Los manifestantes claman por educación gratuita y de calidad. Los orígenes del problema se atribuyen a las privatizaciones adoptadas en el gobierno militar.
Millones de jóvenes chilenos luchan por una educación igualitaria y de calidad, pues acusan que en su país es un negocio y no un derecho. A las protestas se han sumado padres y niños que no ven con buenos ojos su futuro, así como también organizaciones sindicales.
La Confech -organización que congrega a las federaciones de estudiantes de universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores- pide básicamente: democratizar el sistema de educación superior, acceso con equidad, calidad y heterogeneidad social en la matrícula y aumentar el financiamiento público en educación superior.
Estas demandas obedecen a que el país es uno de los más costosos en educación y los ciudadanos son quienes deben pagar un alto porcentaje: “Las familias chilenas financian un 73% de la educación superior mientras que otros países de la OCDE sólo un 16%”, afirman en radio Santiago.
Los manifestantes reclaman que la educación en Chile es un negocio que abarca desde la enseñanza escolar hasta la superior, donde el tener o no el dinero para educarse determina la calidad de vida futura. Existen estudios que dejan entrever esta realidad.
Cada año el gobierno realiza la prueba Simce a algunos cursos de primaria y secundaria. El test busca medir la calidad de los alumnos en lenguaje, matemáticas y ciencias. Los resultados arrojados el 2010 mostraron nuevamente la brecha existente entre ricos y pobres: los centros educacionales particulares pagados obtuvieron 303 puntos; los particulares subvencionados 276; y los municipales 258.
Esta diferencia se mantiene a la hora de escoger una institución de educación superior, pues los mejores puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria- PSU- suelen recaer en quienes tuvieron una educación privada: de las 520 personas que obtuvieron puntajes nacionales en el 2010, 341 estudiaron en escuelas particulares, 88 en subvencionadas y 91 en municipales.
La educación chilena en manos de empresarios
Si se trata de buscar la esencia del conflicto irremediablemente se llega a los cabecillas del sistema educacional: gente de poder, empresarios y hasta políticos. Si bien no se puede atribuir que todo el sistema educacional está en manos de una elite, buena parte de él responde a ella.
El periodista Juan Guzmán de Luigi, en su reportaje "El negocio de educar" publicado por el semanario Siete + 7 el 2002, ya desmenuzaba una de las causas principales del problema de la calidad de la educación: el lucro.
Guzmán explica que existe un selecto grupo de dueños de cadenas de escuelas donde “buena parte de la fortuna que han logrado proviene de la subvención del Estado”. El problema mayor se genera porque la inversión de los sostenedores de las cadenas de escuelas no se refleja, en muchos casos, ni en una educación de calidad ni en establecimientos con una infraestructura adecuada.
Uno de los asesores de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, según Guzmán, explicaba que “una vez que el Estado entrega la subvención esos recursos son privados y la persona puede hacer con ellos lo que quiera”.
El mundo de la política no está ajeno al negocio de la educación, como la califican los manifestantes. Personeros del ala derecha como de centro-izquierda tienen vínculos con universidades privadas y centros de formación técnica. Sin ir muy lejos el exministro de Educación del actual gobierno, Joaquín Lavín, declaró en un programa de televisión que el dinero que invirtió en la Universidad del Desarrollo (institución privada) no lo había perdido.
Los orígenes de la privatización educacional
El sistema de educación en Chile comenzó a privatizarse durante el gobierno del General Pinochet (1973-1990), quien decidió descentralizar y privatizar las escuelas, traspasando la responsabilidad de la educación pública a los gobiernos locales.
Según un artículo publicado por la revista Time dicha política en vez de nivelar la educación solidificó las inequidades en los estudiantes lo que repercute hasta hoy: “La posibilidad de entrar a las mejores universidades y ganar las becas está desproporcionada. Tal situación ha derivado en una explosión de universidades privadas de dudosa calidad (…)”, sostiene elartículo.
El aumento de universidades y centros de educación técnica posibilitó el acceso a la educación superior de mucha gente que antes del gobierno militar no tenía esa opción. Sin embargo, en varios casos esto no ha ido de la mano con proporcionar una educación de calidad.
El problema de la educación tiene un trasfondo que va más allá de la gratuidad a la que se aspira. Si bien se está pasando a llevar un derecho fundamental, las demandas por “calidad” no se solucionarán totalmente con educación gratuita para todos.
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