Informe establece que la mora podría llegar al 50% y que profesionales deberán 174% de su sueldo.
por Elizabeth Simonsen, Santiago
"Los pobres podrán estudiar con el aval del Estado". La frase es del ex ministro de Educación, Sergio Bitar, en entrevista a un matutino. La pronunció ocho días después de que el ex presidente Lagos promulgara en una ceremonia privada una revolución en educación superior: los estudiantes de institutos, centros técnicos y universidades privadas ya no desembolsarían dinero de su bolsillo o recurrirían a los créditos Corfo de los bancos, sino que podrían acceder a un crédito en el que el Estado hacía de aval.
Mientras Lagos firmaba, los universitarios llevaban seis semanas de movilizaciones, porque, entre otras cosas, el nuevo sistema podría absorber al crédito reservado para las universidades tradicionales. Y las tasas de interés del primero han llegado a triplicar las del segundo.
Hoy, el país vive una oleada de protestas universitarias, como no se veían desde entonces. Una de las razones sigue siendo el Crédito con Aval del Estado (CAE). Algunas de las causas esgrimidas por los universitarios son el alto endeudamiento que implica el sistema. Un escenario al que el Banco Mundial le pone números, en un informe preparado a petición del Mineduc y a cuya versión completa La Tercera tuvo acceso.
Según el documento, los estudiantes con CAE habrán adquirido una deuda casi 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando se titulen y se incorporen al mercado del trabajo. Cifra que coloca al país como el más caro en la relación deuda-ingreso entre diez naciones analizadas (ver secundaria).
Pero no es lo único que desglosa el informe. También calcula cuánto le ha costado al Estado mantener el sistema en sus primeros cinco años de funcionamiento. Esa cifra llega, en total, a dos mil 91 millones de dólares. Y equivale casi a 10 nuevos hospitales públicos, según el último plan de construcción de centros de salud entre 2010 y 2013. Según cálculos del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, esto alcanzaría para financiar completamente los estudios superiores de 181 mil jóvenes en un año.
A futuro, anualmente podría costarle otros US$ 549 millones al Estado, si el escenario proyectado por el organismo no cambia. ¿Cuál? Una tasa de morosidad que bordea el 50% entre los egresados, de la cual se recupera entre un cuarto y la mitad; que el 65% de los desertores se declare en mora y que el Estado siga negociando la cartera con los bancos como lo ha hecho hasta 2010.
Este último punto es clave y explica gran parte del alto costo que ha implicado el crédito para el Fisco.
Como explica Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la comisión Ingresa, entidad que administra el sistema, para que los alumnos pudieran acceder a una tasa de interés razonable y para incentivar a la banca a participar de un modelo nuevo, se decidió que el Estado, después de licitar la cartera de postulantes a los bancos, le recomprara una parte con un precio de recarga. Todo ello queda estipulado en los términos de referencia. El primer año, el Estado recompró el 25% de la cartera a un precio 43% más alto del original. Y así hasta 2009, cuando la crisis subprime llevó al escenario al máximo: el Estado compró a los bancos el 68% de la cartera, pagando 52,6% más que el valor original de venta a la misma banca. Dentro de ese precio, se incluyen los seguros y costos de administración del sistema y la diferencia de tasa, entre la que llega a los estudiantes y la que realmente cobran los bancos, que es 1% a 1,5% mayor que la primera.
Según el informe del Banco Mundial, este sistema trae un problema: contradice el objetivo central, que era que el financiamiento de los créditos radicara en los bancos, trasladándolo al Estado.
El Fisco termina siendo dueño hasta de la mitad de la cartera, pero no puede cobrar los créditos, porque esa función sigue en manos de los bancos. Se agrega el hecho de que el Estado actúa como "aval": si el egresado no paga sus obligaciones, este debe reembolsar a los bancos el 90% del crédito, sin considerar los intereses futuros. Para el Banco Mundial, esta estructura resulta "perversa, ya que los bancos se benefician de los peores escenarios para el Estado". En otras palabras, mientras más rápido entren en mora los deudores, más rápido les llegará a los bancos la garantía efectiva de parte del Fisco. Y sin tener que incurrir en gastos de cobranza. Tampoco los bancos pierden mucho al no tener los intereses futuros, ya que recuperaron gran parte de la inversión al revenderle al Fisco una porción de la cartera de créditos a un mayor precio.
Así, el informe también calcula cuál ha sido el impacto para el sistema financiero del CAE: sus utilidades ascienden a US$ 550 millones en los primeros cinco años. Sin embargo, el mismo documento señala que el mecanismo de reventa ha permitido que el sistema exista y sea rentable para la banca. Sin este, "su participación conllevaría a una gran pérdida".
Lo mismo explica Contreras: "Es el costo de echar a andar el sistema. No tenía la posibilidad de funcionar sólo con costos privados, debía existir una voluntad política de que el Estado financiara una parte importante hasta que el sistema se probara y generara los mecanismos para que los bancos participaran".
Además, señala que el análisis del Banco Mundial está influenciado por lo que ocurrió en 2009, a raíz de la crisis subprime, donde se decidió que el Estado pagaría un alto costo para no restringir la cantidad de créditos que se entregarían a los alumnos. Contreras aclara que este año la situación cambió. El Estado compró el 45% de la cartera con un precio de recarga de 6%, el más bajo en los cinco años de funcionamiento.
¿Qué explica la diferencia? Por primera vez, 13 bancos se presentaron a la licitación, el número mayor hasta ahora. En tres ocasiones se presentaron sólo tres entidades. Según Contreras, la mayor competencia acercó este año, por primera vez, las cifras de operación al escenario ideal.
Las tareas pendientes
Incentivar la mayor competencia de parte de los bancos es, de hecho, una de las recomendaciones del Banco Mundial. Otras son garantizar la calidad de la educación de las instituciones que tienen gran cantidad de alumnos estudiando con el programa, ya que la solvencia -o capacidad de pago- de los profesionales "dependerá en gran medida de la calidad de la educación que reciban". Además propone establecer mecanismos eficientes de cobro, que, por ahora, parecen no existir. Algo en lo que Ingresa dice ya estar trabajando. "Queremos asegurarnos de que el que no pague, lo haga porque no puede y no porque nadie le cobró", dice Contreras.
Sólo así se asegurará que el programa no implique aún mayores costos para el Estado. De mantenerse el sistema como está hoy, dice el organismo, los costos para el Fisco llegarán a su peak en seis años, con $ 468 mil millones al año.
De llevarse a cabo las recomendaciones del Banco Mundial, el crédito podría significarle al Fisco, incluso, ganancias por $ 33 mil millones en el 2048. La morosidad podría llegar al 20%.
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