Plebiscitos, una herramienta impropia para gobernar

La realidad del país está lejos de atravesar por una crisis que requiera una refundación institucional, como algunos sugieren.


PARA ENFRENTAR la efervescencia que se vive en el sector educación, dirigentes estudiantiles y actores políticos han planteado la necesidad de realizar un plebiscito vinculante. Puede ser comprensible que los primeros, sorprendidos y entusiasmados por el éxito relativo de las protestas a que han llamado, crean que la solución de la cuestión educacional pasa por llamar a una definición plebiscitaria, pero lo que no se entiende es que lo hagan líderes políticos con experiencia, pues ello no sólo no está contemplado en la institucionalidad, sino que constituye un precedente peligroso y que no se condice con la realidad del país, que está lejos de atravesar por una crisis que requiera una refundación institucional.
Conforme con la Constitución, los plebiscitos proceden sólo como mecanismo para resolver un conflicto entre el Presidente de la República y el Congreso, cuando a propósito de una reforma constitucional, el Legislativo haya rechazado el veto presidencial e insistido por dos tercios de sus miembros en ejercicio en el proyecto aprobado por él. Como se advertirá, se trata de una situación de profundo desencuentro entre los poderes colegisladores, que debe ser zanjado por la ciudadanía, después de que han fracasado todas las instancias normales de acuerdo. No es extraño que la Constitución haya reservado el plebiscito a nivel nacional -que difiere de las consultas vinculantes sobre temas de interés local- para un caso tan extremo, pues constituye un arma riesgosa para decidir diferendos políticos, que discurre en una lógica de exacerbación de posiciones y que usualmente ha sido usada por gobiernos de signo totalitario para acabar con la democracia misma, respecto de lo cual hay ejemplos recientes en el concierto latinoamericano. Cuando menos, sirve para incrementar en los hechos el poder presidencial, que ya en Chile es exacerbado.
Por consiguiente, para llamar a una consulta plebiscitaria sería menester una reforma constitucional -como requisito formal-, pero además la voluntad de introducir un cambio trascendental en la forma de conducir el país, no ya a través de la democracia representativa, sino mediante una forma de democracia directa, que involucra severo riesgo de caudillismo, propuestas extremas y desgobierno. En este sentido, llama la atención que dirigentes políticos y parlamentarios adhieran a esta alternativa, cuando precisamente están llamados a intermediar las aspiraciones ciudadanas, con alternativas realistas y viables, incurriendo en una abdicación de los propios deberes y del rol que institucionalmente les corresponde. Ello, en un país que lejos de estar en una crisis que requiera de soluciones radicales, presenta una situación económica sólida y estable, que no obstante las dificultades que se observan en otras latitudes, no ha dejado de crecer y proveer empleos, y cuyos ciudadanos se encuentran satisfechos y son optimistas del futuro, como lo develó la reciente encuesta CEP.
Lo anterior, sin considerar lo inepto que resulta un plebiscito como solución práctica para abordar las múltiples cuestiones y detalles técnicos que se tienen que resolver en una definición sobre el sistema educacional. Lo que corresponde es que el gobierno presente las propuestas legislativas al Congreso y que las distintas fuerzas cumplan responsablemente el rol político que les cabe, para satisfacer con prontitud y propiedad las demandas ciudadanas










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