Detenciones ilegales y lesiones forman parte de los testimonios que un grupo de egresados de derecho y abogados están recopilando para “demostrar que existe un patrón de violencia sistemático en contra del movimiento estudiantil”. Paralelamente continúan las interrogantes en torno al carabinero encapuchado descubierto durante manifestaciones en Valparaíso, hecho que según expertos devela aristas bastante complejas sobre los límites policiales. O la falta de ellos.
Los destrozos provocados durante la última movilización estudiantil el pasado 9 de agosto coparon los medios. La escena de un automóvil incendiado por encapuchados y el ataque con piedras a un edificio residencial de Nataniel Cox en Santiago Centro fueron transmitidos en vivo a través de todo el país, lo que gatilló que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunciara que se prohibirán los encapuchados en las manifestaciones.
A la misma hora y apenas unas cuadras más allá, Francisco Arias, de 25 años y estudiante de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, sacaba fotos en el Paseo Bulnes. De pronto, vio que un zorrillo tiraba bombas lacrimógenas “contra gente que no estaba haciendo nada, mientras que a dos cuadras incendiaban un auto”, relata. Inmediatamente sacó una tarjeta roja (de árbitro) y la levantó frente al carro policial. No sabía lo que le esperaba.
En la Clínica Santa María y acompañado por sus padres, Francisco constató lesiones (ver documento): dos costillas rotas, múltiples contusiones y los ojos heridos. Esto, según explica el joven, porque luego de ser detenido y subido al furgón policial recibió una tremenda paliza. Paliza que incluyó que uno de los carabineros tomara su cabeza y aplicara presión en sus ojos, hasta dejarlo semi inconsciente, con el fin de que entregara la cámara que, como no era de él, se negaba a pasar.
Pero no fue todo. Según explica el estudiante, en el furgón lo tiraron al suelo y lo patearon, además de amenazarlo de muerte. “¿No te gusta salir a marchar?” le decían. Y aunque les suplicó que pararan no lo hicieron. Hasta que se cansaron. Luego estuvo detenido más de 10 horas en una comisaría.
“En realidad me cagué de miedo. Me detuvieron, me empezaron a pegar, pero lo más terrible para mí fue cuando me llevaban en el traslado de imputado en el reten móvil porque estuve ahí solo como una hora. No me decían para dónde me llevaban y como me habían amenazado tanto tuve temor por mi vida. Eso fue lo más terrible: no saber lo que estaba pasando”, explica.
A la misma hora y apenas unas cuadras más allá, Francisco Arias, de 25 años y estudiante de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, sacaba fotos en el Paseo Bulnes. De pronto, vio que un zorrillo tiraba bombas lacrimógenas “contra gente que no estaba haciendo nada, mientras que a dos cuadras incendiaban un auto”, relata. Inmediatamente sacó una tarjeta roja (de árbitro) y la levantó frente al carro policial. No sabía lo que le esperaba.
En la Clínica Santa María y acompañado por sus padres, Francisco constató lesiones (ver documento): dos costillas rotas, múltiples contusiones y los ojos heridos. Esto, según explica el joven, porque luego de ser detenido y subido al furgón policial recibió una tremenda paliza. Paliza que incluyó que uno de los carabineros tomara su cabeza y aplicara presión en sus ojos, hasta dejarlo semi inconsciente, con el fin de que entregara la cámara que, como no era de él, se negaba a pasar.
Pero no fue todo. Según explica el estudiante, en el furgón lo tiraron al suelo y lo patearon, además de amenazarlo de muerte. “¿No te gusta salir a marchar?” le decían. Y aunque les suplicó que pararan no lo hicieron. Hasta que se cansaron. Luego estuvo detenido más de 10 horas en una comisaría.
“En realidad me cagué de miedo. Me detuvieron, me empezaron a pegar, pero lo más terrible para mí fue cuando me llevaban en el traslado de imputado en el reten móvil porque estuve ahí solo como una hora. No me decían para dónde me llevaban y como me habían amenazado tanto tuve temor por mi vida. Eso fue lo más terrible: no saber lo que estaba pasando”, explica.
