios de esa idea, es que no es posible.
Ampararse en el derecho de propiedad para imponer una suerte de dique frente a la regulación pública como una especie de inmunidad absoluta, es además torcer el propio texto de la Constitución que permite precisamente limitar y restringir la propiedad, sin obligación de indemnización, bajo hipótesis de interés público como sucede en el caso de la regulación en materia educacional.
Esa decisión es legítima, nada dice la Constitución sobre la estructura legal de quienes proveen educación, garantizando la “libertad de enseñanza” como la generación de un proyecto educativo propio, que en caso alguno puede confundirse con la libertad de emprendimiento, como parecieran confundir algunos.
Debe recordarse que esta discusión no es nueva. Las modificaciones a la Ley de Jornada Escolar Completa fue objeto de cuatro impugnaciones en el Tribunal Constitucional (TC). En una de ellas, la tesis de los Parlamentarios requirentes era que la circunstancia de que el Estado estableciera condiciones para recibir las subvenciones era inconstitucional porque violentaba la “libertad de enseñanza” y “el derecho de propiedad”. En esa oportunidad, el TC rechazó la objeción planteada y sostuvo que cuando el Estado otorga subvenciones puede imponer las condiciones que estime pertinentes, sin que por ello se afecte “la libertad de enseñanza”.
El segundo error es creer que exigir una determinada forma jurídica (sin fines de lucro), implicaría afectar el derecho de propiedad, especialmente sobre las inversiones realizadas. La verdad es que hay dos poderosas razones para rechazar ese argumento: el primero, es que la recuperación de una inversión incluso es posible que sea realizada por una entidad sin fines de lucro, de manera que el argumento se torna en inocuo; la segunda, es que la expectativas de ingreso no están amparadas por el derecho de propiedad, pues implicaría igualmente reconocer propiedad sobre expectativas de renta específicas.
El sistema legal chileno está lleno de exigencias organizativas de determinado tipo, en las cuales se exigirán formas diversas según los objetivos de política pública definidos por la ley para lo cual la Constitución reconoce libertad al Congreso. Es el caso de lo que sucedió con el fútbol profesional, en donde entidades derecho privado sin fines de lucro (titulares de una serie de beneficios), debieron convertirse a sociedades anónimas sujetas a intensa regulación pública.
Ampararse en el derecho de propiedad para imponer una suerte de dique frente a la regulación pública como una especie de inmunidad absoluta, es además torcer el propio texto de la Constitución que permite precisamente limitar y restringir la propiedad, sin obligación de indemnización, bajo hipótesis de interés público como sucede en el caso de la regulación en materia educacional.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/03/propiedad-y-fin-al-lucro/
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¿Quién escuchará la voz del pueblo?
Punto Final
El movimiento estudiantil ha mutado en una corriente ciudadana que no se agota en su crecimiento. En medio de su expansión, desarrolla nuevas fuerzas, suma causas y demandas, y reflexiona sobre sí misma. El domingo 21 de agosto cerca de medio millón de personas colapsó el Parque O’Higgins en una jornada por la educación pública; y el jueves 25 de agosto, una marcha de unas 400 mil personas se desplazó por el centro de Santiago. Junto a las consignas acotadas desde mayo pasado al fin del lucro en la educación, a su calidad y gratuidad, nuevos discursos han comenzado a circular, impulsados por decenas de organizaciones sociales que representan múltiples demandas de la sociedad civil.Dentro de la aparente hinchazón de nuevas demandas, que pueden abarcar desde la renacionalización de los recursos naturales, una reforma tributaria, cambios al sistema privado de pensiones, y, por cierto, una educación pública de calidad y gratuita, entre otras, hay un hilo que organiza todas estas aparentemente dispersas demandas en una: el necesario cambio a la actual institucionalidad neoliberal, cristalizada en una Constitución que consagra el devenir económico a los intereses del sector privado y el político, a un modelo binominal escasamente representativo.
Podemos afirmar que esa semana de agosto ha sellado un nuevo avance en el desarrollo de este movimiento. La conferencia de prensa conjunta del jueves 25 de los dirigentes estudiantiles, sindicales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, marcó una nueva forma de hacer política, cuyas principales características están en la fuerza de las bases presentes en las calles y en la pluralidad y heterogeneidad de sus representantes. Pero la gran transformación está en el mismo discurso, que trasciende y pone como piedra de tope a la institucionalidad vigente. Por primera vez en más de veinte años se eleva y extiende un relato crítico que cuestiona el modelo político económico instalado durante la dictadura y vigente hasta estos días. La CUT ha levantado unas pocas demandas. Pero el cumplimiento de ellas significaría el desmantelamiento del modelo de libre mercado. Aun cuando éstas no apuntan, ni mucho menos, a la instalación de un modelo socialista, su simple mención requeriría una transformación radical de las actuales estructuras.
La ciudadanía organizada ha comprendido que la única salida a sus demandas pasa por el cambio de la institucionalidad. Porque la consigna que exige el fin al lucro en la educación requiere, necesariamente, una modificación de las bases, de la esencia, del actual modelo. Si consideramos que el actual sistema educacional está estructurado en torno al mercado, que lo convierte precisamente en un mercado, sólo un cambio estructural desde sus mismos fundamentos y concepción lograría satisfacer las demandas de educación pública de calidad y gratuita.
Trabajadores en las calles
El malestar ciudadano no está acotado a cambios al sistema de educación, aunque sí son compartidos por los millones de padres y apoderados tensionados por el modelo de mercado. Los otros múltiples reclamos que levantan las decenas de organizaciones sociales han sido canalizados, aun cuando los trascienden, en los cinco o seis ejes que ha esbozado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los que apuntan al mismo nudo que contiene el actual modelo de educación. Porque el lucro, que es el fin último del modelo de mercado, cruza todas las actividades sociales y humanas. Cuando los trabajadores exigen el fin del sistema privado de pensiones, un nuevo Código del Trabajo o una salud pública de calidad, apuntan al corazón mismo del modelo que desde hace treinta años se instaló y posteriormente consolidó como sistema para beneficiar a las grandes corporaciones. Aquel pacto entre las elites políticas y empresariales tenía como condición el desmantelamiento del Estado, tanto como ente productivo y a la vez como prestador de servicios. El proceso privatizador, que traspasó al sector privado todas las funciones públicas que respondían a necesidades básicas de la población, convirtió aquellos derechos adquiridos en servicios, en bienes de consumo. Cuando Sebastián Piñera dijo que la educación era “un bien de consumo”, simplemente develó una creencia profundamente arraigada en el pensamiento neoliberal.
Las dos jornadas de protesta han servido de prueba y posterior reflexión para los movimientos sociales. La paralización parcial de las actividades laborales el miércoles 24 se estrelló con problemas endémicos de la organización sindical, desde la baja tasa de sindicalización, la poca capacidad de convocatoria que tiene la actual desgastada y polémica dirigencia de la CUT, así como su vinculación con la Concertación, pero también el temor de los trabajadores a perder sus empleos. Las amenazas levantadas por el gobierno a través de los jefes de servicio público, así como la informalidad y precariedad laboral en el sector privado, dieron cuenta de ese fenómeno.
