por Juan Manuel Zolezzi - 30/10/2011 - 09:00
La discusión parlamentaria por el Presupuesto de la Nación, particularmente aquella referida a los recursos destinados al sistema nacional de educación superior, está en plena sintonía con las demandas que han motivado más de cinco meses de movilizaciones estudiantiles, que buscan fortalecer una educación pública, gratuita y de calidad.
Es en este contexto que he presentado una propuesta de gratuidad y su respectivo financiamiento para todos los estudiantes de las universidades integrantes del Consejo de Rectores, mediante un incremento significativo de los aportes basales que destina el Estado a estos 25 planteles. Según nuestras estimaciones, esta propuesta requiere de 677.460 millones de pesos al año para aportes basales a las universidades del Cruch. Actualmente, llegan a 254 mil millones de pesos por año, por lo que el Estado debería incrementar estos recursos en 423 mil millones de pesos, unos 793 millones de dólares anuales. Estos recursos deben provenir, en parte, de un financiamiento permanente. Específicamente, se debería mantener en 20% la tasa de impuestos de primera categoría a las empresas, que fue aumentado en tres puntos porcentuales para financiar las obras de reconstrucción del terremoto de 2010. Esta es una medida que comienza a considerarse como una alternativa, pues los mismos empresarios la han valorado y considerado viable.
La gratuidad se traduce en un financiamiento basal a las universidades del Consejo de Rectores para permitirles desarrollar su misión de largo plazo y con ello rebajar a una cifra simbólica los aranceles. Los factores asociados a ingresos variables (becas, créditos) no pueden asumirse como colaterales para créditos que financien proyectos institucionales vinculados, por ejemplo, con determinadas políticas públicas. De ahí que la estabilidad en las fuentes de recursos reduce esta incertidumbre respecto del financiamiento. Pero, sobre todo, sirve de mecanismo de regulación del lucro en la educación superior, poniendo freno al alza desmesurada de aranceles universitarios de la última década.
La gratuidad y el aporte basal de largo plazo no dependiente de factores variables, como créditos y/o becas (vouchers), permite una toma de decisiones universitarias enfocada en la política pública que desea plasmar la nación en su agenda. Esto abarca desde la integración regional-productiva empresarial, pasando por el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Una reforma de gratuidad al sistema tradicional universitario permitiría terminar con la segregación socioeconómica y contribuye a la integración social. Estos costos de mayor integración son superados por la conciencia de coexistir en un sistema universitario en el que la educación no es racionada por la capacidad de pago. Significaría desligar a las familias de menores ingresos de los indeseables mecanismos de crédito financiero, y a nivel general de las capas sociales, implicaría el afianzamiento de un proyecto colectivo. De paso, contribuiría a regular los aranceles del sistema privado en beneficio de los estudiantes de esos planteles, siendo el mejor control del lucro en la educación superior.
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