Con la increíble represión desatada por Sebastián Piñera contra estudiantes, profesores y transeúntes, Chile vivió un jueves de protesta popular de carácter nacional, que trajo a las mentes de los más adultos las 22 jornadas de manifestaciones que condujeron al término de la dictadura de 17 años de Pinochet (1973-1990) y abrió un capítulo inédito en la historia política local de casi 60 años. Excluyendo las protestas populares contra la dictadura, el país no presenciaba una rebelión generalizada contra el gobierno quizás desde el 2 de abril de 1956, contra la gestión de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Al mismo tiempo, el viernes se conocieron amenazas por twiter contra la líder del movimiento estudiantil Camila Vallejo, en tanto los estudiantes planean una nueva marcha a efectuarse el martes.
Déjà vu político:
Los "nuevos" ministros con el tata
Piñera introdujo en su gabinete a cuatro distinguidos pinochetistas fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que juraron siendo jóvenes juraron su lealtad irrestricta al dictador en 1977, durante una ceremonia estilo neo-nazi -con antorchas y parafernalia- realizada en 1977, en una puesta en escena que pasó a la pequeña historia como el Encuentro de Chacarillas, efectuado detrás del cerro San Cristóbal de Santiago. De izquierda a derecha, Pablo Longueira (ministro de Economía), Andrés Chadwick (ex Mapu, primo de Piñera, ministro secretario general de Gobierno y vocero del gobierno), Joaquín Lavín (ministro de Planificación, ex secretario de Educación, ex alcalde santiaguino, ex candidato presidencial, ex referente UDI y otros “exs”) y Julio Dittborn, subsecretario (viceministro) de Hacienda.
La inusual represión, que comenzó a las 6:30 de la mañana en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago, concitó el jueves un cambio en la agenda de los medios que dedicaron todo el día a la cobertura especial a los espectaculares acontecimientos “en vito y en directo”, dejando de lado la programación ordinaria de la televisión y radio. Hubo, además, una cobertura poco usual de los medios internacionales, que en viajaron a Chile para presenciar el show del primer aniversario de la tragedia de los 33 mineros programado para este viernes.
De manera insólita, el propio gobierno orquestó una increíble jornada de contra-propaganda, “usted lo ve, está ocurriendo”, la descontrolada brutalidad policial, no sólo contra los estudiantes que pretendían manifestarse, sino contra todo ser viviente, transeúntes, ingresos al Metro, paradas de autobús, gente ajena al estudiantado, trabajadores que se desplazaban a su casa o al empleo, personas de tercera edad que se dirigían a controles de salud, moradores de edificios que en sus hogares recibieron gases lacrimógenos altamente tóxicos y salpicaduras de agua contaminada dispersadas por Carabineros, turistas desprevenidos -sin experiencia en enfrentamientos callejeros-, inclusos canes callejeros, etc. Cualquier grupo de 3 a 5 personas, sin discriminar su edad, recibió ataque con gases, hicieran lo que hicieren, incluso buscar transporte público (cuyas tarifas recién alzadas incrementan el malestar ciudadano). Los eventos terminaron pasada la medianoche y culminaron con el saqueo e incendio de un tienda La Polar, cadena de retail que está en el ojo del huracán por sus abusos contra casi medio millón de clientes por deudas repactadas ilegal y unilateralmente.
El gobierno se propuso resguardar “a troche y moche” el llamado “orden público” e impedir que los estudiantes pisaran siquiera la emblemática Alameda, artería invocada en las últimas palabras de Allende con la recordada frase “se abrirán las grandes Alamedas por donde pase el hombre libre”. La principal artería de Santiago estuvo cerrada todo el día, desde la madrugada hasta casi medianoche, pero además hubo conflictos y cortes de tránsito en las más importantes vías alternativas, provocados por la dispersión en grupos de estudiantes que en cualquier parte levantaron barricadas para protestar. La ciudad entera se convirtió en un infierno. Fue un día perdido para la sacrosanta economía. El “resguardo del orden público” condujo a 18 horas de anomia urbana generalizada, o sea, el gobierno logró el “desorden público”.
Los hechos del jueves, que cerraron con 974 detenidos en todo el país -más de la mitad en Santiago-, según cifras del gobierno, marcan “un antes y un después” en la vuelta a la “democracia” re-iniciada en 1990. De manera insólita, la brutal represión fue lanzada un día antes de una importante reunión entre el ministro de Educación y los estudiantes que marcaría un segundo encuentro de un diálogo entre las partes, cuyo precio fue el recambio del ex ministro Joaquín Lavín. Tal diálogo fue tirado por la borda y el nuevo ministro Felipe Bulnes perdió el piso político para continuar negociando. Otro aspecto que exhibió escasez de cordura política fue la orden de represión lanzada repentinamente por Piñera después de tolerar más de dos meses de marchas y manifestaciones de protesta de estudiantes, profesores y ciudadanía simpatizante con la causa de una educación pública gratuita y de buena calidad, financiada y garantizada por el Estado y la Constitución. Carabineros mostró también su incapacidad estratégica para “guardar el orden público”.
La jornada fue marcada por otra noticia bomba: la caída de la aceptación del presidente Piñera al 26% de la ciudadanía consultada por la Encuesta CEP, la más prestigiada del país, en la valoración más baja de un Presidente en 22 años de historia política post-dictadura y está en sintonía con otros sondeos recientes. Por añadidura, hubo una abrupta caída en la Bolsa de un país que se jacta de estar “blindado”, económica y financieramente, respecto a la crisis que azota al resto mundo. Será difícil que Piñera saque beneficios del show previsto este viernes a costa del primer aniversario del derrumbe que sepultó a los 33 mineros por ausencia de seguridad en la explotación del yacimiento San José, en Atacama.