La fuerza del movimiento ciudadano continúa en manos de las organizaciones y bases estudiantiles. Pero en estos tres meses de convulsiones se han sumado con una velocidad y fuerza inédita todo tipo de asociaciones, desde las medioambientales, de género, vecinales y políticas, las que surgen tanto en los barrios pobres como en los de clase media. Todas ellas en un proceso de creación de orgánicas y de profunda reflexión política. En todas ellas se comparte con especial intensidad el cambio a la actual institucionalidad.
El legado de la Concertación
Al observar los reclamos levantados por la CUT y las organizaciones sociales -todos o cualquiera de ellos tal vez objeto de reformas más o menos profundas en un modelo capitalista-, en Chile serían objeto de un cambio radical, de una revolución. Porque todo el patrón económico no sólo está atado a la misma Constitución neoliberal, sino la institucionalidad edificada durante los últimos veinte años se ha modelado según las necesidades de las grandes corporaciones. Los múltiples tratados comerciales o de inversión extranjera se suscribieron para amparar en esta tierra las operaciones de las grandes corporaciones. Un cambio al sistema de fondos de pensiones y de Isapres, muchas en manos de consorcios extranjeros, traería sin duda una reacción de grandes proporciones.
El caso de la educación es sólo uno más entre muchos, aun cuando muy emblemático. Hacia finales de diciembre pasado, en pleno proceso de postulación a las universidades, el Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES), publicó que las 58 casas de estudio que entregaron sus datos obtuvieron ingresos, en 2009, por más de cinco mil millones de dólares. Una cifra impresionante y, como sucede en otros mercados, también muy concentrada: las cuatro primeras universidades del ranking de ventas controlan el 40 por ciento del mercado. Los estudiantes hoy luchan contra poderes de estas magnitudes.
Durante los años de la Concertación, los sucesivos gobiernos, en medio de la fiebre de la globalización comercial impulsada por los organismos financieros internacionales y la Organización Mundial de Comercio, firmaron unos cincuenta tratados comerciales y de inversiones, entre los que destacaron los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y China. Prácticamente toda la política exterior de esos gobiernos se apoyó en la apertura comercial y la desregulación de los mercados, cuyos efectos son, precisamente, los motivos del malestar e indignación ciudadana.
Tras unas tres décadas de crecimiento de este modelo, es posible afirmar que Chile es uno de los países del mundo más desregulados y más abiertos comercialmente, lo que significa también que es una nación que ha entregado toda su institucionalidad a los intereses de las grandes corporaciones. Es por ello que durante décadas fue el “modelo” para Latinoamérica y el mundo, un artificio publicitario que sólo tuvo cámaras para las grandes corporaciones y sus espurias estadísticas. Cuando la realidad se impone sobre la publicidad, las tasas de crecimiento económico, las ganancias corporativas o las mismas estadísticas de empleo (precario) sólo refuerzan el proceso de concentración de la riqueza y de aumento de la desigualdad.
Chile se ha construido sobre la base de la conveniencia de los grandes inversionistas y del esfuerzo y expoliación de sus ciudadanos. Esta figura, durante décadas disimulada por los aparatos comunicacionales de los gobiernos, los medios y la publicidad, hoy surge y se exhibe en toda su impudicia. La obscenidad de las estadísticas de la desigualdad ha copado las redes sociales y el habla cotidiana.
Una derecha cristalizada
Como un extraño recodo de la historia, es la misma derecha que instaló el modelo la que hoy se estrella con sus consecuencias. Pero ya parece tarde para desmantelar un monstruo cuyas garras se hunden a través de todo el tejido social. La derecha, que ha regresado al poder ejecutivo tras veinte años en el cogobierno binominal, que volvió para exprimir los espacios aún olvidados por el mercado, ha comenzado a constatar que ya no quedaba ni mercado ni consumidores.
La respuesta que entregó el gobierno a las exigencias estudiantiles es una muestra clara de la estrechez de movimiento que tiene. Aumento de becas, rebaja de tasas de interés y condonación a deudores morosos simplemente apuntan a morigerar algunos de los múltiples efectos nocivos que una educación basada en el mercado y el lucro provocan en sus consumidores. El gobierno, relacionado hasta sus más profundas raíces con el gran empresariado, no puede y no quiere alterar la concepción mercantil de la economía, porque sería atentar contra sus propios intereses, contra el motivo de estar en el gobierno. La derecha y el conservadurismo están en la política para cuidar sus privilegios.
La historia no sólo parece tener curvas, también pliegues y arrugas de difícil extensión. La derecha llega al gobierno con una sola idea: más mercado, lo que la paraliza ante cualquier otro guión. El gobierno de Piñera, lleno de intereses empresariales, no sólo no puede acceder a las demandas de la calle por sus evidentes conflictos de interés, sino también por el peso insoportable de la institucionalidad económica.
El clamor ciudadano trasciende sus propias demandas. Porque sus requerimientos, por reformistas que parezcan, son, ante la cristalizada institucionalidad neoliberal, revolucionarios. No porque aspiren a un sistema socialista, sino porque pasan, necesariamente, por la ruptura institucional. Las gruesas capas que han solidificado la Constitución de Pinochet, desde el reforzamiento de Ricardo Lagos hasta los múltiples acuerdos comerciales y legislativos, convierten a este cuerpo neoliberal en un nudo gordiano a prueba de los más valientes.
Gobierno sin rumbo
El gobierno de Piñera, en este brete, no tiene ni tendrá una respuesta que logre satisfacer las demandas estudiantiles y ciudadanas. No desmantelará la concepción de mercado en la educación, como tampoco lo hará en el sistema de salud o previsional, ni tocará las grandes líneas de la ley laboral. No lo hará al menos por dos grandes motivos: Piñera está en La Moneda para cautelar los intereses de la derecha económica, aquella misma que hace 38 años empujó a los militares a dar el sangriento golpe de Estado. El otro motivo tiene relación con la institucionalidad levantada por la dictadura hace treinta años, sobre la cual se han erigido enormes fortunas. Este poder, que se expresa a través de los partidos de la Coalición por el Cambio, en las figuras del mismo gobierno y por los medios de comunicación corporativos, hará cualquier cosa para mantener elstatu quo.
Hay también otro factor, que deriva de la misma figura del presidente. Es un inversionista, un especulador, pero no es un estadista. Su programa inicial, aquel gobierno de excelencia, tuvo en la mira una simple gestión de la institucionalidad neoliberal instalada hace treinta años y conducida durante veinte por la Concertación. Piñera es incapaz de traspasar o alterar esa condición de administrador.
Tal vez lo único que puede hacer hoy es administrar la crisis. Pero es una opción muy riesgosa, que ya da graves muestras de error. En pocas semanas, ante la explosión ciudadana, la policía ha dado señales de una extrema violencia, con millares de detenidos, centenares de heridos, allanamientos y un adolescente asesinado. Y en esta misma dirección, la televisión pública, seguida muy de cerca por los medios empresariales, junto con criminalizar al movimiento ciudadano, ha comenzado a despertar a los peores fantasmas de la historia reciente. De continuar este proceso, los grandes perjudicados serán los ciudadanos y, por cierto, el gobierno, ya bastante castigado incluso por sus mismos electores.
