Punto Final
Otra vez una muerte provocada por Carabineros enluta al país. Manuel Gutiérrez Reinoso, un joven de 16 años que acompañaba a su hermano discapacitado que se moviliza en silla de ruedas, cayó víctima de disparos policiales la noche del 25 de agosto, segundo día del paro-protesta convocado por la CUT. Los testimonios de su hermano y de vecinos de la población Jaime Eyzaguirre, comuna de Macul de Santiago, responsabilizaron a Carabineros que habían disparado en contra de civiles que circulaban pacíficamente por el sector.
La institución desmintió de inmediato la versión. El segundo jefe de la Zona Metropolitana, general Sergio Gajardo Oelckers, sostuvo de manera enfática la inocencia de Carabineros, descartando toda investigación interna. La declaración policial fue respaldada sin vacilar por La Moneda. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que el joven Gutiérrez -miembro de una modesta familia perteneciente a una iglesia evangélica- participaba en un enfrentamiento con la policía. A pesar de lo asegurado por testigos, Carabineros continuó negando. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, mediante la autopsia de la víctima, llegó a la conclusión de que el muchacho fue herido con proyectiles 9 mm. de una subametralladora UZI. Sometido a pericias el armamento de Carabineros, se llegó a la conclusión que el proyectil correspondía al arma a cargo del suboficial Miguel Millacura Cárcamo. Este policía, consciente de su responsabilidad, había limpiado la subametralladora y reemplazado los proyectiles percutados. El gobierno tuvo que retroceder rápidamente y se vio obligado a tomar las drásticas medidas que imponía el tenso clima político-social que vive el país. En pocas horas, nueve funcionarios de Carabineros, entre ellos un coronel, fueron dados de baja por complicidad y encubrimiento y el general Sergio Gajardo fue llamado a retiro.
Hay que reconocer la reacción del gobierno al admitir el crimen e imponer sanciones administrativas. Pero quedan muchos aspectos pendientes en el desempeño de Carabineros que ha vuelto a depender del Ministerio del Interior. Durante los últimos meses ha arreciado la represión policial a movilizaciones sociales pacíficas que se ven acosadas por la acción de Carabineros y de grupos que actúan en forma provocadora. La brutalidad de procedimientos policiales, que en la práctica coartan el derecho constitucional a manifestar en forma pacífica y sin armas, ha causado preocupación en las organizaciones defensores de derechos humanos y ha repercutido con fuerza en el exterior por los testimonios gráficos que muestran en acción a Carabineros contra trabajadores, estudiantes, pobladores, mujeres y niños. El uso indiscriminado de carros lanza-agua, gas lacrimógeno, perdigones de goma y ataques preventivos sin mayor provocación, se han hecho habituales. Personas que desfilan por sectores autorizados -o que ni siquiera participan en las marchas- han sido brutalmente golpeadas, gaseadas y mojadas. Hay denuncias de torturas con electricidad y golpizas a detenidos en comisarías y retenes. Se han constatado casos de infiltración de carabineros en las manifestaciones y de una extraña pasividad ante desbordes del lumpen. Pareciera que a Carabineros le interesa que se produzcan desórdenes para justificar una represión indiscriminada y desprestigiar de esa manera la protesta social.
Una de las líneas centrales de este gobierno es la seguridad ciudadana. Para ello necesita una actuación enérgica de Carabineros; en otras palabras: cada vez más represión. Entre sus primeras medidas estuvo dar respaldo irrestricto a la policía uniformada. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el presidente de la República visitaron el cuartel de las fuerzas especiales de Carabineros para felicitarlas por sus actuaciones en la represión callejera y garantizarles que contarían con el respaldo del gobierno cada vez que fuese necesario. Ahora eso no ha sido posible porque lo ha impedido la masiva protesta social que sacude al país desde hace tres meses. Hasta la Corte Suprema se ha sentido obligada a expresar su crítica al uso de armamento de fuego contra la población civil. Para la derecha el principal instrumento para enfrentar la protesta social es la represión. Así el desorbitado alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, militante de la UDI, propuso sacar a la calle al ejército para reprimir las manifestaciones que se esperan el próximo 11 de septiembre, 38° aniversario del golpe militar.
