Terrorismo de es Estado en Chile 1: Endeudados y rabiosos

Hermógenes Pérez de Arce acaba de dar la voz de alerta: no sólo existe una revolución en marcha en Chile, sino que (y eso es lo peor de todo, para él) el movimiento tiene un gran apoyo popular. Tanto lo inquieta esa posibilidad que decidió abandonar, por un momento, su rol de opositor (de derecha) al gobierno de Piñera, para alertarlo respecto a esta peligrosa sublevación en ciernes.

La derecha está nerviosa, qué duda cabe. Y se empiezan a oír otras voces, también desde el establishment, que ponen el acento en la necesidad de revisar el modelo e introducir correcciones que impidan una eventual catástrofe. Marta Lagos comenta en Twitter que uno de los hermanos Cueto (ex socios de Piñera en LAN) está convencido de que los empresarios deben estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario a cambio de la esquiva paz social. Y Daniel Platovsky, en la misma línea, pero más asertivo aún, plantea en La Tercera que “un nuevo pacto social debe estar abierto a una reforma tributaria” (22/8/2011).

En resumen, lo que se plantea es que el pacto social tácito que permitió el desarrollo de la transición a la democracia, de 1988 en adelante, está irremediablemente agotado y no se lo podrá revitalizar mediante reformas cosméticas, dado que lo que hace falta es cirugía mayor y cambio de folio. Las demandas en un país con 5.000 dólares de ingreso per capita no son las mismas, dice Platovsky, que en uno donde ya rozan los 15.000.

Y los “amarres” y controles sistémicos que garantizaban la gobernabilidad tampoco resultan ser eficaces, cuando vastos sectores de la sociedad descubren que el tramado estructural de la misma está diseñado para perpetuar y reproducir ad eternum las desigualdades.

El amplio movimiento ciudadano y social a favor de la educación pública no es más que el síntoma emergente de un malestar mucho mayor. Una sociedad de consumo expandida, como la que existe en Chile, incita en forma permanente a las personas a tener acceso a todos los bienes disponibles (entre los cuales, por cierto, está la educación, ese “bien de consumo”, como lo definió Piñera alguna vez).

Situado en esta encrucijada concreta, el gobierno de Piñera debería acudir, quizás, a las lecciones de la historia para intentar buscar una salida a su compleja situación. No sería malo, por ejemplo, que tomara en cuenta la experiencia de la grave crisis que vivió la República romana en los años 60 antes de nuestra era.

Y para vastos sectores, relegados a los peldaños inferiores del consumismo, ese acceso sólo es posible a través de dos vías: el endeudamiento con bancos o tiendas, o la delincuencia, que es la forma “salvaje” de redistribución del ingreso, en una estructura social en la que algunos juegan con cartas marcadas y otros con desventajas iniciales irremontables.

DEBIENDO HASTA LA CAMISA

En esta columna, nos ocuparemos del primer caso. Veamos datos duros al respecto: A raíz del caso La Polar, la Escuela de Negocios IEDE y la Universidad Andrés Bello, realizaron la primera encuesta sobre la “Percepción del retail en Chile y nivel de endeudamiento de los chilenos”.

Del total de encuestados, el 79% dijo estar endeudado en grandes tiendas del retail, y un 75% declaró sentirse desprotegido frente al sistema crediticio de estas grandes tiendas. Además, un 46% reconoció que tiene deudas tanto en el sistema bancario (excluyendo los créditos hipotecarios) como en casas comerciales.

El estudio agrega que un 42% de los encuestados destina hasta un 20% de sus ingresos mensuales a pagar deudas y un 37% debe derivar al servicio de sus deudas entre un 20% y un 50% de sus ingresos. Por su parte, en la desagregación por grupo económico se pudo constatar que el porcentaje de mayor deuda está concentrado en los segmentos D y C2 (51% y 46% respectivamente).

En el plano educativo, por su parte, se enarbola como un gran éxito de la sociedad en su conjunto que más del 70% de los jóvenes que van hoy a la Universidad son los primeros universitarios de sus familias. Pero se silencia el hecho de que esta ampliación de la cobertura, a nivel de la educación terciaria, se apoya, en su mayor parte, en el esfuerzo y el consecuente endeudamiento de sus núcleos familiares, y no porque exista una inversión especial del Estado en este ámbito.

