"No se puede censurar a alguien que opta por el diálogo"

Entrevista al senador PPD, Jaime Quintana, sobre los últimos hechos ocurridos en el ex Congreso y el posible voto de censura contra Guido Girardi.

11:20 | El presidente del Senado, Guido Girardi, no permitió que se desalojara en forma violenta a manifestantes en el ex Congreso el jueves pasado, lo que ha provocado una oleada de críticas desde el oficialismo y también algunas de la oposición. CNN Chile conversó con el senador PPD, Jaime Quintana sobre los hechos ocurridos.
 
 "No entiendo las críticas, en el sentido de queel día anterior habíamos visto lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con un desalojo violento y el ingreso de fuerzas especiales, y uno podría fríamente pensar que aquí lo que se busca es empatar una situación lo que es tremendamente complejo para el momento en el que estamos", señaló el senador.
 
"Por supuesto que repudiamos y lamentamos el hecho de agresión verbal hacia el ministro Bulnes, eso no ayuda en absoluto, pero tampoco ayuda que tengamos un conflicto en el tiempo donde el propio Gobierno ha señalado que esto se va a radicar en el Congreso", argumentó Jaime Quintana.


http://www.cnnchile.com/nacional/2011/10/22/no-se-puede-censurar-a-alguien-que-opta-por-el-dialogo/

Organización de Derechos Humanos: 'Carabineros se ha excedido en sus atribuciones'

En entrevista con ADN Radio Chile Alberto Coddou, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales declaró: "El derecho penal es siempre la última opción y lo estamos usando siempre como la primera opción", esto luego de manifestar que ha existido un abuso a los manifestantes estudiantiles en las marchas por parte de Carabineros . 

“Esta es una situación de la que venimos dando cuenta (..) en que Carabineros claramente ha demostrado que se ha excedido en sus atribuciones" dijo Coddou agregando que "creemos que Carabineros ha sido presa de nuestras autoridades políticas que han incurrido en dos errrores primero en que se ha excedido en el uso del derecho Penal como manera de solucionar los conflicos sociales y segundo que ha criminalizado el ejercicio legítimo de derechos fundamentales y en este caso el derecho a la protesta social, un derecho que está reconocido tanto en nuestra constitución como en tratados internacionales". 

Además, Alberto Coddou dijo que hay un arduo trabajo de las organizaciones ciudadanas que fiscalizan el actuar de Carabineros, para que éstos no cometan abusos. Y argumenta que hoy endía se fiscalizan los lugares de detención y la comisarías, pero que no tienen cómo fiscalizar los traslados: "Las organizaciones están colapsadas de trabajo, estas organizaciones que funcionan como guardianes (…) los que están en las comisarías. El problema es que no están en los camiones de Carabineros en donde se traslada a los detenidos desde los lugares de detención hasta las comisarías, y creemos que ahí, y eso ha sido a partir del testimonio de numerosas personas, es donde cometen la mayor cantidad de abusos policiales o de apremios ilegítimos en este caso". 

El próximo 28 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una sesión que tratará sobre Chile y específicamente sobre cómo se manejan los Derechos Humanos en las protestas y manifestaciones. Según Alberto Coddou, ellos como organización social han ido levantando evidencia y la presentarán en esa sesión debidamente respaldada con evidencias. 

Por último este miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dice que "el gran problema que tenemos hoy día es que tenemos una justicia militar que no garantiza las condiciones mínimas del debido proceso".


http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/organizacion-de-derechos-humanos-carabineros-se-ha-excedido-en-sus-atribuciones/20111022/nota/1566229.aspx

Hinzpeter endurece postura y acelera ley que castiga tomas

Ministro dijo en reunión con parlamentarios y comerciantes de Santiago que pondrá suma urgencia en el Congreso a la iniciativa.

por Lorena Ferraro

Hasta el despacho del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llegó ayer en la mañana un grupo de vecinos y comerciantes del sector sur de Santiago. Todos ellos afectados por los desmanes y actos de violencia perpetrados en el marco de las protestas estudiantiles de los últimos meses.

Junto a ellos, ingresaron también a la oficina del jefe de gabinete el senador Alberto Espina y los diputados Cristián Monckeberg y Marcela Sabat, todos de RN. Esta última, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja.

La cita, explican en La Moneda, buscaba dar una señal sobre su preocupación por mantener el orden público y se producía un día después de los incidentes ocurridos en la sede en Santiago del Congreso, cuando un grupo de ambientalistas y estudiantes interrumpió una cita de una comisión parlamentaria que revisaba el presupuesto para el próximo año del Ministerio de Educación, insultando al titular de la cartera, Felipe Bulnes.