Carabineros es una fuerza militarizada que hace labores de represión política y social que en otros países corresponden a una policía especializada. Aquí se mezclan funciones y así se incrementa la peligrosidad de la represión. Esto se comprobó durante la dictadura militar que situó a Carabineros en un nivel próximo al de las Fuerzas Armadas. Eso marcó profundamente a ese cuerpo policial que se hizo actor y cómplice de bárbaros crímenes y torturas cometidas junto con las otras instituciones armadas.
Numerosos otros crímenes ha cometido Carabineros bajo los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura. Casi siempre se trata de jóvenes caídos en manifestaciones y muchas veces de jóvenes mapuches. El primero fue Daniel Menco Prieto, de 23 años, estudiante de la Universidad de Tarapacá, asesinado en Arica el 19 de mayo de 1999, y cuyo asesino está libre. En esa trágica lista también están Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Johnny Cariqueo. Desde el 3 de septiembre de 2005, asimismo, está desaparecido el joven mapuche José Huenante, de 16 años, detenido por Carabineros en la población Mirasol de Puerto Montt. En la zona mapuche, Carabineros mantiene una verdadera ocupación militar y se han denunciado nuevos atropellos en la comunidad Temucuicui. Los allanamientos policiales se hacen con extrema violencia y sin consideración ninguna por ancianos, niños, mujeres o enfermos.
La represión policial no debe tener cabida en un país en que se están produciendo enormes movilizaciones sociales pacíficas que exigen cambios institucionales, económicos y políticos, indispensables para el desarrollo de la democracia.
Las responsabilidades criminales por el asesinato del joven Manuel Gutiérrez deben hacerse efectivas. Son indispensables, al mismo tiempo, cambios en el alto mando de Carabineros. Y es necesario impedir que la justicia militar siga siendo un escudo protector de los abusos y atropellos de la policía uniformada.
La impunidad policial es una forma indirecta de prolongar en el tiempo la sombra de la dictadura militar. Ya es hora que Carabineros encuadre su comportamiento dentro de las formas civilizadas que impone un régimen que se pretende democrático.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 741, 2 de septiembre, 2011
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La institución desmintió de inmediato la versión. El segundo jefe de la Zona Metropolitana, general Sergio Gajardo Oelckers, sostuvo de manera enfática la inocencia de Carabineros, descartando toda investigación interna. La declaración policial fue respaldada sin vacilar por La Moneda. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que el joven Gutiérrez -miembro de una modesta familia perteneciente a una iglesia evangélica- participaba en un enfrentamiento con la policía. A pesar de lo asegurado por testigos, Carabineros continuó negando. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, mediante la autopsia de la víctima, llegó a la conclusión de que el muchacho fue herido con proyectiles 9 mm. de una subametralladora UZI. Sometido a pericias el armamento de Carabineros, se llegó a la conclusión que el proyectil correspondía al arma a cargo del suboficial Miguel Millacura Cárcamo. Este policía, consciente de su responsabilidad, había limpiado la subametralladora y reemplazado los proyectiles percutados. El gobierno tuvo que retroceder rápidamente y se vio obligado a tomar las drásticas medidas que imponía el tenso clima político-social que vive el país. En pocas horas, nueve funcionarios de Carabineros, entre ellos un coronel, fueron dados de baja por complicidad y encubrimiento y el general Sergio Gajardo fue llamado a retiro.
