El proyecto anunciado por el gobierno ha dejado perplejos a muchos juristas por variadas razones. Quiero exponer las que a mí me han sorprendido.
En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la justa pregunta que me hago es quién está asesorando en estas materias al gobierno. De seguro, alguien que no ha tomado un manual de derecho penal en mucho tiempo, que carece absolutamente de conocimientos básicos de criminología, y la ignorancia más supina e irredenta en materia de derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional.
La criminalización de las conductas que el proyecto prevé, se refieren a los únicos métodos eficaces que posee el movimiento estudiantil y que históricamente ha sido utilizado para hacer oír sus reivindicaciones, justas o no, estemos o no de acuerdo con dichos métodos. Nunca se ha considerado que sean delitos, sino formas extremas de manifestación y presión.
En ningún caso una toma, un paro, un desorden público, importan conductas criminales, que desde la perspectiva del gobierno son incluso mala in se, contrarias por esencia al derecho natural, en una concepción pre escolástica, claro está.
No estaría mal recordar a los juristas de Palacio el carácter de ultima ratio del derecho penal, como asimismo, que todas las conductas típicas que el proyecto describe como calificantes de estos “nuevos delitos”, ya son conductas típicas, delitos que están presentes tanto en el Código Penal como en la legislación extravagante.
La innovación consiste en el contexto en que estas conductas se verificarían, como en la singular figura de cometerse el delito requiriéndose un acto volitivo de la “víctima”. Me parece notable como técnica de regulación penal que el delito se consume sólo cuando al Director del establecimiento educacional le plazca. Una misma conducta podría ser delito y no delito, dependiendo de la voluntad del jefe de la institución educativa.
Pero, aunque parezca un contrasentido pensando que quien escribe es abogado, las múltiples atrocidades jurídicas no son lo más relevante en este nuevo capítulo de la comedia de equivocaciones que el supremo Gobierno de Chile protagoniza desde el 11 de marzo de 2010.
Lo que realmente resulta incomprensible es la oportunidad política para hacer tan magno anuncio. No sólo no hay juristas en Palacio; tampoco hay políticos. ¿En qué mente enferma cabe tratar de delincuentes a quienes van a sentarse a una mesa de diálogo sólo dos días después?
La única explicación que tengo –y en esto aventuro una hipótesis que en la observación y conversaciones con mis pocos amigos de derechas he desarrollado – es la necesidad de la derecha de reencontrarse con su matriz autoritaria. Y eso es lo que no deja de sorprenderme. Durante la Unidad popular se acuñó una frase: “este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno”. Denotaba la adhesión crítica, pero comprometida, del militante de izquierda. A diferencia de ello, cuando converso con personas de derecha sobre actualidad política nacional, lejos de hablar en términos de apropiación (“mi gobierno”, “nuestro gobierno”, etc.), se refieren a la administración, y al Presidente en particular, en términos que denotan una desafectación profunda. Concluyo: el votante de derechas está mayoritariamente desafectado con su gobierno o, a lo menos, desencantado.
Las promesas de Sebastián Piñera durante la campaña presidencial, bastante poco poética en términos de relatos de país, se pueden resumir en tres: eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, incorruptibilidad de las autoridades públicas, y orden público. Al cabo de un año de gobierno, esas tres promesas se han pulverizado en una realidad eficientemente autodestructiva de las instituciones públicas e incluso de la dignidad y la figura presidencial. Sólo como ejemplo en estos tres órdenes de líneas de acción citaré que muchos de los damnificados del terremoto han pasado dos inviernos a la intemperie; dos escándalos de corrupción de proporciones detonaron la salida de una Ministra de Estado y una Intendenta, fuera de todos los obscenos conflictos de interés de que se ufanan muchas autoridades. Y, en lo que nos ocupa, la situación de desorden, protestas masivas, marchas, concentraciones, tomas, paros, etcétera, que están a la orden del día.
El empresariado ha demandado en forma enérgica del gobierno que ponga orden y asegure la estabilidad para permitir las transacciones económicas en la paz de la “sociedad de mercaderes” de David Ricardo.
Ante estas presiones, no es de extrañar que el gobierno, lejos de desplegar habilidad política para alcanzar acuerdos con los estudiantes, esté pensando en contentar y re encantar a su electorado tradicional, partidario de la autoridad, el orden y la disciplina. Esto es un error desde todo punto de vista, ya que el electorado de derecha –a diferencia de los anárquicos partidos que integran la coalición de gobierno – es un electorado minoritario, pero fiel y militante, y los partidarios del autoritarismo, afortunadamente, son una minoría ínfima. A su electorado periférico, en cambio, que le permitió ganar la elección presidencial, no lo encantará jamás con estas medidas efectistas, carentes de sentido político y de espíritu democrático.
La aprobación de este proyecto de ley sería un retroceso para la derecha chilena, que rápidamente se desteñiría de sus opacos colores democráticos.
* Álvaro Fuentealba, Director de Escuela, Facultad de Derecho Universidad de Chile.
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Foto: Pedro Fabundez / Licencia CC
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