Comisión de la Cámara de Diputados rechazó acusación constitucional contra Hinzpeter

La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de evaluar la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, rechazó el libelo presentado contra el secretario de Estado, a quien se responsabiliza por los actos de violencia registrados el pasado 4 de agosto.

El presidente de la comisión, el diputado de RN Germán Verdugo, manifestó que cumplido el plazo en el cual la comisión debía emitir su veredicto, los tres diputados oficialistas de la instancia, más el diputado independiente Pedro Velásquez; consideraron que no daba a lugar la Acusación Constitucional, la cual fue presentada el pasado 9 de agosto por parlamentarios de oposición. A favor votó el diputado José Pérez (PRSD).

Cabe recordar que los quince patrocinantes del libelo justificaron en el documento que el ministro faltó a la Constitución "por vulnerar el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo; por no velar por el orden público; y la interferencia ilícita con una suerte de Estado de Emergencia, el pasado 4 de agosto". 

El diputado Verdugo precisó que la Sala será convocada mañana miércoles para analizar el tema y explicó que, si se presenta la llamada "cuestión previa" (la correspondencia a la forma de la presentación del libelo), ésta será votada primero. 

Si se aprueba, es decir, si la mayoría de la Sala considera que la acusación no fue presentada conforme a los requerimientos formales, el proceso concluye ahí. Si se rechaza, se procede a analizar el fondo y observar el informe emitido por la comisión.

Verdugo señaló que uno de los aspectos que primó a la hora de rechazar el fondo de la acusación fue el hecho que, tanto lo afirmado por el Ministro del Interior como lo declarado por el presidente del Colegio de Profesores, fueron coincidentes en que se planteó una alternativa de trazado de la marcha fijada para el pasado 4 de agosto, la cual no fue acogida por los solicitantes.

Otro criterio que fue evaluado por la comisión es que la facultad de autorizar o rechazar marchas recae en el intendente o, en su defecto, en el gobernador, pero no en el ministro del Interior




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