La prensa de derecha insiste en la capacidad de la oposición para desarmar el movimiento ciudadano. Pero no sabe, o no quiere saber, que las organizaciones sociales están desde hace mucho tiempo alejadas de la Concertación, relación que se ha traspasado a la ciudadanía. No sólo en 2009 el electorado no votó por la Concertación, sino que hoy las encuestas le entregan aún menos apoyo que al gobierno. Tal vez la única salida que tiene la oposición es canalizar las demandas ciudadanas, que la llevarían por el necesario desmantelamiento institucional, a un quiebre. Ante el nuevo escenario político expresado en las calles no le queda otra opción que reestructurar su misma concepción de la política. Esto significa abrirse y acoger la voz del pueblo.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 741, 2 de septiembre, 2011
www.puntofinal.cl
Podemos afirmar que esa semana de agosto ha sellado un nuevo avance en el desarrollo de este movimiento. La conferencia de prensa conjunta del jueves 25 de los dirigentes estudiantiles, sindicales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, marcó una nueva forma de hacer política, cuyas principales características están en la fuerza de las bases presentes en las calles y en la pluralidad y heterogeneidad de sus representantes. Pero la gran transformación está en el mismo discurso, que trasciende y pone como piedra de tope a la institucionalidad vigente. Por primera vez en más de veinte años se eleva y extiende un relato crítico que cuestiona el modelo político económico instalado durante la dictadura y vigente hasta estos días. La CUT ha levantado unas pocas demandas. Pero el cumplimiento de ellas significaría el desmantelamiento del modelo de libre mercado. Aun cuando éstas no apuntan, ni mucho menos, a la instalación de un modelo socialista, su simple mención requeriría una transformación radical de las actuales estructuras.
La ciudadanía organizada ha comprendido que la única salida a sus demandas pasa por el cambio de la institucionalidad. Porque la consigna que exige el fin al lucro en la educación requiere, necesariamente, una modificación de las bases, de la esencia, del actual modelo. Si consideramos que el actual sistema educacional está estructurado en torno al mercado, que lo convierte precisamente en un mercado, sólo un cambio estructural desde sus mismos fundamentos y concepción lograría satisfacer las demandas de educación pública de calidad y gratuita.
Trabajadores en las calles
El malestar ciudadano no está acotado a cambios al sistema de educación, aunque sí son compartidos por los millones de padres y apoderados tensionados por el modelo de mercado. Los otros múltiples reclamos que levantan las decenas de organizaciones sociales han sido canalizados, aun cuando los trascienden, en los cinco o seis ejes que ha esbozado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los que apuntan al mismo nudo que contiene el actual modelo de educación. Porque el lucro, que es el fin último del modelo de mercado, cruza todas las actividades sociales y humanas. Cuando los trabajadores exigen el fin del sistema privado de pensiones, un nuevo Código del Trabajo o una salud pública de calidad, apuntan al corazón mismo del modelo que desde hace treinta años se instaló y posteriormente consolidó como sistema para beneficiar a las grandes corporaciones. Aquel pacto entre las elites políticas y empresariales tenía como condición el desmantelamiento del Estado, tanto como ente productivo y a la vez como prestador de servicios. El proceso privatizador, que traspasó al sector privado todas las funciones públicas que respondían a necesidades básicas de la población, convirtió aquellos derechos adquiridos en servicios, en bienes de consumo. Cuando Sebastián Piñera dijo que la educación era “un bien de consumo”, simplemente develó una creencia profundamente arraigada en el pensamiento neoliberal.
Las dos jornadas de protesta han servido de prueba y posterior reflexión para los movimientos sociales. La paralización parcial de las actividades laborales el miércoles 24 se estrelló con problemas endémicos de la organización sindical, desde la baja tasa de sindicalización, la poca capacidad de convocatoria que tiene la actual desgastada y polémica dirigencia de la CUT, así como su vinculación con la Concertación, pero también el temor de los trabajadores a perder sus empleos. Las amenazas levantadas por el gobierno a través de los jefes de servicio público, así como la informalidad y precariedad laboral en el sector privado, dieron cuenta de ese fenómeno.
La fuerza del movimiento ciudadano continúa en manos de las organizaciones y bases estudiantiles. Pero en estos tres meses de convulsiones se han sumado con una velocidad y fuerza inédita todo tipo de asociaciones, desde las medioambientales, de género, vecinales y políticas, las que surgen tanto en los barrios pobres como en los de clase media. Todas ellas en un proceso de creación de orgánicas y de profunda reflexión política. En todas ellas se comparte con especial intensidad el cambio a la actual institucionalidad.
El legado de la Concertación
Al observar los reclamos levantados por la CUT y las organizaciones sociales -todos o cualquiera de ellos tal vez objeto de reformas más o menos profundas en un modelo capitalista-, en Chile serían objeto de un cambio radical, de una revolución. Porque todo el patrón económico no sólo está atado a la misma Constitución neoliberal, sino la institucionalidad edificada durante los últimos veinte años se ha modelado según las necesidades de las grandes corporaciones. Los múltiples tratados comerciales o de inversión extranjera se suscribieron para amparar en esta tierra las operaciones de las grandes corporaciones. Un cambio al sistema de fondos de pensiones y de Isapres, muchas en manos de consorcios extranjeros, traería sin duda una reacción de grandes proporciones.
El caso de la educación es sólo uno más entre muchos, aun cuando muy emblemático. Hacia finales de diciembre pasado, en pleno proceso de postulación a las universidades, el Servicio de Información de la Educación Superior del Mineduc (SIES), publicó que las 58 casas de estudio que entregaron sus datos obtuvieron ingresos, en 2009, por más de cinco mil millones de dólares. Una cifra impresionante y, como sucede en otros mercados, también muy concentrada: las cuatro primeras universidades del ranking de ventas controlan el 40 por ciento del mercado. Los estudiantes hoy luchan contra poderes de estas magnitudes.
Durante los años de la Concertación, los sucesivos gobiernos, en medio de la fiebre de la globalización comercial impulsada por los organismos financieros internacionales y la Organización Mundial de Comercio, firmaron unos cincuenta tratados comerciales y de inversiones, entre los que destacaron los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y China. Prácticamente toda la política exterior de esos gobiernos se apoyó en la apertura comercial y la desregulación de los mercados, cuyos efectos son, precisamente, los motivos del malestar e indignación ciudadana.
Tras unas tres décadas de crecimiento de este modelo, es posible afirmar que Chile es uno de los países del mundo más desregulados y más abiertos comercialmente, lo que significa también que es una nación que ha entregado toda su institucionalidad a los intereses de las grandes corporaciones. Es por ello que durante décadas fue el “modelo” para Latinoamérica y el mundo, un artificio publicitario que sólo tuvo cámaras para las grandes corporaciones y sus espurias estadísticas. Cuando la realidad se impone sobre la publicidad, las tasas de crecimiento económico, las ganancias corporativas o las mismas estadísticas de empleo (precario) sólo refuerzan el proceso de concentración de la riqueza y de aumento de la desigualdad.
