De acuerdo a las declaraciones del Presidente de la República y el Ministro del Interior, el objetivo del mismo apunta a quienes atenten contra el orden público, Carabineros y Policía de Investigaciones, tranquilidad de los ciudadanos y la propiedad pública y privada.
La iniciativa, que será enviada al Congreso, formula una nueva redacción del Código Penal y establece penas contra el saqueo, por invadir u ocupar inmuebles con violencia, impedir o alterar la libre circulación de personas o de vehículos y la interrupción de servicios públicos, acciones que, al parecer, no estaban debidamente tipificadas en el Código, y añade como agravante, el realizarlas intentando ocultar la identidad mediante el uso de capuchas.
El envío del proyecto citado y las reacciones al mismo es una muestra más de las aún inmaduras relaciones sociales que el país ha ido construyendo y muestra que, finalmente, pareciera que siempre estamos dispuestos a justificar la violencia cuando aquella aparece como funcional a nuestros intereses y a criticarla cuando surge como reacción a la nuestra.
Una de las características de las sociedades de libertad es justamente el amplio despliegue que los ciudadanos pueden hacer de este derecho fundamental. En el caso de las personas comunes y corrientes, pudiendo realizar todas aquellas acciones que no estén expresamente prohibidas por la legislación, y para las autoridades, permitiendo sólo aquellos actos que están expresamente señalados por la ley.
De allí el envío de la propuesta, en la medida que el “capitán” solo puede gobernar según lo que le está manifiestamente autorizado por ley y porque, con seguridad, la habrá estimado necesaria, exánime como estaba frente al aumento de las acciones de violencia suscitadas en el marco de las más de 120 manifestaciones de diversa naturaleza que se han realizado legítimamente al amparo de las libertades y derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Más allá de la oportunidad de la determinación -que ha dado pábulo a que opositores y dirigentes estudiantiles califiquen las intenciones del proyecto hasta como de “terrorismo de Estado”- lo que está en el sustrato es la evidente colisión de intereses entre el “capitán” y parte de los navegantes de la nave: por un lado, la amenaza al principio de autoridad debilitado por la acción de vándalos y revoltosos con una amplia exposición mediática y, por otro, la amenaza al principio de petición y expresión que el proyecto pudiera importar, según la interpretación de opositores y dirigentes estudiantiles.
En efecto, desde la mirada del Ejecutivo, es evidente que los estudiantes continuarán por mucho tiempo más manifestando sus reclamos por una educación de calidad, pues se trata de un derecho consagrado constitucionalmente y respecto del cual es esperable un largo proceso de ajustes y reformas. Y dado que hasta el propio Presidente ha calificado el movimiento como “una causa noble, grande, hermosa”, los sucesivos hechos de violencia de unos pocos que lo han ensuciado parecieron recomendar un proyecto que sólo busca discernir entre el derecho legal a expresión y petición, de aquellos actos de intimidación de quienes se parapetan tras las manifestaciones, colisionando con el derecho de los demás ciudadanos a vivir en paz y en el debido respeto a su integridad física y patrimonial, propios de una sociedad de libertades.
La polémica que ha surgido como consecuencia del proyecto y las reacciones de diversos sectores políticos hacen prever que la propuesta tendrá dificultades en ser aprobada en el Congreso o al menos, si ello ocurre, sufrir profundas transformaciones. Es de esperar que sobrevivan aquellas disposiciones y normas que posibiliten tanto al actual, como a los sucesivos Gobiernos, tener las herramientas para evitar que la justa y necesaria expresión pacífica de la ciudadanía en calles y plazas, no se transforme en el mascarón de ataques a la libertad del resto de las personas, por parte de grupo de audaces siempre dispuestos a pasar sobre el derecho de otros.
Si algo define una sociedad de libertades, es que, dada la plena vigencia de este derecho, habrá siempre quienes busquen extender o mantener sus propios ámbitos de libertad hasta el libertinaje y más allá de los marcos de una sana convivencia, tanto con arreglo a una determinada legislación o por falta de ella, como mediante el uso de la violencia física, así como también a través de la subsistencia contra natura de normativas que, aprovechando mayorías circunstanciales pasadas, sostienen intereses espurios que lesionan la libertad y dignidad de los demás, gracias a una acumulación arbitraria de poder económico, político o social.
Unos como otros conspiran contra el valor central de la democracia, cual es contar con los mecanismos para resolver los inevitables conflictos de interés de manera pacífica, y en su porfía y tozudez, terminan arrastrando a las sociedades a definiciones basadas en la pura voluntad de poder. Gracias a la división de poderes, la democracia puede y debe generar normas y acuerdos de coexistencia mínimos para sostener la tolerancia ante ciertos estados de cosas –siempre dinámicos- y proteger los diversos modos de vida y culturas de los múltiples, diversos y plurales conjuntos de personas que mayoritaria o minoritariamente cohabitan en una sociedad abierta y libre.
El envío del proyecto citado y las reacciones al mismo es una muestra más de las aún inmaduras relaciones sociales que el país ha ido construyendo y muestra que, finalmente, pareciera que siempre estamos dispuestos a justificar la violencia cuando aquella aparece como funcional a nuestros intereses y a criticarla cuando surge como reacción a la nuestra. Aprender a rechazar toda violencia y a exponer públicamente nuestras razones, pero por sobre todo, nuestras reales intenciones y voluntades de modo transparente y abierto, parece ser uno de los más serios vacíos de nuestra educación y el peor enemigo de una sociedad de libertades viable en el largo plazo.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/08/saqueos-tomas-encapuchados-y-educacion/
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