Hoy vence el plazo para responder a las demandas de los estudiantes y docentes, que exigen una educación más inclusiva y democrática. El gobierno dice que no negocia bajo presión. Acusan a policías infiltrados por la violencia.
Por Christian Palma
Desde Santiago
“Soy jardinero y quiero un hijo ingeniero”, decía un cartel que lucía tranquilo un padre en la nueva marcha contra el sistema educativo chileno que ayer convocó a más de 100 mil personas en Santiago y a varios miles más en las principales ciudades del país. Los lienzos, pancartas y letreros se multiplicaron otra vez a pesar de ser un día laborable y de que la Intendencia Metropolitana había modificado el recorrido habitual de las concentraciones capitalinas. El sol ayudó además a que la manifestación se transformara en una fiesta, en la que los vecinos de pisos superiores lanzaban agua a la multitud que, disfrazada y tocando tambores, avanzaba pasito a pasito al Parque Almagro, el punto final acordado con la autoridad.
Pero esa agua que caía limpia desde las alturas, nada tuvo que ver con la que más tarde usó la policía para repeler a un grupo de encapuchados que originaron desmanes en el Paseo Bulnes, cerquita de La Moneda.
Ahí, como ha sido la tónica en las últimas manifestaciones masivas –salvo la familiar y también multitudinaria efectuada el domingo–, los excesos de unos pocos, junto a los carros hidrantes y los gases lacrimógenos empañaron una protesta que hasta el mediodía se desarrollaba de manera normal. El Ministerio del Interior informó que hubo 273 detenidos y que 16 civiles y 23 carabineros resultaron heridos.
Esto a pesar de que la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, llamaba a terminar la gran movilización en calma. A esa hora, las redes sociales denunciaban que diversos policías se habían infiltrado en la marcha para iniciar desórdenes y caldear los ánimos. “Calma, ya sabemos que los violentistas no somos nosotros”, insistía Vallejo por medio de Twitter.
Sin embargo, el desorden ganó terreno en medio de bombas molotov, piedrazos, palos y hasta un auto incendiado en la vía pública, que dio por finalizada la protesta. Rodolfo Pozo, dueño del auto, calificó de una “verdadera catástrofe” lo sucedido. Cerca de ahí, Sebastián, un “pingüino” (estudiante secundario) de 16 años, reclamaba a cara descubierta: “Sólo es noticia la violencia, pero no cuando 100 mil personas marchan en paz”.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter –criticado por la excesiva rudeza de carabineros en marchas anteriores–, buscaba sacarles rédito a los incidentes. “Los desórdenes son una prueba de que las marchas han escapado del control de los convocantes y se han vuelto dañinas”, declaró. Acto seguido, pidió a los estudiantes y al colegio de profesores “sentarse a trabajar” en los proyectos de ley sobre educación que prontamente el gobierno enviará el Congreso, trasladando la discusión a esa instancia. “Los estudiantes deberían adquirir conciencia de que su movimiento está empezando a ser utilizado por personas a las que les importa bastante poco la calidad de la educación”, remató.
Le respondió Camilo Ballestero, presidente de los alumnos de la Universidad de Santiago. “La violencia no sale de la nada y deberíamos trabajar en conjunto con el gobierno para ver cómo se termina. Estamos dispuestos a dialogar, pero fue el gobierno el que envío sus propuestas al Parlamento (sin consensuarlas con los estudfiantes)”, dijo el dirigente.
En una visita a los lugares afectados, el alcalde derechista de Santiago, Pablo Zalaquett, se quejó de los daños que dejó la protesta. “Son los más grandes jamás vistos. Voy a luchar porque esto termine de una vez por todas”, dramatizó. Sin embargo, algunos vecinos no estuvieron muy de acuerdo con la dennuncia del alcalde. “Los estudiantes estaban tranquilos, hasta que llegaron los delincuentes. Esa no es culpa de ellos”, dijo uno que no quiso identificarse, al ser entrevistado por la televisión.
Respecto de los supuestos infiltrados, los diputados del Partido Comunista Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez pidieron formalmente información sobre un funcionario de Carabineros de civil que fue protegido por sus colegas que custodian el Congreso nacional en la ciudad puerto de Valparaíso. El carabinero habría sido descubierto manifestándose encapuchado entre los estudiantes.
“Soy categórico, Carabineros no infiltra. Carabineros utiliza personal para obtener información”, explicó a los medios el coronel Guillermo Bezzenberger. Sin embargo, horas más tarde, La Moneda confirmó que pedirá informes a la institución para aclarar esta situación. “No parece prudente que exista un funcionario de Carabineros que actúe con el rostro cubierto”, sostuvo el vocero presidencial, Andrés Chadwick.
Así las cosas, hoy vence el plazo dado por los líderes estudiantiles al gobierno para aceptar sus demandas. Los estudiantes piden que el derecho a la educación de calidad tenga rango constitucional y reformular el sistema de becas y préstamos estudiantiles, bajando sus intereses, para garantizar igual acceso a la educación a todos los estratos sociales. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, ya adelantó que no actuará bajo presión.
Desde el jueves pasado, en diversas zonas del país, incluso en la conservadora comuna de Providencia, miles de manifestantes hacen sonar ollas en una reminiscencia de las protestas contra Pinochet en los ochenta.
Al cierre de esta edición, el ruido de las cacerolas no cesaba. El sonido recorrió otra vez Chile, en una gran protesta contra un sistema heredado de la dictadura y que deja claro que el descontento hacia el gobierno –ligado, aunque no lo quieran, a la dictadura– no para. El “cacerolazo”, esta vez, no pudo ser reprimido por la policía.
@chripalma
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-174150-2011-08-10.html
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