Este lunes 1º de agosto, el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, presentó un documento ("Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena") que responde a las demandas planteadas por los estudiantes en su propuesta "Bases para un acuerdo social por la educación chilena". Esta es la opinión de nuestro movimiento.
Opinión Educación 2020 frente a la respuesta del Gobierno a las demandas estudiantiles
Frente a la coyuntura, valoramos la disposición al diálogo por ambas partes: Por un lado los estudiantes hicieron una propuesta “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena” y por otro, en respuesta a la anterior, el gobierno entregó el documento “Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena”.
En ese contexto, Educación 2020 valora la mirada sistémica con la que por fin se está tratando el tema, y espera que se establezcan las bases de un diálogo fructífero que le dé una salida al conflicto.
Estamos convencidos que la reforma educacional que el país requiere debe construirse sobre tres pilares: mejorar calidad, reducir segregación y mejorar equidad.
Más allá de la respuesta a cada punto del petitorio estudiantil, se requiere un planteamiento valórico del rol de la Educación en la sociedad, del papel que juega la Educación Pública y de la relación entre lo público y lo privado. Estos aspectos son el marco que ordenará las medidas que se plantean.
Esta transformación requiere profundizar cada uno de sus aspectos y priorizar su implementación mediante un plan de trabajo convenido por las autoridades y los actores sociales. Esto sólo podrá lograrse en una mesa de trabajo que garantice las condiciones para un diálogo fructífero.
A continuación, exponemos las dimensiones que nos parecen destacables de la propuesta del Gobierno y aquéllas que creemos que pueden mejorarse y debieran ser materia de un debate para avanzar.
ASPECTOS DESTACABLES
1. La incorporación, como garantía constitucional, del derecho a una educación de calidad, punto importante en las demandas estudiantiles.
2. El aumento de la cobertura en prekinder y kinder, enfocando los esfuerzos en los quintiles más pobres.
3. La incorporación del financiamiento por matrícula y no sólo por asistencia, abriendo espacio para buscar una fórmula más justa de financiamiento.
4. Plantear plazos para establecer un plan de reconstrucción de los establecimientos afectados por el terremoto. Estas medidas apuntan en la creación de una hoja de ruta clara y transparente en la materia, lo que nos parece relevante.
5. Aumentar la transparencia en el uso de recursos destinados a educación y poner plazo a la implementación de la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación.
6. Propuesta de fortalecer la educación técnico profesional haciendo un esfuerzo por la integración entre la enseñanza media y superior.
7. En materia de Educación Superior valoramos la Creación de Superintendencia para Educación Superior, lo que facilita la transparencia y la fiscalización de la ley que impide el lucro en este sector.
ASPECTOS A MEJORAR
1. Falta consignar el rol del Estado como proveedor de una Educación Pública de calidad en todo el territorio nacional. En efecto, el documento no define los valores que busca defender con el fortalecimiento de la Educación Pública, sino que la deja a nivel de una alternativa más dentro del abanico que el país debe ofrecer a los padres. Resulta así, poco viable que un Estado que no asume un rol de proveedor de Educación Pública pueda constituirse en garante de calidad.
2. Es necesario subir las exigencias e instalar la transparencia y rendición de cuentas para todos los sostenedores de establecimientos educacionales, tanto para los nuevos como para los actuales, públicos y privados, así como también explicitar cuáles serán los requisitos para la creación de nuevos establecimientos. El Panel de Expertos señaló una serie de criterios que creemos que deben ser un punto de partida. Todos los sostenedores debiesen tener las competencias para ejercer, ser evaluados y responsabilizados por los resultados de sus escuelas. Esto es urgente y debe modificarse antes de aumentar subvenciones, que es el principal incentivo económico para la entrada de nuevos establecimientos.
3. Abrir el debate sobre el lucro con los recursos del Estado. El fin al lucro es una sentida demanda social. No existe evidencia que demuestre que el lucro mejora la calidad y, por el contrario, la búsqueda de ganancias puede generar incentivos perversos. En el escenario actual, en que ya no hace falta aumentar masivamente el número de establecimientos, consideramos innecesario seguir manteniéndolo. Si bien, la transparencia en el uso de los recursos es un paso muy importante, es posible proponer que, de ahora en adelante, no se abrirán nuevos establecimientos con fin de lucro y evaluar una fórmula para que los sostenedores actuales puedan constituirse en organizaciones sin fin de lucro sin perjuicio de su patrimonio.