Chile se ha construido sobre la base de la conveniencia de los grandes inversionistas y del esfuerzo y expoliación de sus ciudadanos. Esta figura, durante décadas disimulada por los aparatos comunicacionales de los gobiernos, los medios y la publicidad, hoy surge y se exhibe en toda su impudicia. La obscenidad de las estadísticas de la desigualdad ha copado las redes sociales y el habla cotidiana.
Una derecha cristalizada
Como un extraño recodo de la historia, es la misma derecha que instaló el modelo la que hoy se estrella con sus consecuencias. Pero ya parece tarde para desmantelar un monstruo cuyas garras se hunden a través de todo el tejido social. La derecha, que ha regresado al poder ejecutivo tras veinte años en el cogobierno binominal, que volvió para exprimir los espacios aún olvidados por el mercado, ha comenzado a constatar que ya no quedaba ni mercado ni consumidores.
La respuesta que entregó el gobierno a las exigencias estudiantiles es una muestra clara de la estrechez de movimiento que tiene. Aumento de becas, rebaja de tasas de interés y condonación a deudores morosos simplemente apuntan a morigerar algunos de los múltiples efectos nocivos que una educación basada en el mercado y el lucro provocan en sus consumidores. El gobierno, relacionado hasta sus más profundas raíces con el gran empresariado, no puede y no quiere alterar la concepción mercantil de la economía, porque sería atentar contra sus propios intereses, contra el motivo de estar en el gobierno. La derecha y el conservadurismo están en la política para cuidar sus privilegios.
La historia no sólo parece tener curvas, también pliegues y arrugas de difícil extensión. La derecha llega al gobierno con una sola idea: más mercado, lo que la paraliza ante cualquier otro guión. El gobierno de Piñera, lleno de intereses empresariales, no sólo no puede acceder a las demandas de la calle por sus evidentes conflictos de interés, sino también por el peso insoportable de la institucionalidad económica.
El clamor ciudadano trasciende sus propias demandas. Porque sus requerimientos, por reformistas que parezcan, son, ante la cristalizada institucionalidad neoliberal, revolucionarios. No porque aspiren a un sistema socialista, sino porque pasan, necesariamente, por la ruptura institucional. Las gruesas capas que han solidificado la Constitución de Pinochet, desde el reforzamiento de Ricardo Lagos hasta los múltiples acuerdos comerciales y legislativos, convierten a este cuerpo neoliberal en un nudo gordiano a prueba de los más valientes.
Gobierno sin rumbo
El gobierno de Piñera, en este brete, no tiene ni tendrá una respuesta que logre satisfacer las demandas estudiantiles y ciudadanas. No desmantelará la concepción de mercado en la educación, como tampoco lo hará en el sistema de salud o previsional, ni tocará las grandes líneas de la ley laboral. No lo hará al menos por dos grandes motivos: Piñera está en La Moneda para cautelar los intereses de la derecha económica, aquella misma que hace 38 años empujó a los militares a dar el sangriento golpe de Estado. El otro motivo tiene relación con la institucionalidad levantada por la dictadura hace treinta años, sobre la cual se han erigido enormes fortunas. Este poder, que se expresa a través de los partidos de la Coalición por el Cambio, en las figuras del mismo gobierno y por los medios de comunicación corporativos, hará cualquier cosa para mantener elstatu quo.
Hay también otro factor, que deriva de la misma figura del presidente. Es un inversionista, un especulador, pero no es un estadista. Su programa inicial, aquel gobierno de excelencia, tuvo en la mira una simple gestión de la institucionalidad neoliberal instalada hace treinta años y conducida durante veinte por la Concertación. Piñera es incapaz de traspasar o alterar esa condición de administrador.
Tal vez lo único que puede hacer hoy es administrar la crisis. Pero es una opción muy riesgosa, que ya da graves muestras de error. En pocas semanas, ante la explosión ciudadana, la policía ha dado señales de una extrema violencia, con millares de detenidos, centenares de heridos, allanamientos y un adolescente asesinado. Y en esta misma dirección, la televisión pública, seguida muy de cerca por los medios empresariales, junto con criminalizar al movimiento ciudadano, ha comenzado a despertar a los peores fantasmas de la historia reciente. De continuar este proceso, los grandes perjudicados serán los ciudadanos y, por cierto, el gobierno, ya bastante castigado incluso por sus mismos electores.
La prensa de derecha insiste en la capacidad de la oposición para desarmar el movimiento ciudadano. Pero no sabe, o no quiere saber, que las organizaciones sociales están desde hace mucho tiempo alejadas de la Concertación, relación que se ha traspasado a la ciudadanía. No sólo en 2009 el electorado no votó por la Concertación, sino que hoy las encuestas le entregan aún menos apoyo que al gobierno. Tal vez la única salida que tiene la oposición es canalizar las demandas ciudadanas, que la llevarían por el necesario desmantelamiento institucional, a un quiebre. Ante el nuevo escenario político expresado en las calles no le queda otra opción que reestructurar su misma concepción de la política. Esto significa abrirse y acoger la voz del pueblo.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 741, 2 de septiembre, 2011
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http://www.rebelion.org/noticias/chile/2011/9/quien-escuchara-la-voz-del-pueblo-134993
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Movilizaciones estudiantiles anticipando el futuro entrevista a Rafael Agacino
Rafael Agacino, Agosto 2011
La siguiente entrevista fue realizada el 14 de agosto a Rafael Agacino, investigador del centro de estudios “Plataforma Nexos” y conocido economista, en la cual se tocan diversos temas relacionados con el acontecer social y político que hoy sacude a nuestro país: el movimiento estudiantil, las dinámicas del movimiento de masas, el rol de los trabajadores y las perspectivas que se abren. Esta entrevista saldrá en el próximo número de la revista, pero hemos querido adelantarla para motivar el debate contingente. El entrevistado ha cambiado ligeramente la redacción de las preguntas y reordenado el orden original de los temas, para presentarla como artículo.
La masividad de las últimas marchas estudiantiles ha sido un fenómeno explosivo e inesperado ¿Qué explica dicha masividad? ¿Qué particularidad tiene este conflicto estudiantil?
Son las interrogantes de estos días. Muchos intentamos interpretar este fenómeno y creo se converge hacia un relativo consenso que considera este conflicto como continuidad de un proceso que se ha venido desencadenado espasmódicamente desde hace algunos años; que hay un “hilo rojinegro” (broma) que lo entreteje, en particular en el caso de las movilizaciones de los estudiante secundarios.
