 ¿Cuál es el sentido de la palabra “nación”, o “patria” o “territorio compartido”? ¿Qué es y cuáles son las funciones del estado, entendido como la forma superior de organización de un conjunto humano constituido en “sociedad”? ¿A qué nos referimos cuando decimos “ciudadanos”? ¿Por qué habría de ser “obedecido” el Estado, o dicho en otros términos, en dónde residiría su legitimidad?
Una primera respuesta a tales interrogantes habría que buscarla, creemos, en la necesidad de una forma de relacionarse entre sí de quienes comparten una morada vital: su país.
Al nacer, cada uno adquiere por ese sólo hecho una nacionalidad y todo lo que ella representa: lengua, o lenguas; historia, tradiciones. Y con todo ello, una pertenencia común, que necesariamente implica ciertos códigos solidarios.
¿Qué deberes implica para cada uno y cada una el ser miembro de una comunidad organizada? ¿Y cuáles son hacia ellos y ellas los deberes de esa comunidad organizada?
Vivimos en nuestro país en estos días debates de hace muy poco tiempo impensable intensidad, en torno precisamente a estas cuestiones vitales.
Reclaman los jóvenes, del estado, una educación, “gratuita” dicen, y de calidad. Y se les responde que tales demandas carecen de fundamento, que nos les asiste tal derecho, que son imposibles.
Y, entonces, los jóvenes, y con ellos la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país se preguntan: ¿y qué nos da el estado, qué nos garantiza, qué nos da Chile?
Dicho en otras palabras: ¿para qué existe una sociedad organizada, un estado, si no es para proveer…?
Cumple sus deberes el habitante del territorio, aun antes de alcanzar la edad adulta: respeta los semáforos, paga impuestos por cada litro de leche y cada kilo de pan, se comporta “civilizadamente” en los espacios públicos, acata leyes y reglamentos, se somete a la justicia; participa, cuando es su decisión, en las organizaciones sociales y políticas que la propia institucionalidad le permite; se identifica con “los emblemas patrios”, enarbolando sus banderas en los días señalados; es respetuoso y tolerante ante las diversidades de cualquiera naturaleza, etc., etc.
Es decir, si hay algún “pacto social”, el ciudadano simple y anónimo lo cumple escrupulosamente.
Y, entonces, el estado lo acoge y lo tiene como suyo.
¿Y qué más? Es decir, ¿qué más le ofrece el estado al simple ciudadano, que no sea “reconocerle” sus deberes?
Pide y espera el simple ciudadano que el estado le provea educación, y el estado se la niega porque la considera “mercancía”, “bien de mercado”.
Espera y reclama salud, y el estado se la niega o la restringe, se la mezquina, porque ella también es “una mercancía” disponible en el mercado.
Espera el ciudadano vivienda digna y confortable, y el estado, por las mismas razones, se desentiende y se la niega.
Aspira el ciudadano común a la seguridad en hogares, barrios y poblaciones, y el estado, por un criterio de clase que privilegia a los sectores “acomodados”, se la niega.
Quiere circular por calles y carreteras este ciudadano común, pero las halla concesionadas o entregadas a los intereses de un transporte público deficitario y privado.
Aspira a una mejor calidad de vida, pero el estado se desentiende y entrega los servicios de utilidad pública –energía para sus hogares, servicios sanitarios, agua potable- a los inversionistas privados.
Espera el ciudadano común que le garantice el estado su seguridad, y el bienestar para el término de su etapa laboral, pero el estado ha entregado los ahorros de los trabajadores a grandes consorcios que hacen de ellos un objeto de lucro.
Anhela el ciudadano común un medioambiente limpio y no contaminado, y el estado se lo niega en nombre de la sacrosanta “libertad de mercado”.
Y, entonces, una vez más: ¿qué le ofrece, qué le garantiza y qué le da el estado al ciudadano simple y anónimo como no sea, y ello está hoy cada vez más a la vista, la represión?
En algún pasaje de nuestra historia se atribuyó al estado la función de fomentar la producción, y hasta se proclamó “gobernar es educar”. Hoy, nada de eso: para quienes están en la cúspide del estado, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, la función preferente del estado es simple y urgentemente: reprimir. Y ello no puede quedar sin consecuencias.
(*) Editorial de El Siglo. Edición 1580 del 14 de octubre de 2011
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