Un detalle relevante es que ya existe consenso en que gran parte de los desórdenes y el pillaje son protagonizados por elementos del lumpen, ajenos al mundo estudiantil y que Carabineros es incapaz de controlar. Incluso, muchos de esos elementos pertenecen a sus filas y son infiltrados para “labores de inteligencia”, como lo demuestran abundantes videos y fotografías en Internet poco difundidas por los medios.
En la histeria y desconcierto oficial del viernes, portavoces del gobierno atribuyen a los estudiantes el saqueo e incendio de La Polar, pero lo que afirmen Piñera y sus adláteres ya no es creíble para más del 60% de los ciudadanos encuestados. Simplemente, dejaron de creer en cuanto diga el primer mandatario. Y esta perdida de credibilidad afecta seriamente la sobrevivencia del sistema político imperante, al que, prácticamente, son ajenos todos los estudiantes, que ni siquiera están inscritos para votar. Tampoco tienen miedo a “los pacos”, se enfrentan a ellos y no conocieron los rigores de la dictadura porque tienen menos de 38 años. La gente que no participa en el juego electoral representa más de la mitad de la población habilitada por edad para votar.
Ninguna tienda política puede atribuirse la conducción de este extraordinario movimiento social por una educación pública gratuita y de calidad garantizada por el Estado y la Constitución, que cada vez gana más apoyo. Los estudiantes no van tras simples reformas, sino por un cambio estructural de gran profundidad, que jamás concibió la clase política adulta cuestionada por las encuestas, sin dejar afuera a la Concertación. El 80% de los encuestados apoya las demandas estudiantiles, incluido acabar con el casi sagrado “fin de lucro” en la educación, fortalecido durante los 20 años de gobiernos de la Concertación. Piñera acaba de mostrar su total des-sintonización con la ciudadanía al definir la educación como “un bien de consumo”, ergo, al alcance del que pueda pagarlo.
El futuro de la sociedad chilena hoy es impredecible. La aceptación del Congreso también es baja en las encuestas. La Concertación opositora tiene 22% de aprobación y la coalición del gobierno de Piñera 24%. La ardua tarea política emprendida por los estudiantes rebalsa las instituciones del Estado y los partidos políticos. Una educación pública gratuita y de calidad, garantizada por el Estado y la Constitución, requiere de cambios en la carta magna. Muchos opinan que llegó el momento de reemplazar la constitución de Pinochet redactada entre cuatro paredes en 1980, por una carta emanada de una asamblea constituyente.
La transformación de la educación también requiere financiamiento del Estado. Y esto significa aumentar severamente el 17% de impuesto que pagan las empresas mediante una reforma impositiva o re-nacionalizar el cobre –como proponen los estudiantes-, un tema tabú para el gobierno, que más bien se propone privatizar el escaso 28% de la producción que controla el Estado a través de Codelco.
En otras palabras, los estudiantes y el movimiento social que los apoya, reclaman un cambio drástico del modelo económico, es decir, del capitalismo salvaje que reina en Chile desde Pinochet y perfeccionado por la Concertación en dos décadas de gobierno.
La invitación de la dirigente universitaria Camila Vallejo para realizar un “cacerolazo” desde las 21: 00 horas del jueves tuvo un éxito sorprendente. Los golpes de cacerolas, que no se escuchaban en Chile desde los años 80, comenzaron a resonar en Santiago y otras 11 ciudades desde antes de las 21:00 y se prolongaron hasta pasada la medianoche. Y a pesar del intenso frío, la gente salió de sus casas a golpear ollas en plazas y veredas, convirtiéndose en otro blanco fácil para los gases de Carabineros.
Ante la incertidumbre frente al futuro político de un país que no le cree a su jefe de Estado, no hace la bola de cristal para predecir con certeza que Camila Vallejos se ha convertido en una figura política de proyección nacional e internacional, con el futuro de toda su vida por delante. La joven estudiante de arquitectura que preside la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se ha legitimado como una sólida líder de nuevo cuño. Y por eso, el neo fascismo chileno la amenazó de muerte este viernes: Tatiana Acuña Selles, Secretaria Ejecutiva del Fondo del Libro, del Ministerio de la Cultura, escribió en twitter: “Se mata a la perra y se acaba la leva”, según la publicación Siglo 21 (1). Esa misma frase fue utilizada por Pinochet en el curso del golpe del 11 de septiembre de 1973, cuando le informaron la muerte de Allende.
Camila Vallejos
Simultáneamente, jóvenes twiteros de extrema derecha difundieron su domicilio familiar y teléfono fijo. Un usuario apodado “@el_yorchi” dio a conocer esos datos (2) que fueron “retwiteados” por la cuenta “@derechatuitera”, que agrupa a simpatizantes del oficialismo. Los administradores de “@derechatuitera” terminaron disculpándose ante Camila Vallejo. “No compartimos su ideología, pero en ningún caso se hizo el retweet con dolo”, dijeron. Entretanto, “@el_yorchi” cerró su cuenta en la red. El gobierno deberá responsabilizarse de la seguridad personal de Camila Vallejo, mientras los estudiantes acordaron efectuar una nueva marcha el martes.
Escrito por Ernesto Carmona
Notas:
2) El mensaje decía “#camilavallejoparatuhueveo si no quieres una marcha en tu casa de XXX, XXX, fono XXXXX XD”. Fuente: http://www.theclinic.cl/2011/08/04/polemica-por-grave-divulgacion-de-datos-personales-de-camila-vallejo-en-twitter/
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
http://metiendoruido.com/2011/08/pinera-juega-con-el-boomerang-de-la-represion/
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