Intendencia informó de 140 detenidos en la última marcha de los estudiantes el pasado jueves, donde se registraron fuertes enfrentamientos entre encapuchados y carabineros en Parque Ohiggins y Alameda. Los dirigentes de la Confech nuevamente criticaron el violento actuar policial, una situación represiva que se ha vuelto común en el control de los movimientos sociales durante este año.
El pasado lunes 26 de septiembre, la presidenta del centro de alumnos del Liceo Tajamar de Providencia, Paula Romero, denunció abusos sexuales de carabineros a las estudiantes detenidas, luego de una manifestación pacífica contra el alcalde Cristián Labbé.
El pasado 4 de agosto, luego de que el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, prohibiera una manifestación en Plaza Italia, Carabineros montó un operativo con cientos de bombas lacrimógenas en el centro de Santiago, las que incluso fueron disparadas desde helicópteros, lo que originó una fallida acusación constitucional contra el ministro.
El 13 de mayo, una estudiante de sociología resultó herida en un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios policiales.
Organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura y la propia Confech han iniciado acciones legales para denunciar la represión policial. La abogada María Rivera, de la Defensoría Popular, encabeza un trabajo de recolección de casos que suma decenas de denuncias hechas por los estudiantes.
“El concepto represión es bastante amplio, y nos llama la atención porque en muchas de las situaciones, justamente donde hay chicos lesionados han sido declaradas ilegales sus detenciones. Hay una situación extraña, en la persecución los carabineros han provocado lesiones bastante serias. Hemos recibido denuncias sobre situaciones muy serias, tan graves como incluso abusos sexuales”, señaló Rivera.
Una de las frecuentes críticas que ha recibido Carabineros, es su incapacidad para controlar a un mínimo grupo de encapuchados en las manifestaciones, con un operativo de gases lacrimógenos y policía montada que afecta a la mayoría que protesta en forma pacífica.
Ante esta situación, la directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, apuntó la responsabilidad del Ejecutivo en las políticas de seguridad pública, donde el ministro del Interior es responsable directo de la fuerza utilizada por la policía.
Dammert declaró que “Carabineros no tiene autonomía política para decidir qué hacer frente a un hecho. Si le dicen que debe mantener el orden público, tiene que hacer aquello, no puede decidir reprimir o cortar una calle. Sin embargo, tiene autonomía profesional para definir los mecanismos para mejor ejecutar esa orden. La responsabilidad política de estas decisiones corresponden a quienes toman las decisiones de seguridad pública, que es el Gobierno”.
El 25 de agosto, el joven Manuel Gutiérrez resultó muerto a causa de un disparo del ex sargento de Carabineros Miguel Millacura, en Peñalolén, lo que motivó la salida de Eduardo Gordon como máxima autoridad de la institución, quien además fue acusado de tráfico de influencia.
Durante el apagón del sábado 24 de septiembre, Carabineros utilizó su arma de servicio en la dispersión de una turba que saqueaba un supermercado en Quilicura. En este incidente, un menor de 17 años recibió un disparo en una pierna, cuya investigación derivó en la pesquisa de nueve armas pertenecientes a efectivos policiales.
El senador Alejandro Navarro, quien solicitó una reunión con el ministro Hinzpeter, señaló que la represión policial es el inicio de una crisis de credibilidad de la institución, y declaró que “Carabineros ha comenzado a perder confianza después de estas acciones, porque no hay nada que las justifiquen. Si Carabineros y el ministerio del Interior quieren dar una señal de que esta institución va a defender a los ciudadanos, no puede reprimir a los ciudadanos que se manifiestan. Estamos frente al inicio de un proceso de crisis de credibilidad pública de Carabineros, y espero que sea la institución que se dé cuenta que en ese camino perdemos todos”.
El parlamentario informó además que su equipo jurídico trabaja en la asistencia a víctimas de abusos por parte de Carabineros, los que incluyen una amenaza de uniformados a alumnos de liceos en toma, a quienes apuntaron con su pistola en la cabeza.
“Hemos acumulado un número importante de casos donde Carabineros ha actuado más allá de sus facultades. Se ha extralimitado, ha habido abuso de poder, apremios ilegítimos. Tenemos un largo listado donde incluso Carabineros ha jugado a la ruleta rusa con un revólver oficial, en contra de jóvenes que fueron reducidos y detenidos. No puede un carabinero apuntar a la cabeza de un joven para obligarlo a confesar dónde están sus compañeros, esas acciones deberán ser sancionadas y eso es lo que esperamos”, señaló el parlamentario.
Luego de cinco meses de movilización, las denuncias por represión policial suman nuevos casos en distintas regiones del país, una escalada de violencia policial que atenta contra los derechos civiles de sus víctimas.
Fuente Radio Universidad de Chile
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