La cara oscura del sistema educativo chileno
Hace treinta años apareció publicado en la revista Realidad un artículo que bien puede ser leído a modo de conjuro o de sentencia. Tan sólo ocho páginas fueron suficientes para que Sebastián Piñera, en aquel entonces gerente general del Banco Talpa, propusiera un ideario empresarial que marcó el sistema de educación chileno y es un antecedente de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de ese país, promulgada el 10 de marzo de 1990, último día del régimen militar de Augusto Pinochet.
En abril de 1980, en el artículo “Orientaciones de políticas en el sector educacional” –en un discreto pie de página–, Piñera propone un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.
“Instituciones financieras, públicas o privadas, otorgarían directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”, escribió Piñera.
El ahora Presidente de Chile estructuró una serie de acciones políticas en las que el Estado “podría limitarse” a ser un subsidiario del sistema educativo invocando demandas sociales como la redistribución equitativa de los ingresos, la concepción de la educación como bien público y la asignación eficiente de recursos.
Dentro de los lineamientos del ex banquero, el Estado no otorga directamente los recursos, sino que opera supuestamente “a través de la acción conjunta del sector privado y del sector público”.
“En estas circunstancias, la acción del Estado no debería orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivos e indiscriminados a favor de los alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, ella debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”.
Ese “sistema de préstamos” tiene hoy, treinta años después, su materialización en las Becas con Aval del Estado; créditos cuya tasa de interés es superior a la de un crédito hipotecario: con un mínimo de 6% de intereses, el estudiante chileno se aventura al mundo laboral arrastrando una deuda que se promedia en 30.000 dólares.
“Orientaciones de políticas en el sector educacional” definió que la educación es un servicio y los chilenos pagan alrededor de 300 dólares al mes para obtenerla.
Miembro del partido de derecha Renovación Nacional hasta hace un año y posicionado entre los 500 hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, Sebastián Piñera también se encargó de establece preceptos para la mercantilización de la enseñanza preescolar, básica y secundaria.
En su matemática liberal el Estado calcularía el gasto mínimo de cada estudiante, lo multiplicaría por la cantidad de alumnos y así precisaría el presupuesto para cada escuela municipal.
En las comunidades de las clases adineradas donde todos los chicos van a clase, la subvención estatal es elevada; pero en barriadas populares en las que los jóvenes no asisten a clases, por factores omitidos en el artículo del empresario, el presupuesto apenas alcanza para el pago de nómina y mantenimiento.
La cuenta sigue y mientras en zonas ricas existe una figura de financiamiento compartido en la que los representantes de los estudiantes pagan una asignación mensual, en los municipios más desposeídos el Estado otorga una subvención a la banca privada para que ésta, a su vez, financie a los colegios.
Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace más de dos meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
En abril de 1980, en el artículo “Orientaciones de políticas en el sector educacional” –en un discreto pie de página–, Piñera propone un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros.
“Instituciones financieras, públicas o privadas, otorgarían directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”, escribió Piñera.
El ahora Presidente de Chile estructuró una serie de acciones políticas en las que el Estado “podría limitarse” a ser un subsidiario del sistema educativo invocando demandas sociales como la redistribución equitativa de los ingresos, la concepción de la educación como bien público y la asignación eficiente de recursos.
Dentro de los lineamientos del ex banquero, el Estado no otorga directamente los recursos, sino que opera supuestamente “a través de la acción conjunta del sector privado y del sector público”.
“En estas circunstancias, la acción del Estado no debería orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivos e indiscriminados a favor de los alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, ella debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”.
Ese “sistema de préstamos” tiene hoy, treinta años después, su materialización en las Becas con Aval del Estado; créditos cuya tasa de interés es superior a la de un crédito hipotecario: con un mínimo de 6% de intereses, el estudiante chileno se aventura al mundo laboral arrastrando una deuda que se promedia en 30.000 dólares.
“Orientaciones de políticas en el sector educacional” definió que la educación es un servicio y los chilenos pagan alrededor de 300 dólares al mes para obtenerla.
Miembro del partido de derecha Renovación Nacional hasta hace un año y posicionado entre los 500 hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, Sebastián Piñera también se encargó de establece preceptos para la mercantilización de la enseñanza preescolar, básica y secundaria.
En su matemática liberal el Estado calcularía el gasto mínimo de cada estudiante, lo multiplicaría por la cantidad de alumnos y así precisaría el presupuesto para cada escuela municipal.
En las comunidades de las clases adineradas donde todos los chicos van a clase, la subvención estatal es elevada; pero en barriadas populares en las que los jóvenes no asisten a clases, por factores omitidos en el artículo del empresario, el presupuesto apenas alcanza para el pago de nómina y mantenimiento.
La cuenta sigue y mientras en zonas ricas existe una figura de financiamiento compartido en la que los representantes de los estudiantes pagan una asignación mensual, en los municipios más desposeídos el Estado otorga una subvención a la banca privada para que ésta, a su vez, financie a los colegios.
Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace más de dos meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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