La próxima semana, junto a abogados de Asesoría Ciudadana, vinculado al Instituto Igualdad, planea querellarse por varios delitos penales, entre los que se cuentan lesiones graves, daños y detención ilegal.
Según explica el secretario ejecutivo de la organización, Ítalo Jaque, este es uno de los casos más graves que están recopilando a través del programa “denuncia la violencia policial”, ya que detalla que están creando “documentación masiva de casos de violencia policial para demostrar que existe un patrón de violencia sistemático en contra del movimiento estudiantil y no hechos aislados como argumenta la autoridad”. Hasta ahora, asegura, han reunido decenas de testimonios, cuyo patrón es “detención ilegal y lesiones durante la detención”.
Según explica el secretario ejecutivo de la organización, Ítalo Jaque, este es uno de los casos más graves que están recopilando a través del programa “denuncia la violencia policial”, ya que detalla que están creando “documentación masiva de casos de violencia policial para demostrar que existe un patrón de violencia sistemático en contra del movimiento estudiantil y no hechos aislados como argumenta la autoridad”. Hasta ahora, asegura, han reunido decenas de testimonios, cuyo patrón es “detención ilegal y lesiones durante la detención”.
Los infiltrados
Ayer miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, junto al director general de Carabineros, Eduardo Gordon, asistieron ante una Sesión Especial de la Cámara donde se les preguntó por el actuar de carabineros y sobre su utilización política orientada a deslegitimar las demandas sociales.
Días antes los diputados DC Gabriel Silber y Ricardo Rincón se habían reunido con Hinzpeter para solicitarle que prohibiera definitivamente queCarabineros de civil actúen encapuchados en actos públicos. Esto tras el revuelo que generó la presencia de un carabinero encapuchado durante las movilizaciones estudiantiles en Valparaíso y que gatilló la petición de informes y explicaciones por parte de parlamentarios y el propio Gobierno.
Esta situación podría tener aristas bastante complejas. Así lo señalan un experto en seguridad, que prefiere guardar su identidad y el ex jefe jurídico del ministerio del Interior, Jorge Claissac. Para ambos son insuficientes las justificaciones dadas por el director nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros, Aquiles Blu, con respecto a que esta acción estaría “permitida por la ley” y el respaldo del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que aseguró que están enmarcadas en labores de inteligencia.
El experto en seguridad va más allá y asegura que “en este caso específico está mal hecho el trabajo. Y coloca otros temas sobre la mesa: primero que la inteligencia policial o de carabineros requiere reconocer quienes son los vándalos, pero eso también supone que hay una legislación que regula eso para proteger los derechos civiles de los ciudadanos. Y eso no existe. Por eso en términos simples lo correcto es haber dicho que se cometió un error”.
Además, señala que “la pregunta clave es ¿para qué buscaban la información? Lo lógico sería para colocar a disposición de las autoridades judiciales a los instigadores y delincuentes. Y hasta donde sé eso no ha sucedido, porque si así fuese el infiltrado tendría que ir a declarar. La otra pregunta que se abre es ¿qué otras cosas pueden estar haciendo? Eso es muy preocupante y ahí cae, por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas”.
Días antes los diputados DC Gabriel Silber y Ricardo Rincón se habían reunido con Hinzpeter para solicitarle que prohibiera definitivamente queCarabineros de civil actúen encapuchados en actos públicos. Esto tras el revuelo que generó la presencia de un carabinero encapuchado durante las movilizaciones estudiantiles en Valparaíso y que gatilló la petición de informes y explicaciones por parte de parlamentarios y el propio Gobierno.
Esta situación podría tener aristas bastante complejas. Así lo señalan un experto en seguridad, que prefiere guardar su identidad y el ex jefe jurídico del ministerio del Interior, Jorge Claissac. Para ambos son insuficientes las justificaciones dadas por el director nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros, Aquiles Blu, con respecto a que esta acción estaría “permitida por la ley” y el respaldo del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que aseguró que están enmarcadas en labores de inteligencia.