Hay dos momentos con características similares que anteceden al actual: el “mochilazo” del 2001 y la “revolución pingüina” del 2006. En primer lugar, ambos son procesos inadvertidos por las organizaciones políticas y por el Estado; surgen de improviso y todas las instituciones, incluida la izquierda institucional, sea republicana o reformista, reaccionan ex post y a tientas tal y como le sucede ahora a un gobierno desorientado e inexperto. En segundo lugar, enarbolan prácticamente las mismas demandas aunque ahora profundizadas y en choque frontal con el modelo educacional y con el propio orden económico social. La demanda por el pase escolar del “mochilazo” se acopla a la exigencia del fin del lucro como ya lo habían puesto en el tapete los secundarios el 2006, y ambas se resignifican hoy al elaborarse con una sencillez asombrosa una profunda crítica a las bases mismas del modelo educacional y a la racionalidad con que se construyó y funciona el “Chile realmente existente”…. Por ello, de súbito, ya es casi sentido común y a nadie escandaliza, demandar la re-nacionalización del cobre, la reforma tributaria, la des municipalización sin privatización. Y finalmente, como tercera característica de importancia central, el movimiento ha preservado e incluso desarrollado ciertas formas organizativas – vocerías, revocabilidad de los dirigentes, soberanía de las asambleas, etc. – expresivas de un potencial de radicalidad democrática y autonomía poco conocido en el campo de la acción social y política chilena.
Si uno trata de dar mayor sentido a estas líneas de continuidad, la pregunta más precisa es: ¿Cómo caracterizar esta movilización social que ocurre en un contexto de crecimiento económico, en ausencia de desempleo masivo, de bajas salariales o de una situación de pobreza masiva y creciente? Lo que hay es una explosión en otras condiciones: en condiciones de inclusión social; no se trata de las masas menesterosas clamando por pan; no se trata de “marchas del hambre” como en los años setentas y ochentas. La derecha neoliberal, apelando a su batería teórica fundada en el individualismo hedonista, ha caracterizado la situación asemejándola a una crisis de expectativas. En su versión más vulgar, se trataría de un malestar de los sectores “aspiracionales” que por pura envidia frente a los exitosos, reaccionan con la protesta. Más allá de su evidente superficialidad, este razonamiento, sin embargo, puede revelar una tensión social más estructural propia del neoliberalismo maduro: un malestar expresivo de las dificultades objetivas que ciertos sectores sociales recurrentemente enfrentan para sostener en el tiempo sus condiciones de vida, o bien, porque todos o parte de ellos, tal vez los más ilustrados, toman conciencia de los perversos resultados de largo plazo del modo de vida proclamado por el neoliberalismo. En efecto, es el propio funcionamiento del modelo – no su colapso- el que muestra que los logros se vuelven ficticios, vacios y tóxicos, pues el presente se ha vuelto precario y el futuro una hipoteca.
Desde este punto de vista, las casi cuatro décadas de neoliberalismo en Chile, ya muestran crecientemente y en muchos planos, las limitaciones propias del modelo; las tensiones se perciben como resultados de reformas realizadas y maduras y no como reformas pendientes. Así con la educación, la salud, la previsión, la vivienda, la cuestión urbana, el transporte…. Las fisuras de un modelo que no puede resolver los problemas que “la gente” empieza a sufrir y frente a los cuales, tarde o temprano, ella misma deberá obligadamente pronunciarse.
Por otra parte y en conexión con la composición del activo social, una característica sobre la cual hay que poner atención, es que las franjas participantes o de apoyo han sido “educadas” bajo el neoliberalismo y por tanto permeadas por una cultura individualista. El mismo movimiento contiene en su interior contrafuerzas gravitantes que eventualmente pueden limitar su constitución y desarrollo. Dichas contrafuerzas comparten el malestar masivo pero sin compartir necesariamente la disposición y voluntad requeridas para la conformación de un sujeto social colectivo. ¿Qué efectos prácticos puede implicar esto? Que si a los estudiantes de los CFT, los IP o de Universidades Privadas que, salvo excepciones, no se han movilizados, se les condonan deudas u ofrecen otros beneficios, su posición puede pasar de un apoyo pasivo a una franca oposición manipulable por el poder. Hasta hoy el movimiento no ha avanzado sobre temas más complejos de la educación como el rol de un sistema nacional educacional en un país no desarrollado o sobre el carácter político-cultural de los contenidos educativos propiamente tales. Las demandas apuntan hasta ahora solo al entramado institucional buscando reformarlo para garantizar una “educación pública, gratuita y de calidad”. En ese contexto, la ausencia de un proyecto educacional para Chile, fortalece la capacidad de maniobra del gobierno y las clases dominantes por la vía del manejo distributivo de los recursos financieros –que los hay- y hace más vulnerable al movimiento estudiantil, sobre todo si la conjunción coyuntural de malestares que se expresa en la calle, carecen de una identidad como fuerza social y programática. El movimiento tiene una cáscara colectiva pero no es aún un movimiento orgánicamente colectivo. Y ese es un problema crítico, por lo cual el desarrollo de la fuerza social y programática, incluida las tareas de formación política, son centrales.
Por último, creo que lo que no puede llamar a confusión, por lo menos a las franjas de la izquierda “desconfiada”, es suponer que este es un movimiento que clama por representación en la esfera de lo político. Toda la izquierda tradicional, republicana o reformista, así como la Concertación y sus derivados, así lo creen y afinan sus artes elaborando ardides para capturar el movimiento, para vehiculizarlo a la esfera de lo político-institucional, hasta domesticarlo o extinguirlo. Por el contrario, la izquierda desconfiada, cuyo objetivo estratégico es constituir un sujeto soberano y politizar lo social, más que preguntarse por las posibilidades de representación del movimiento, debe indagar sobre las potencialidades y posibilidades de auto-representación del mismo y su constitución como sujeto social y político. Y ahí es donde encontramos debilidades, como ya las hubieron cuando estallaron las movilizaciones de los secundarios en el 2006 y las luchas de los sub contratistas al año siguiente, el 2007.
Así pues, a pesar de lo sorpresivo del estallido hay elementos de continuidad que hay que escudriñar para obtener una caracterización más precisa de este movimiento y de la propia sociedad chilena. Ello es imprescindible para la adopción de una táctica adecuada y no exagerar la nota respecto de las posibilidades tanto de la coyuntura como de la situación política en el marco del nuevo período que se abrió con el Gobierno de Piñera. Entendemos el estallido como síntoma de “algo”, un síntoma de este proceso de maduración del modelo que, entre otros, hace muy ostensible el problema de la desigualdad. Las contradicciones del modelo maduro no reclaman tácticas de resistencia sino tácticas de propuestas, de alternativas de acción social y política; la maduración de las contradicciones propias del modelo exigen nuevas opciones. Si no captamos el sentido histórico de este nueva fase en ciernes, toda la política y todas las orgánicas, se verán sorprendidas ya que precisamente por tratarse de un momento nuevo, no existen aún los recursos discursivos ni interpretativos adecuados, ni las capacidades sociales para integrarse naturalmente en esos movimientos y constituirse como fuerza política a la par que ellos mismos lo hacen.
¿Qué proyección política puede tener en el movimiento estudiantil?