Hay que reconocer la reacción del gobierno al admitir el crimen e imponer sanciones administrativas. Pero quedan muchos aspectos pendientes en el desempeño de Carabineros que ha vuelto a depender del Ministerio del Interior. Durante los últimos meses ha arreciado la represión policial a movilizaciones sociales pacíficas que se ven acosadas por la acción de Carabineros y de grupos que actúan en forma provocadora. La brutalidad de procedimientos policiales, que en la práctica coartan el derecho constitucional a manifestar en forma pacífica y sin armas, ha causado preocupación en las organizaciones defensores de derechos humanos y ha repercutido con fuerza en el exterior por los testimonios gráficos que muestran en acción a Carabineros contra trabajadores, estudiantes, pobladores, mujeres y niños. El uso indiscriminado de carros lanza-agua, gas lacrimógeno, perdigones de goma y ataques preventivos sin mayor provocación, se han hecho habituales. Personas que desfilan por sectores autorizados -o que ni siquiera participan en las marchas- han sido brutalmente golpeadas, gaseadas y mojadas. Hay denuncias de torturas con electricidad y golpizas a detenidos en comisarías y retenes. Se han constatado casos de infiltración de carabineros en las manifestaciones y de una extraña pasividad ante desbordes del lumpen. Pareciera que a Carabineros le interesa que se produzcan desórdenes para justificar una represión indiscriminada y desprestigiar de esa manera la protesta social.
Una de las líneas centrales de este gobierno es la seguridad ciudadana. Para ello necesita una actuación enérgica de Carabineros; en otras palabras: cada vez más represión. Entre sus primeras medidas estuvo dar respaldo irrestricto a la policía uniformada. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el presidente de la República visitaron el cuartel de las fuerzas especiales de Carabineros para felicitarlas por sus actuaciones en la represión callejera y garantizarles que contarían con el respaldo del gobierno cada vez que fuese necesario. Ahora eso no ha sido posible porque lo ha impedido la masiva protesta social que sacude al país desde hace tres meses. Hasta la Corte Suprema se ha sentido obligada a expresar su crítica al uso de armamento de fuego contra la población civil. Para la derecha el principal instrumento para enfrentar la protesta social es la represión. Así el desorbitado alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, militante de la UDI, propuso sacar a la calle al ejército para reprimir las manifestaciones que se esperan el próximo 11 de septiembre, 38° aniversario del golpe militar.
Carabineros es una fuerza militarizada que hace labores de represión política y social que en otros países corresponden a una policía especializada. Aquí se mezclan funciones y así se incrementa la peligrosidad de la represión. Esto se comprobó durante la dictadura militar que situó a Carabineros en un nivel próximo al de las Fuerzas Armadas. Eso marcó profundamente a ese cuerpo policial que se hizo actor y cómplice de bárbaros crímenes y torturas cometidas junto con las otras instituciones armadas.
Numerosos otros crímenes ha cometido Carabineros bajo los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura. Casi siempre se trata de jóvenes caídos en manifestaciones y muchas veces de jóvenes mapuches. El primero fue Daniel Menco Prieto, de 23 años, estudiante de la Universidad de Tarapacá, asesinado en Arica el 19 de mayo de 1999, y cuyo asesino está libre. En esa trágica lista también están Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Johnny Cariqueo. Desde el 3 de septiembre de 2005, asimismo, está desaparecido el joven mapuche José Huenante, de 16 años, detenido por Carabineros en la población Mirasol de Puerto Montt. En la zona mapuche, Carabineros mantiene una verdadera ocupación militar y se han denunciado nuevos atropellos en la comunidad Temucuicui. Los allanamientos policiales se hacen con extrema violencia y sin consideración ninguna por ancianos, niños, mujeres o enfermos.
La represión policial no debe tener cabida en un país en que se están produciendo enormes movilizaciones sociales pacíficas que exigen cambios institucionales, económicos y políticos, indispensables para el desarrollo de la democracia.
Las responsabilidades criminales por el asesinato del joven Manuel Gutiérrez deben hacerse efectivas. Son indispensables, al mismo tiempo, cambios en el alto mando de Carabineros. Y es necesario impedir que la justicia militar siga siendo un escudo protector de los abusos y atropellos de la policía uniformada.
La impunidad policial es una forma indirecta de prolongar en el tiempo la sombra de la dictadura militar. Ya es hora que Carabineros encuadre su comportamiento dentro de las formas civilizadas que impone un régimen que se pretende democrático.
Editorial de “Punto Final”, edición Nº 741, 2 de septiembre, 2011
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