Según dijeron asistentes a la reunión de ayer en el despacho de Hinzpeter, el ministro indicó su determinación de acelerar el trámite en el Congreso de la iniciativa que sanciona con cárcel las tomas "violentas" de recintos públicos -como escuelas, universidades y hospitales-, tipifica el delito de "saqueo" en medio de las protestas ciudadanas y endurece las penas ante la interrupción de servicios públicos.

La idea, según indicó Hinzpeter, es poner suma urgencia a la iniciativa, que había ingresado hace un par de semanas con urgencia simple.

"El ministro Hinzpeter les ha señalado (a los vecinos y comerciantes) que el gobierno va a acelerar a toda marcha la tramitación de esa iniciativa legal", afirmó el senador Espina al termino de la reunión.

En los últimos días, Hinzpeter ha impulsado una fuerte ofensiva pública, endureciendo las condenas a los hechos de violencia y remarcando el compromiso del gobierno con los temas de seguridad pública.

Así, el martes pasado, el jefe de gabinete anunció que el gobierno se querellaría invocando la Ley de Seguridad del Estado, ante la quema de un bus del Transantiago en la comuna de Macul.

Al día siguiente, el ministro defendió esta decisión ante una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para analizar el derecho de las personas a manifestarse. La sesión terminó con una fuerte polémica, luego de que el presidente de la Cámara Baja, Patricio Melero (UDI) ordenara al desalojo de las tribunas, episodio que terminó con el ingreso de Fuerzas Especiales al lugar.

Y el jueves, tras una reunión de los ministros políticos y el Presidente Sebastián Piñera, Hinzpeter fue quien condenó enérgicamente los incidentes ocurridos en el Congreso en Santiago y cuestionó con dureza el rol del titular del Senado, Guido Girardi.

Incluso, tras dicha reunión con el Presidente, Hinzpeter evaluó ir personalmente, junto a Bulnes, a interponer las querellas que había anunciado el gobierno contra los autores de dichos desmanes.

Así, ambos ministros se quedaron juntos hasta altas horas de la noche del jueves en el despacho de Hinzpeter, preparando las acciones legales.

Sin embargo, dicho diseño fue desestimado posteriormente. Las querellas serían interpuestas por un abogado del Ministerio del Interior, según se informó.

Ley "anti tomas"

El 2 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro Hinzpeter, firmó el proyecto de ley que modifica el artículo 269 del Código Penal e incorpora nuevas figuras delictuales, entre ellas el saqueo. La iniciativa, además, transforma en delito "la ocupación o invasión ilegal de inmuebles" a través de medios violentos, como viviendas y recintos educacionales, estableciendo penas de hasta tres años de cárcel.

http://diario.latercera.com/2011/10/22/01/contenido/pais/31-87795-9-hinzpeter-endurece-postura-y-acelera-ley-que-castiga-tomas.shtml

Organizaciones de Derechos Humanos Denuncian Violencia Policial, Tortura y Vejámenes a Mujeres

Representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas bajo la campaña “Alto Ahí, Basta de Violencia Policial” (www.altoahi.cl), dieron a conocer en conferencia de prensa su más profundo rechazo y preocupación frente al aumento desmedido de la represión ejercida por Carabineros en contra de civiles, en el marco de las movilizaciones sociales que se registran en el último tiempo en el país. El viernes 28 de octubre, presentarán la información recabada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concedió audiencia especial para conocer mayores antecedentes sobre abusos policiales en Chile durante las últimas manifestaciones públicas.

Frente a este actuar abusivo e ilegal de la policía, denuncian que estas prácticas no constituyen hechos aislados y que, por el contrario, en Chile se “está instalando un patrón de comportamiento, sistemático y estructural, que es avalado por las autoridades”, advirtió José Miguel Guzmán, de Cintras.

Confirmando que los hechos más graves se producen al momento de la detención y, en particular, durante el traslado de los detenidos a unidades policiales, donde son objeto de insultos verbales; golpes en el cuerpo y rostro, incluso con fracturas expuestas; actos de tortura e incomunicación; violencia sexual y vejámenes, que afectan principalmente a menores de edad y mujeres (adolescentes y adultas), como confirmó Marta Cisternas, coordinadora del equipo de Observadores de Derechos Humanos que desde agosto constatan en terreno de estos hechos y que han sido objeto también de amenazas y agresiones por parte de carabineros.