Mirado desde una perspectiva auto emancipadora, es decir, teniendo en mente los esfuerzos por construir de un sujeto soberano, una fuerza capaz de superar la idea de la política como un espacio institucional ad-hoc, separado de la sociedad y ejercido por “profesionales” en los cuales las masas deben depositar su representación, las luchas actuales son mucho más ricas que las de los años noventa y las de inicios del siglo XXI. No sólo son nueva escuela para grandes contingentes de jóvenes, sino también inauguran un período que obliga a sintetizar demandas, a elaborar propuestas, a imaginar proyectos; su constitución como fuerza social corre en paralelo a la constitución de fuerza teórico/programática, y por tanto, a su emergencia como una de las franjas de la futura fuerza política. El sujeto político colectivo se constituye en su vivir político propiamente tal y politiza lo social desplazando la política del espacio institucional al espacio de la sociedad; arrebata la política a los burócratas y la asume como su espacio de constitución vital. En un momento en que la política en su tradición liberal representativa, y los partidos que han vivido de ella, incluida por cierto la izquierda confiada, ostentan debilidades estructurales, se evidencian las potencialidades del momento histórico presente, potencialidades que pueden abrir paso a esa alternativa auto emancipadora.
La incomodidad del sistema político y sus funcionarios no deja manifestarse frente al “desorden” que caracteriza al actual movimiento, por ejemplo, cuando el nuevo ministro de educación, Felipe Bulnes, reclama a los secundarios su falta de organización (convencional y burocratizada) y justifica así la imposibilidad del diálogo. Una lectura más atenta de la renuencia al diálogo por parte de los estudiantes, no hace sino revelar, especialmente en el movimiento secundario, que se ha procesado el nefasto impacto que provocó la burocratización del conflicto tal y como ocurrió con la mega Comisión de Bachelet, suterfugio que logró disipar la energía politizante del huracán pingüino y ganar un poco más de tiempo: casi cuatro años. Pero más allá de la experiencia y el aprendizaje de las franjas más inteligentes del movimiento – y la pausada constitución de una pequeña masa crítica – emergen nuevas prácticas y concepciones de la política; éstas prácticas están sumergidas en dichas formas de acción social y emergen casi instintivamente. Desde esa perspectiva, no es solo que el diálogo no funcione por la “crisis de representación” si no también porqué el movimiento es renuente a las prácticas formales de la política e incluso a la representación misma como concepto de lo político. Entre líneas y en potencia se lee que la esterilidad de la política formal no solo deriva del desprestigio por la corrupción y el oportunismo de los “profesionales de la política”, sino de un sistema político representativo que -como concepto e institución e independientemente del binominalismo o de los procedimientos de inscripción y voto- ha sido hasta ahora impotente para procesar la vitalidad del movimiento. En el fondo, la incomodidad de Bulnes así como la manifestada episódicamente por la Concertación y por la propia izquierda confiada, deriva de las significativas tendencias autónomas que – aún latentes, es decir, no convertidas en fuerza colectiva propia y principal – ostenta el movimiento estudiantil, especialmente el activo secundario y el universitario regional.
En este sentido, la potencialidad del movimiento también se expresa en sus formas de organización que ponen el acento en la auto-representación y en diversas prácticas de radicalidad democrática. En muchos casos se trata de la eventual emergencia de una cierta “ética” que privilegia la existencia de lo colectivo, de la comunidad de voluntades, por sobre el impulso individualizante. Es la vieja escuela de la práctica que, bajo ciertas condiciones históricas, acuna sujetos y proyectos emancipadores. La larga épica obrera y popular, inspirada en el marxismo, en las ideas socialistas, libertarias, cristianas y otros idearios emancipadores, expresaron esta nueva ética de la humanidad como emplazamiento directo a la inhumanidad del capital. Las luchas de los desposeídos y explotados avanzaron desde las reivindicaciones salariales y de mejores condiciones de trabajo, hacia la demanda por la abolición del propio modo de vida capitalista. Este proyecto, provisto de un profundo contenido ético, se propuso también la emergencia de una humanidad nueva, artífice de su propia historia, dónde la realización colectiva fuera condición para la realización individual. Este aspiración a una relación virtuosa entre individuo y colectivo, negada recurrentemente por el capitalismo y las experiencias estatalistas de inspiración socialista, se nos aparece como necesidad urgente frente a la dinámica del capital que nos arrastra al barranco, y está latente también en las prácticas emancipadoras de los movimientos actuales.
Las formas de organización en base a instancias de deliberación colectivas -aunque muchas veces parezcan ineficientes-, la idea del vocero como mero exponente de la voz común, la idea de un cuerpo colectivo que toma decisiones colectivas y por lo tanto “si erramos, erramos todos y si triunfamos, triunfamos todos”, son pequeños ejemplos de esa relación virtuosa. Cuando la realidad, los hechos sociales y políticos, son resultado de voluntades comunes, una creación común y consciente, se genera una fuente de identidad y una praxis de construcción muy robustas: “soy obra de esta historia tanto como esa historia es mi propia obra”. El intento bien o mal intencionado por administrar esas tendencias y energías colectivas, generalmente termina disipando -a veces ahogando trágicamente- las energías colectivas. Más de una vez, las decisiones de autonomización han sido la respuesta espontánea frente a la manipulación, la cooptación y al acuerdo a espaldas de los actores. Y de eso hay mucho en este país. Las tendencias a la independencia de lo social, las prácticas de autonomía, presentes en las movilizaciones de los últimos años, deben ser entendidas como potencias emancipadoras y estimularse, desarrollarse, más que adocenarlas intentando acumular fuerza propia a costa de ellas; hay que abrir paso a una politización de lo social. El proyecto emancipador – no sobra recordarlo- tiene que responder no sólo a la debacle del capitalismo sino también a la debacle del proyecto de construcción socialista donde las relaciones partido-masa y estado-sociedad, fueron mal tratadas al punto que ahogaron la vitalidad de las propias fuerzas que lo originaron. Si hay una discusión de primera prioridad en el marxismo y en las corrientes emancipadoras hoy día, es en torno a este punto crucial.
Por ello, vocerías, deliberación colectiva, asamblea, construcción de colectivos, horizontalidad, auto-representación, formas organizativas que arrancan con las prácticas de los años noventa y que los secundarios han mantenido desde el 2001 hasta hoy, deben cuidarse y estimularse. Hay que cuidarlas no solo de la reacción de las clases dominantes y su necesidad de imponer el “orden”, sino también de las tentaciones de la izquierda tradicional que debe demostrar al poder su capacidad de maniobra para fortalecer su lugar en las instituciones de la republica y su sistema político representativo. Ya Tellier nos adelantó algo en su entrevista en La Tercera del domingo 7 de agosto pasado.