4. El tema del financiamiento debe ser abordado en su integridad cambiando la fórmula de cálculo de la subvención para que considere todas las variables que permiten la entrega de una educación de calidad en los distintos contextos sociales y geográficos. El actual sistema de ingresos no tiene casi ninguna relación con la estructura de gastos de los establecimientos.
5. Proponemos un mecanismo gradual para poner fin al copago, uno de los elementos segregadores del sistema educativo y cambiar el sistema de subvenciones actual por uno que combine 3 formas de financiamiento: por el número de aulas a cargo del sostenedor, financiamiento fijo por cada aula y por rango de asistencia de los alumnos. Esta fórmula permitirá hacerse cargo de la gran heterogeneidad a lo largo de Chile distinguiendo por las características del aula, las necesidades de una sala de clases en Parinacota son diferentes a las del centro de Santiago.
6. Proponemos un mayor foco en la equidad. Los recursos deben priorizarse en los sectores vulnerables, mientras no logremos una educación de calidad en los sectores más pobres, cualquier recurso para otro sector de la población retrasa e impide el logro de la equidad.
7. En cuanto a la desmunicipalización de la educación caso a caso, insistimos en que el centro debe estar puesto en calidad. Sin perjuicio que debiésemos avanzar gradualmente a una nueva institucionalidad y que la transición deberá ser flexible para ir ajustando posibles errores, la desmunicipalización es un hecho. Los esfuerzos que hoy se hacen en la educación municipal están altamente vinculados a la voluntad del alcalde, por lo que una buena gestión hoy, puede ser una mala gestión con el alcalde siguiente. Es necesario entonces, crear una institucionalidad que avance en la descentralización, que respete la diversidad de contextos y realidades educativas a lo largo del país y que cuente con el personal, atribuciones y recursos necesarios para impartir Educación Pública de calidad en todos los rincones de Chile.
8. En materia de carrera docente sólo se anuncia el proyecto respectivo, pero no se adelanta nada sobre el contenido. En formación docente no hay grandes novedades y se insiste en una prueba INICIA que no es habilitante, con lo que estamos en desacuerdo.
9. Todos los recursos que se destinen para educación parvularia y educación técnico profesional, deben asegurar calidad. Por ejemplo, el aumento de cobertura en prekinder y kínder, debe ser en establecimientos con el personal e infraestructura adecuados y no sólo a través de guarderías. La evidencia muestra que esto último podría ser peor que mantener a los niños en el hogar.
10. Finalmente, hace falta conocer el origen de los recursos que financiarán todos estos anuncios. El prometido fondo “FE”, distribuido en 4 o 6 años, no logra financiar todas estas medidas. Nuestra estimación es que se necesitarán entre 3.500 y 4.000 millones de dólares adicionales al presupuesto anual de Educación. Por ejemplo: se requieren cerca de 2300 nuevos jardines infantiles de buena calidad: US$ 600 millones de inversión y un gasto corriente de US$ 450 millones anuales. Los US$ 4 mil millones repartidos en 5 años, focalizados en la mitad de los 4.5 millones de preescolares, escolares y universitarios de Chile, alcanzan para 14 mil pesos mensuales per cápita.
En lo que se refiere a Educación Superior, creemos positivo avanzar en mayores recursos para las instituciones del Estado siempre que sea contra el desarrollo de proyectos de interés nacional; crear un nuevo sistema de financiamiento que baje las tasas de endeudamiento de las familias; estudiar cómo se fijan los aranceles; ser más exigentes en la rendición de cuentas públicas; crear nuevos sistemas de ingreso que eleven la equidad del sistema y; finalmente, hacer cumplir la ley en cuanto a la no existencia de lucro en las universidades.
Si bien se menciona la reestructuración del sistema de acreditación, no se hace mención explícita a la responsabilidad de las instituciones por sus resultados.
Reiteramos que no habrá solución definitiva en educación mientras no se traten los temas que recién identificamos en educación regular. Si bien es cierto se esbozan medidas que nos parecen positivas, estas se presentan en el contexto de la mantención del sistema educativo que hoy existe. Es necesario debatir reformas más radicales para solucionar estos problemas.
4 de agosto 2011
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