Por esto que cuando se crea la Comisión de Prisión Política y Tortura, y se dicta la ley 19.992, se garantiza el silencio durante 50 años de los torturadores. Una de las formas más burdas de impunidad.
Esta ley de “reparación” se redujo a un precario monto mensual, y otros beneficios menores de salud, vivienda y educación. Ninguno de estos beneficios se acerca a la magnitud del daño causado. La reparación en educación consistió en que el Estado se comprometía en garantizar la continuidad gratuita de los estudios, entre ello los superiores, a cargo del Fondo de Becas de Educación Superior del MINEDUC. Dado que la mayoría de los ex-pp tiene una edad muy avanzada para utilizar este beneficio y un nivel de escolaridad muy bajo es que, la mayoría veía con buenos ojos la posibilidad de traspasarlo a sus hijos y nietos, como una mínima manera de compensar a todos los que se vieron dañados por la persecución.
El negocio de las becas
El negocio que han estado realizando las Universidades Uniacc, Bolivariana, La República, Arcis y Academia de Humanismo Cristiano, era desde hace mucho tiempo, un secreto a voces.
La Uniacc, por ejemplo, dentro de estas posibilidades de negocio de la educación de mercado, creó el curso Universitario: Comunicación y Gestión y Nuevas Tecnologías, en el que no se requerían condiciones básicas tal como haber cursado la Enseñanza Media o haber rendido una prueba de selección. Por otro lado todo curso que dicte una Universidad, tiene que contar con la aprobación del MINEDUC, especialmente si va a recibir fondo del Estado y por supuesto recibió esta aprobación. Otro ejemplo actual, es la oferta del curso: “Terapeuta Floral, Nivel Técnico Superior” (Programa especial para beneficiarios Valech) de la Universidad de Humanismo Cristiano, lo que raya en lo increíble.
La responsabilidad del Ministerio de Educación, que no fiscalizó y permitió el fraude, se mantuvo en dos períodos de gobierno de la Concertación, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, siendo que tempranamente se había denunciado estos hechos ante el Ministerio de Educación por la organización que agrupa a los Hijos de Ex Presos Políticos, mientras tanto la actitud que mantuvieron los representantes del Estado ante estas denuncias fue displicente y engañosa.
No era para menos, nos acabamos de enterar que el Jefe (s) de Gabinete de la División de Educación Superior el Señor Rodrigo Lasen, con quien conversamos en innumerables oportunidades denunciando el fraude, es hermano del señor Gabriel Lasen quien es director de Planificación e Implementación Estratégica de la Universidad Uniacc, también socio fundador de Talentus S.A., filial de Fundación Chile, cosa que nosotros desconocíamos.
La amplia difusión pública de esta denuncia a través del programa “Esto no tiene nombre”, vino a corroborar las afirmaciones que ya hace varios años hiciera la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg, en su libro “El negocio de las universidades en Chile”, y el periódico “El periodista”, en el Nº 5 del 14 de Septiembre del año 2007. El peso de estos graves hechos están siendo investigados por la Fiscalía a cargo de la Fiscal Ximena Chong, donde esperamos se llame a declarar desde Ministros de Educación hasta el último de los involucrados. Nos cabe mencionar también la responsabilidad de la Contraloría y la Cámara de Diputados. Básicamente el negocio consistía en hacer un curso de bajo costo y mínimo contenido al precio de un magíster. Para diciembre del 2008, la Contraloría había constatado que se habían desembolsado más de 6 mil millones de pesos por este negocio y no hizo nada para investigar.
Nuestros padres, los hijos y los nietos nos sentimos profundamente menoscabados, y nuevamente vulnerados, como una segunda transgresión en nuestros derechos: por la denegación de justicia y reparación. La premeditada institucionalidad, burocrática y corrupta, que tuvo la Concertación en el tema de DDHH, fue consecuente...para desconocer el compromiso adoptado con nuestros padres, cuando se les pidió el voto.
Los Hijos de Ex Presos Políticos también sufrimos la persecución junto a nuestros padres, con todas las secuelas que esto conlleva, por lo que el daño infringido por el Ministerio de Educación al hacerse cómplices de estos delitos es una doble persecución. En su oportunidad se le expuso al Ministerio que los descendientes de los ex-pp aspiraban a hacer uso legítimo de un beneficio que sus padres ya no podrían disfrutar, y que producto de la persecución sufrida ellos tampoco podían asegurársela a sus hijos. Hoy sabemos que no sólo no se nos tomó en cuenta, traspasándonos el beneficio con características disminuidas, que en realidad no nos beneficia. Sino que además fueron cómplices de una estafa que hoy impide a la mayoría de ellos a acceder a cualquier beneficio.
Las secuelas para nuestras familias se ahondan cada vez más y afectan al entorno familiar. Los hijos y nietos vivimos las dificultades de nuestros padres en la inserción social, incluso llegando a tener graves consecuencias síquicas, como lo comprueban los informes de las especialistas del PRAIS.
No puede haber una segunda impunidad. Los que pretendieron enriquecerse a costa de nuestros derechos deben ser juzgados, y nos haremos parte de este proceso. Pero más allá del daño económico, causado al estado y a muchas de nuestras familias, y que debe ser perseguido, el estado debe entregar el beneficio íntegro a los descendiente de las víctimas, pues no renunciaremos a nuestros derechos. Por tanto reponer la beca íntegra a nuestros padres estafados
La trenza que permitió el negocio de la corrupción.
Actualmente la Uniacc es Consorcio Estadounidense Apollo Group, Inc. a través de subsidiaria internacional Apollo Global, Inc. Antes su dueño era Andrés Guillof. De un marcado acento pinochetista con profesores como María Eugenia Oyarzún y Mónica Madariaga, se transmuta a Universidad mas ligada a la Concertación: encontramos en su consejo directivo a Daniel Farcas ex director de Sence, hombre ligado a Guido Girardi, cargo que dejó por caso Coimas, Mariana Aylwin, ex ministra de Educación, Jorge Shaulsohn, y Rodrigo Hinzpeter en el consejo de abogados. El “giro” hacia las víctimas no solo era un negocio, sino que limpiaba la imagen del pasado pinochetista de varios de los directivos. Así también se suma el reconocimiento de Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Comunicación, que recibió en abril José Miguel Insulza, y la distinción a Monseñor Valech, luego que entregara a la Universidad el material audiovisual perteneciente a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
No era posible montar todo el entramado de las becas Valech sin contar con el apoyo desde el interior de las organizaciones de ex presos políticos. Para esto se contrataron captadores como Gloria Flores, Jorge Palma, Héctor Cataldo presidente de la Anexpp, Jorge Morgado, Héctor Vidal, Victor Yañez, Dagoberto Acuña, este último presidente de los Retornados del Exilio (la mayoría militantes del Partido Comunista), llamaban a este fraude: Programa XXI.
Al conocer la extensa lista de empleados de la Uniacc que son simultáneamente dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos tan solo aumenta nuestra repugnancia.
Cada vez que necesitábamos movilizarnos, por el traspaso integro de la beca, estábamos solos y ahora entendemos el motivo: le echábamos a perder el negocio. El negocio para las Universidades estafadoras, para el MINEDUC, para los operadores de la Concertación y su caja electoral y el negocio a los dirigentes de las organizaciones de DDHH.
Hijos Chile
de Hijos Chile, el Lunes, 17 de mayo de 2010, 20:17
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