Para caracterizar un movimiento y sus luchas usualmente se recurre a su composición de clase y/o a los contenidos programáticos que éste levanta. Sin embargo, en la actualidad, hay que agregar otra dimensión, una variable anteriormente secundaria: me refiero a las formas organizativas. En las condiciones actuales de desarrollo del capitalismo, las formas son contenido y por tanto son cruciales en la configuración del carácter de un movimiento. Por decirlo de un modo aproximado: un mismo Programa levantado por una misma constelación de fuerzas sociales puede adquirir un carácter radicalmente distinto con una táctica restringida al campo de la política representativa y del Estado, o si, alternativamente, se realiza como ejercicio de sujetos colectivos auto-representados que ejercen soberanía en y más allá del Estado. Mientras esas formas no sean convertidas conscientemente en proyecto, las tendencias que permiten caracterizar las potencialidades emancipadoras de un movimiento, incluso a espalda de los propios sujetos implicados, se relacionan muy estrechamente con esas formas de organización y métodos de trabajo colectivos. Lo que aparece como desorden a ojos de las clases dominantes y de los burócratas de la política, expresa la latencia de prácticas emancipadoras que tarde o temprano romperán la camisa de fuerza liberal-burguesa con que se concibió y ejerció hasta hoy “la política”.
¿Y los trabajadores? ¿Qué se puede decir de su ausencia y de la idea del “ciudadanismo” que se ha ido instalando en los movimientos sociales? ¿Cuáles son las implicancias de este nuevo paradigma social?
Por más de tres décadas el trabajo humano ha sido desplazado de la teoría social, la historia y la política como concepto clave y determinante de la configuración y dinámica de la sociedad. Este desplazamiento ha sido paralelo a la desaparición de la escena política e incluso de la propia producción – asunto que ya veremos- de la clase trabajadora, en especial de la clase obrera. A ésta clase, la han sustituido en distintos momentos, por la derecha, el emprendedor y el consumidor, por la “izquierda progresista” el ciudadano, las mujeres y las minorías sexuales, y como objeto de las “políticas públicas”, los pueblos originarios y los pobres: ciudadanos pobres, mujeres pobres, minorías sexuales empobrecidas, niños pobres, ancianos pobres, etc., claramente todos pobres pero en cuanto tales, sin el glamour que exige la moda intelectual del momento.
Estas corrientes teóricas han permeado fuertemente a las franjas ilustradas de la sociedad. Un segmento “progresista”, haciéndose eco del monopolio ideológico que ostenta la concepción liberal de democracia, ha adoptado con toda naturalidad al “ciudadano” como el sujeto político por antonomasia; el citoyen criollo, que independiente de su lugar en la ciudad -y la producción-, es el soberano del poder político de la nación bicentenaria. Como sea, este ciudadano es el “hombre político”, aquel que realiza su libertad ejerciendo soberanía en el espacio de la interacción lingüística en torno a materias de lo público.
Pero sabemos que libertad formal no es igual a libertad sustantiva; esta distinción devela el límite insalvable de toda sociedad de clases. Por ejemplo en este país, aún cuando se eliminaran las ostensibles limitaciones que impone al citoyen criollo la Constitución de Lagos-Pinochet, tales como el sistema binominal, el sesgo presidencialista del régimen político o la ley de financiamiento y funcionamiento de partidos políticos, tal distinción mantendría toda su validez.
La distinción entre libertad formal y libertad substantiva es de la mayor significación en las nuevas condiciones de funcionamiento del capitalismo actual, y si bien nuestras herramientas teóricas apenas balbucean una interpretación del presente post crisis del estatalismo socialista, desarrollos recientes justifican reponer una idea crucial de Marx: la centralidad del trabajo, la centralidad de esa elemental actividad humana que es el trabajo entendido como praxis social productiva y reproductiva.
El capitalismo del nuevo siglo ha extendido su lógica a casi todas las esferas de la vida social transformando en mercancía todo objeto tangible, intangible o virtual susceptible de vender y comprar; ha extendido por doquier las relaciones sociales capitalistas y sometido al imperativo de la acumulación a los más diversos espacios personales y comunitarios. Pero así como el capital se extiende, también más actividades humanas se vuelven trabajo, trabajo para el capital. Este proceso ha implicado la emergencia de nuevos contingentes de trabajadores vinculados a la producción de esas mercancías. Sin embargo, en la medida en que tales contingentes y mercancías, especialmente las intangibles y virtuales, adoptan nuevas estéticas no han sido fácilmente reconocibles por la vieja clase obrera o por el sindicalismo clásico. Si entendemos que el capital no es una cosa ni una forma, sino una relación social, quien produce socialización, afectos o conocimientos, tanto como quien produce carbón o zapatos, si lo hace mediado por una relación de compra y venta de su fuerza de trabajo al capital, es un trabajador, produce plusvalía y sirve a la acumulación de capital, independiente que el mismo lo crea o no y sea o no reconocido por otros, por ejemplo por los “obreros manuales”, en su calidad de tal. La izquierda tradicional y el sindicalismo clásico fetichizaron el trabajo así como el salario, en el primer caso, reduciéndolo a la forma material de la actividad o del producto, y en el segundo, a su forma dinero; su imaginario, su apreciación estética, ha impedido comprender que en el capitalismo actual la clase trabajadora se ha extendido bajo nuevas formas y aumentado su peso a pesar que los empleados en sectores extractivos, agrícolas e industriales, lo disminuyan, incluso en algunas ramas en términos absolutos. Y todo esto sin contar los cientos de millones los trabajadores asiáticos y este-europeos recientemente incorporados a los circuitos de la acumulación de capital mundial.
Lo señalado ya es argumento suficiente para recuperar la centralidad del trabajo. Sin embargo, el capitalismo actual nos entrega otras razones que, más allá de la dimensión puramente cuantitativa, se relacionan con los aspectos cualitativos de la producción.
El capitalismo del nuevo siglo también ha debido avanzar en otras direcciones. Un área clave ha sido la extensión y profundización de los mecanismos de control socio-culturales requeridos para resolver las contradicciones que derivan de una expansión sistemática y duradera de la productividad del trabajo provocada tanto por el cambio técnico duro – nuevo capital fijo y circulante- como por las sucesivas reorganizaciones de los procesos de producción y trabajo. Mucho antes de la crisis del patrón fordista en los países centrales, el capital extendió su esfera de preocupación desde la producción y circulación de mercancías a la esfera del propio consumo. En efecto, sostener una dinámica de producción creciente de mercancías obligaba generar una capacidad de absorción proporcional por el lado del gasto pero -y esto es lo que queremos relevar- no sólo como mera capacidad de compra sino como disposición a la compra, como disposición subjetiva al consumo. Esto no es trivial, pues si me doy a entender bien, no refiero sólo de la expansión de la demanda – en parte garantizada por la regla fordista de aumentos reales del salario acordes con el aumento de la productividad- sino antes que eso, a la expansión de las necesidades como motor de la expansión de la demanda. Estoy hablando, por tanto, de la administración “racional” de las subjetividades con el fin de inducir un crecimiento incesante de las necesidades y naturalizar así el consumo compulsivo e irracional, el consumo basura y el despilfarro, fenómeno que más recientemente se ha llamado “consumismo”. Esta manipulación de las necesidades, cuando se transforma en industria, en industria de la producción de subjetividad para el consumo, inaugura otro momento del capitalismo. De hecho, usando una categoría de Agnes Heller para caracterizar el estalismo de los ex países socialistas europeos, el capitalismos de ha vuelto una “dictadura de las necesidades”, solo que a diferencia de tales regímenes, dicha dictadura opera bajo la apariencia de la libertad, “la libertad de elegir”, dirían los esposos Friedman.