En cuanto a la constatación de lesiones, Cisternas agregó que se está disponiendo la presencia de personal médico en las propias comisarías, evitando así que los heridos sean trasladados a centros asistenciales para ser evaluados, “situación que consideramos irregular, pues no se ajusta a los protocolos que deben seguirse en estos casos.  No existiendo siquiera un registro con los nombres de las personas, ni del tipo de lesiones”, denunció.

La observadora, al final de su intervención, exhibió fotografías y un video donde se pudo apreciar cómo desde un carro policial se instruía a oficiales de fuerzas especiales para que le levantarán la falda a estudiantes secundarias, como una forma de evidenciar esta violencia de género que también ha incluido golpes en senos y vagina, relató.

Otro aspecto destacado durante la conferencia, fue la absoluta falta de claridad respecto los procedimientos policiales aplicados en contextos de manifestaciones públicas y de sociabilización de los mismos.  En este sentido, Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional - Chile, señaló que “se solicitó al Ministerio del Interior, invocando la Ley de Transparencia, información sobre los protocolos utilizados, las medidas que se tomarán para investigar estas denuncias de violencia innecesaria y para prevenir hechos similares en el futuro.  Sin embargo, dicho Ministerio ha derivado reiteradamente estas solicitudes a Carabineros de Chile, indicando que el Ministerio del Interior sólo tiene competencia respecto asuntos y procesos administrativos”.

Por su parte Pablo Villar, abogado de la Federación Nacional de Pobladores  (Fenapo) confirmó esta dificultad para obtener información señalando que incluso “los abogados no sabemos, muchas veces, con qué criterios procede la policía, por tanto cómo podemos esperar que los manifestantes sepan dónde ajustar sus conductas, sin una socialización de cuáles son estos parámetros”.

Mientras que para Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos, un fenómeno preocupante es la estigmatización del manifestante y la naturalización que se está construyendo en torno al actuar policial, lo que se ve amplificado por los medios de comunicación.  “Aquí se está instalando el terrorismo contra la civilidad, pues todo lo que se muestra y destaca es el caos, los desórdenes, pero no se da cuenta de las particularidades de este movimiento y menos aún las brutales agresiones de la que son víctimas nuestros niños.  Y si es que llegan a hacerlo, se muestra como parte de algo necesario para proteger el orden público”, señaló.

 Derecho a de reunión, criminalización de la protesta y justicia militar

 La criminalización de protesta social y los límites impuestos al derecho de reunión, así como la deuda que el estado chileno mantiene respecto de la reforma a la justicia militar, fueron también destacados por las organizaciones como violatorias de derechos humanos.

Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, aclaró que “nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión, sin permiso previo, lo que se ve obstruido por la utilización de un Decreto Supremo (N°1.086) dictado a principio de las movilizaciones políticas de los ’80, en contexto de dictadura.  Este decreto permite prohibir de facto cualquier movilización y hoy es utilizado contra manifestaciones sociales, convirtiendo actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”, aseguró.

Nicolás Facuse, agregó que la necesidad de pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, “es una contradicción en sí misma.  Por lo que aceptar un mecanismo como éste, implica también aceptar una cultura represiva, donde nadie tiene claros los procedimientos”.

Por su parte Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, destacó que producto de la persistencia de la competencia de los tribunales militares para conocer de hechos en que son víctimas de violencia civiles, “pese a existir sentencia condenatoria de la Corte Interamericana (caso Palamara) que obliga su adecuación, hoy se experimentan situaciones de falta al debido proceso y una marca impunidad frente a estos abusos policiales.  Además, se debe recordar que la modificación parcial de la que fue objeto este cuerpo legal, se produce tras una huelga de hambre que por más de 80 días mantuvieron comuneros mapuche imputados bajo delitos terroristas y no por voluntad activa del estado”, finalizó.

Audiencia ante la Comisión Interamericana

El próximo viernes 28 de octubre, a partir de las 15 horas, se realizará en Washington la audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de violencia policial que se está viviendo en nuestro país en el marco de movilizaciones estudiantiles.

La presentación estará centrada en cuatro ejes: regulación del derecho de reunión; violencia de agentes del estado contra niños, niñas, jóvenes; Justicia Militar y debido proceso y criminalización de la protesta social.

Fuente: Alto Ahí

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5210%3Aorganizaciones-de-derechos-humanos-denuncian-violencia-policial-tortura-y-vejamenes-a-m-ujeres&catid=41%3Aderechos-humanos&Itemid=56