El experto en seguridad va más allá y asegura que “en este caso específico está mal hecho el trabajo. Y coloca otros temas sobre la mesa: primero que la inteligencia policial o de carabineros requiere reconocer quienes son los vándalos, pero eso también supone que hay una legislación que regula eso para proteger los derechos civiles de los ciudadanos. Y eso no existe. Por eso en términos simples lo correcto es haber dicho que se cometió un error”.
Además, señala que “la pregunta clave es ¿para qué buscaban la información? Lo lógico sería para colocar a disposición de las autoridades judiciales a los instigadores y delincuentes. Y hasta donde sé eso no ha sucedido, porque si así fuese el infiltrado tendría que ir a declarar. La otra pregunta que se abre es ¿qué otras cosas pueden estar haciendo? Eso es muy preocupante y ahí cae, por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas”.
Límites policiales
Desde el punto de vista legal, Jorge Claissac explica que en el marco de “la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, se define inteligencia como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información. Se podrían pensar múltiples formas de obtener esta información y analizarla. Pero el tema fundamental está puesto en la finalidad: la inteligencia policial no está destinada a producir detenciones ni a sofocar conflictos de orden público, sino que a producir información útil para la toma de decisiones de la autoridad”.
El socio de Barros Torrealba Abogados, explica que según esta misma ley, cada uno de los agentes encubiertos en las manifestaciones debería haber recibido la orden directa del jefe de la Dirección de de Carabineros (Dipolcar), el general Bruno Villalobos. “O sea la infiltración en el marco de la ley de inteligencia supone una decisión de la autoridad superior del cuerpo de inteligencia respectivo respecto de un funcionario de inteligencia. Si él no autorizó a los funcionarios policiales para que se infiltraran como agentes encubiertos, ya es ilegal”.
El socio de Barros Torrealba Abogados, explica que según esta misma ley, cada uno de los agentes encubiertos en las manifestaciones debería haber recibido la orden directa del jefe de la Dirección de de Carabineros (Dipolcar), el general Bruno Villalobos. “O sea la infiltración en el marco de la ley de inteligencia supone una decisión de la autoridad superior del cuerpo de inteligencia respectivo respecto de un funcionario de inteligencia. Si él no autorizó a los funcionarios policiales para que se infiltraran como agentes encubiertos, ya es ilegal”.
-¿Considera que la situación es preocupante?
Creo que es preocupante en la medida que no tenemos conciencia de cuáles son las reglas del juego. Porque uno podría discutir que bajo determinadas circunstancias podría ser lícita la infiltración. El problema es que la ciudadanía no tiene claro que existe la posibilidad legítima de hacerlo, por lo que mucho menos sabe cuáles son los casos en que es legítimo o no. Esto es la prevención de actos de terrorismo, de crimen organizado y del narcotráfico. Y lo más grave, la policía tampoco entiende cuales son los límites que tiene su actuación encubierta en este tipo de cuestiones.
-¿De qué forma esta situación vulnera los derechos de la ciudadanía?
Ese es el tema central. En la medida que vamos obteniendo mayores desarrollos tecnológicos resulta más fácil usar todo este tipo de medidas. Cada vez tenemos más posibilidades de introducirnos en la vida privada de las personas. Tenemos recién el ejemplo del famoso monitoreo de la Segegob. Es fácil estar mirando lo que están haciendo los ciudadanos. Y el sistema de inteligencia funciona sobre la base de que es necesario a veces meterse en la vida privada de los ciudadanos pero con cierto nivel de garantía que permita que no sea arbitrario. Pero si las policías no tienen clara conciencia de que esta cuestión tiene objetos determinados y límites determinados y se empiezan a flexibilizar la verdad es que la ley diga que necesitan autorización judicial no sirve de nada, porque finalmente quedamos expuestos a que la policía use arbitrariamente este tipo de acción. Lo que podría develarse es que finalmente el general Blu es el que cree que puede infiltrar gente. Si él no tiene claro cuáles son los límites de la acción policial de inteligencia tenemos un problema.
http://justicianadamasperonadamenos.blogspot.com/2011/08/hinzpeter-y-gordon-acudieron-ayer.html
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