El diagnóstico de la OECD (2010) sobre la educación chilena es muy claro. En educación primaria y secundaria, Chile gasta poco más de dos mil dólares anuales por alumno, mientras que el gasto promedio de la OECD es de US$ 7.572. Si estas cifras se estiman por alumno y corregidas por poder de compra, considerado en relación al PIB, el gasto en educación primaria en Chile es de 16 dólares, mientras que el promedio del club de los países más desarrollados del mundo llega a 20 dólares. La misma medición, aplicada, a su vez, en la enseñanza media, indica que Chile sigue gastando 16 dólares por alumno, mientras que el promedio OECD aumenta a 24 dólares.

Pero el dato más relevante de este estudio es, probablemente, el que señala que en contraste con la mayoría de los países OECD, el 40% del gasto educacional chileno es aporte de las familias.

Vale decir, que la herramienta favorita de movilidad social en cualquier sociedad, que es la educación, en el caso chileno debe ser financiada, con grandes sacrificios, por los que aspiran a que sus hijos tengan un futuro mejor que el suyo. Y no hay, por otra parte, ninguna garantía de que esto ocurra, ya que la evidencia demuestra que lo único que muchos pueden aspirar a “comprar” en el mercado educacional es un producto de baja calidad, en instituciones privadas que no son fiscalizadas adecuadamente, lo cual redunda en títulos de escasa cotización en el mercado laboral.

Como vemos, un círculo vicioso del que pocos pueden escapar. Ahí está el corazón, sin duda alguna, de desigualdades que ya no son tolerables y que se traducen en malestar y efervescencia social en ascenso, ante la cual el sistema político no ha sido capaz de reaccionar con eficacia, reduciendo –como diría Niklas Luhmann- las complejidades que todo sistema político debe constantemente enfrentar.

LA CONSPIRACIÓN DE CATILINA

Situado en esta encrucijada concreta, el gobierno de Piñera debería acudir, quizás, a las lecciones de la historia para intentar buscar una salida a su compleja situación. No sería malo, por ejemplo, que tomara en cuenta la experiencia de la grave crisis que vivió la República romana en los años 60 antes de nuestra era.

Roma venía de dejar atrás las violentas convulsiones provocadas por la dictadura de Sila, y emergieron bandos violentamente enfrentados entre sí. Estos conflictos se resolvían en el Senado, con mayor o menor grado de dificultades, hasta que apareció un tercer actor, Lucio Sergio Catilina, un noble arruinado que consiguió alinear detrás de sí a los excluidos del sistema de administración del poder con un solo programa básico: hacer “tabula rasa”. O sea, eliminar las deudas acumuladas y que se anotaban en una suerte de “Dicom” o lista de morosos de la época.

Catilina se presentó como candidato a cónsul, pero fue derrotado por Cicerón. Urgido por sus deudas personales, que no eran pocas, preparó una rebelión contra su rival reuniendo a nobles y plebeyos, que tenían en común la bandera de la condonación de los compromisos financieros, la distribución de las tierras y el rescate de los ciudadanos más pobres.

Se produjo, entonces, la llamada “conspiración de Catilina”, relatada por Salustio, y que terminó con su muerte, luego de que Cicerón desarticulara a tiempo la conjura. Lo que vino después es historia conocida. Julio César, que había apoyado desde las sombras a Catilina pero luego le quitó su apoyo, en el año 59 a.c. fue elegido cónsul y posteriormente cruza el Rubicón, derrota a Pompeyo y se hace nombrar dictador vitalicio, hasta que en marzo del 44 a.c. es asesinado.

A Cicerón, por su parte, no le fue mucho mejor. Tras la muerte de César, se opone a su discípulo, Marco Antonio, y termina siendo traicionado por Octaviano, el futuro emperador Augusto, quien ordena su ejecución.

¿Resultado final? Se acaba un ciclo histórico. Muere la República en Roma y surge el Imperio. Y lo que gatilla el cierre de ese ciclo es un extendido malestar público que se ramifica en el seno de toda la sociedad romana a partir de un sistema político que no es capaz de generar un orden estable y justo tras una dictadura. Y donde las exclusiones políticas y la mala distribución de la riqueza terminan por instalar un escenario social incontrolable.