Dicho esto, surge entonces una interrogante crucial: ¿Cual es el verdadero carácter de esa escasez con la que se nos aterroriza cotidianamente? ¿Es ésta un límite malthusiano, es decir, un estado natural de desbalance entre población y recursos? ¿O por el contrario, se trata un desbalance artificialmente originado y sostenido sobre la base del modo de vida vigente?
No podemos a desbrozar todas las implicancias que tiene una pregunta de este tipo, pero hay un aspecto que interesa resaltar aquí. Pensemos al revés. ¿Qué pasaría si la sociedad organizada arrebatase al capital el poder que este ejerce sobre las necesidades y las auto administrara –definiera, jerarquizara, etc.- en concordancia con el desarrollo de las facultades humanas y de acuerdo a criterios de sustentabilidad social y ecológicas? Sin duda que la escases impuesta por el capital se volvería superflua. En efecto, ésta escasez es resultado de la expansión incesante de las necesidades inducida por el capital y su imperativo de la acumulación. Es fácil darse cuenta que si el trabajo se hace cada vez más productivo con el apoyo de la ciencia y la técnica, es absurdo que la gente trabaje más y/o más intensivamente. ¿Por qué aumenta el tiempo de trabajo y su intensidad y no el tiempo de no trabajo, el tiempo libre, si es evidente que el trabajo se ha hecho mucho más productivo en una trayectoria de innovación y cambio técnico acelerados y de largo plazo de la que nunca antes se tuvo razón? En efecto: si las necesidades no se desbocaran como sucede bajo el régimen del capital, la jornada de trabajo podría haberse reducido en proporción al aumento de la productividad. Por cierto, factores demográficos -crecimiento poblacional, transición etaria- y la pobreza estructural de décadas, absorben el efecto de una productividad acrecentada pero no completamente como para justificar una intensificación del trabajo y la mantención de un estado de escasez que nos amenaza diariamente. No, no; la clave está en la tiranía del capital que no solo reina en las esferas de la producción y la circulación de mercancías, si no, como ya se ha dicho, también en la esfera del consumo ocupándose de la multiplicación de las necesidades con arreglo a sus fines, que no son, precisamente, los fines de una humanidad emancipada.
Llegado a este punto, podemos entonces relacionar las luchas sociales que toman forma en los movimientos sociales cuya estética evoca actores como los ciudadanos, consumidores, mujeres, jóvenes, etc., cuyos contenidos giran en torno a la democracia, los derechos individuales, el medio ambiente, los derechos reproductivos, etc., con la idea de la centralidad del trabajo.
En efecto, al caracterizar el capitalismo actual como “una dictadura de las necesidades”, caemos de bruces nuevamente en la dimensión de la producción y del trabajo, pues: ¿Qué si no significa emanciparse de tal dictadura? Simplemente reclamar soberanía respecto de las necesidades, es decir, de los fines de la producción y por tanto de la distribución de las capacidades productivas humanas, las capacidades colectivas de trabajo, del trabajo social. En simple: arrebatarle esas dimensiones de decisión al capital, significaría construir un orden social en que los propios productores – los trabajadores- fueran capaces de responder a las interrogantes económicas que nos enseñaron en la escuela cuando niños: qué, para quién y cómo producir. Claramente lo anterior significa cruzar el umbral de la libertad formal y entrar directamente al terreno de la libertad sustantiva; no se trata del citoyen que reclama derechos políticos civiles en la esfera de lo político, sino del sujeto colectivo radical, que quiere extender tales derechos a las profundidades de la vida misma, que politiza la existencia social al hacer del propio modo de vida un campo de batalla por el ejercicio de la soberanía.
Con todo no queremos decir que la problemática social y cultural que han reivindicado los movimientos sociales, sea reducible a la centralidad del trabajo. Ello no es posible y ni tiene sentido político plantearlo. Pero si decir que la izquierda tradicional y el sindicalismo clásico, impedidos de superar los límites de una visión fetichizada del trabajo y salario, no han podido establecer un diálogo estratégico con tales movimientos que permita potenciar sus luchas y unificar fuerzas en pos de una alternativa emancipadora. La izquierda y sindicalismo tradicionales han quedado atrapados en un imaginario que se resiste a ahondar en la complejidad del capitalismo actual. La primera, reduce las luchas de los ciudadanos a los límites de la democracia representativa sin siquiera recoger el legado teórico de una crítica radical al Estado, o peor aún, de las experiencias estatalistas de inspiración socialista que ella defendió; el segundo, limitando sus luchas a mejoras salariales y beneficios monetarios sin atreverse a criticar el contenido social del salario que, a fin de cuentas, es definido por el capital -alimento basura, vivienda basura (cuando la hay), ambiente basura, educación basura, salud basura, transporte basura, cultura basura, etc.- al manipular las necesidades y sus satisfactores. No estaría de más que nos preguntásemos si tiene sentido alguno seguir endosando nuestra soberanía a los profesionales de la política que, es archisabido, terminan subordinando los fines colectivos a sus intereses propios, o también, si lo que queremos es mas salario y más ingreso para seguir consumiendo basura y horadando las bases naturales de nuestra propia vida.
Una fuerza más abierta puede entonces relacionar directamente gran parte de las reivindicaciones de los movimientos sociales y ciudadanos con las de los trabajadores; y no para subordinarlas o postergarlas para un incierto futuro posterior a la construcción de la nueva sociedad. No, no. Si, como hemos mostrado, se trata en el fondo de una misma reivindicación, lo correcto es contribuir a radicalizarlas, llevarlas al campo de la emancipación, al campo de la lucha por la libertad sustantiva que implica luchar por hacernos del control de nuestras necesidades y construir los arreglos sociales que permiten definirlas, jerarquizarlas y satisfacerlas de acuerdo a los fines de los propios productores, o lo que es lo mismo, distribuir y asignar el trabajo social y el tiempo libre, de acuerdo a los fines de los propios trabajadores. Y recíprocamente, aprovechar y potenciar las formas democráticas de acción de tales movimientos; prácticas y métodos organizativos que -en apariencia pre políticas- anuncian la política del futuro.
Así, la centralidad del trabajo, al partir del elemental hecho de la existencia de seres vivientes cuyo imperativo es su reproducción y por ello compelidos a producir las condiciones materiales y simbólicas de su existencia, lo que se releva es un acto eminentemente práctico: el trabajo; una praxis constitutiva que, por más que sus formas hayan cambiado en la época del capitalismo actual, sigue siendo un campo de batalla entre el modo de vida del capital y un modo de vida emancipado de su tutela.
http://www.lachispa.cl/2011/08/28/movilizaciones-estudiantiles-anticipando-el-futuro-entrevista-a-rafael-agacino/
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PoderSupremo
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