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jueves, 11 de agosto de 2011

Confech denuncia espionaje en Universidad Central y rechaza sumarios masivos en contra de alumnos


La entidad, frente a la situación que hoy atraviesa la Universidad Central, donde sus estudiantes se han movilizado para rechazar la incorporación de un nuevo grupo económico a la propiedad de la misma, rechazó los sumarios masivos, los espionajes por parte de sus autoridades y una investigación llevada por la PDI.

En medio de la amplia protesta estudiantil, la Confech emitió un comunicado para apoyar las movilizaciones que “hace más de cuatro meses están llevando a cabo los compañeros y compañeras de la Universidad Central con apoyo de sus académicos” y rechazan prácticas que denuncian como abusivas.
Según el comunicado, que aparece en la página web de la Fech, se trata de formas “poco democráticas y matonescas que han desplegados las autoridades de la Universidad Central en contra de sus estudiantes y en especial a sus dirigentes al denunciar la compraventa de  su casa de estudios”.
“Dichas prácticas se instauran desde marzo de este año cuando sus estudiantes agudizan las movilizaciones, donde en el mes de junio, Mauricio Carrasco (Presidente del Consejo de Presidentes), Aldo Flores (Ex Vicepresidente de la Feucen) y Daniela López (Vocera del movimiento estudiantil de la FEUCEN) denuncian en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional información de las cámaras de  los guardias de su institución e informes donde efectivamente existen imágenes tomadas desde edificios de la universidad a los dirigentes estudiantiles, a los centros de estudiantes, además de un lápiz cámara que utilizan los guardias para gravar conversaciones con los estudiantes e imágenes de “tomas”; también entregan otro lápiz cámara perteneciente a uno de sus  Decanos con grabaciones a los estudiantes y trabajadores”, señala el comunicado.
Según la Confech los estudiantes de la Universidad Central “han sido víctimas de alrededor  de 100 sumarios por ejercer su derecho a  manifestarse en contra de un negocio en la educación, que es el derecho a la libre expresión garantizado en nuestra Constitución Política de la República, y que se aleja a toda política democrática, pluralista y educacional de toda casa de estudios”.
El comunicado agrega que tres estudiantes de la mencionada universidad fueron notificados por la PDI de una denuncia en su contra por 100 millones de pesos en daños producidos en las últimas tomas.

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